Jesús Robles Maloof
25/02/2014 - 12:00 am
¿Para qué fines se usan las tecnologías de vigilancia en México?
Se ha sostenido que la tecnología es neutra en el sentido de que su uso está ligado a la voluntad humana que le imprime la posibilidad de valoración ética. Problematizando esta afirmación creo que existe tecnología que puede ser, por sí misma, un peligro para la vida y la libertad humana. Ejemplo de lo anterior […]
Se ha sostenido que la tecnología es neutra en el sentido de que su uso está ligado a la voluntad humana que le imprime la posibilidad de valoración ética. Problematizando esta afirmación creo que existe tecnología que puede ser, por sí misma, un peligro para la vida y la libertad humana. Ejemplo de lo anterior es la tecnología nuclear o las modificaciones transgénicas en los alimentos. Por supuesto que hay muchos otras áreas donde la tecnología ha representado un avance. En la comunicación, en la educación y en la medicina por ejemplo. ¿Pero en la seguridad?
La violencia de los últimos años en México ha provocado que los presupuestos en seguridad del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales se multipliquen. Buena parte de este presupuesto ha sido destinado a tecnologías de localización o vigilancia y por ellas entiendo aquellas herramientas que sirven a los encargados de la seguridad ciudadana para detectar emergencias, contingencias naturales y personas que infringen la ley. Pero los resultados de esta inversión no son del todo claros.
En un simple juicio parece positivo el uso de tecnologías para la consolidación del estado de derecho. Sabemos que en la detención del líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño, se recurrió al uso de drones de Estados Unidos y al uso del spyware Finfisher de la compañía Gamma Group, con muy mala reputación a nivel mundial.
En el caso Joaquín Guzmán Loera se usaron igualmente drones norteamericanos y geolocalización de las comunicaciones satelitales. En ambos casos, se recurrió a EU de una manera que genera muchos peligros por las experiencias del uso estas tecnologías para ejecuciones extrajudiciales, amén de la dependencia tecnológica. Si la DEA es la que intervino el teléfono de Guzmán Loera ¿pidió autorización a un juez federal? Podemos pasar por alto este detalle para el capo, pero la justificación para que agencias extranjeras intervengan comunicaciones en cualquier caso.
Es claro que estos criminales pudieron haber sido detenidos antes si no hubiesen tenido protección de integrantes de gobiernos de todos los niveles y si no existiera plena colaboración de funcionarios en sus empresas delictivas. La justificación de un mayor uso de tecnologías en manos de gobiernos no toma en cuenta la corrupción oficial ni abate la impunidad, mucho menos se dirige a la génesis del delito.
Razonablemente debemos enfrentar a la violencia del crimen organizado con los mejores medios técnicos pero esto –invariablemente- debe conducirse bajo los principios del debido proceso; mediante una política criminal basada en la impartición de justicia y con políticas sociales que abatan la exclusión.
Hemos aprendido del escándalo de la vigilancia que realiza la NSA: otorgar herramientas técnicas y amplios poderes, sin un marco legal adecuado y sin un proceso de rendición de cuentas, llevará invariablemente al abuso. En muy pocos años, la NSA pasó de vigilar las actividades terroristas a espiar a los propios ciudadanos de aquel país; a los presidentes de países democráticos y líderes que se consideran aliados incluyendo a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Uno de los mejores ejemplos que encuentro para el abuso e irracionalidad de una tecnología de vigilancia por parte de un gobierno es el caso del programa del DF Ciudad Segura que prevé: “la operación de 12 mil cámaras de vigilancia hará de la Ciudad de México una de la ciudades más seguras del mundo”.
Impulsado por Marcelo Ebrard y apoyado por Miguel Mancera, dicho programa costó a los capitalinos –tan sólo en instalación- más de 460 millones de dólares, encargado a una coalición de empresas formada por Telmex y la compañía francesa Thales Group. Esto incluye un centro de mando (C41) cinco centros de mando y control (C2), dos unidades de mando y control móviles (C2M), más de 8 mil cámaras de videovigilancia. Adicionalmente se instalaron 3 mil cámaras en el sistema de transporte Metro. Se esperan los próximos años la instalación de 7 mil más
Thales en realidad es una compañía de la industria militar. Su vicepresidente piensa que “la seguridad es una forma de decir de manera políticamente aceptable, lo que tradicionalmente se conoce como defensa nacional”. ¿La video vigilancia ha reducido el índice delictivo o solo es parafernalia o política de control social? ¿No estaría mejor invertido esos recursos?
El primer problema del uso de tecnologías para la vigilancia es definir lo que seguridad significa. Aunque el programa Ciudad Segura se propone responder de manera inmediata ante emergencias, situaciones de crisis y actos ilícitos, la asociación entre colocación de cámaras y seguridad no pasa de ser una manifestación sin sustento a manera de salto lógico.
Los estudios internacionales sostienen que, lejos de resultar una solución, la instalación de cámaras de vigilancia no ha reducido significativamente el crimen en ciudades como Londres y Toronto, generando un efecto nocivo de falsa seguridad.
El estudio de Vivien Carli para el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad demuestra que en muchos de los casos, la instalación de cámaras es motivada por intereses comerciales sobre el interés público. La investigadora documenta que en algunos casos específicos la video vigilancia puede coadyuvar a obtener evidencia sobre la comisión de delitos y a impedir la impunidad, pero para su implementación debe existir un modelo comunitario de apropiación, un concepto de seguridad que vaya a los orígenes de los problemas y un mecanismo de auditoria o ciudadana de su uso.
Nada de eso se cumple en la Ciudad de México. Desde diciembre de 2012 he participado en la defensa legal de, por lo menos, 46 personas que fueron detenidas arbitrariamente en el espacio público. En todos los casos hemos solicitado el video de las cámaras del C4. En el caso del 1DMx -por ejemplo- el gobierno del DF entregó más de 40 cintas correspondientes al igual número de cámaras del centro histórico. Nunca entregó la correspondiente a avenida Balderas y avenida Juárez donde dice detuvo a más de 90 personas.
En el caso de Ana Berenice de la Cruz, la cámara mostraba otro aspecto de la calle diferente al de la detención. El viernes pasado revisé en la Fiscalía Especial para Servidores Públicos de la PGJDF los videos del 5 de enero de este año de Plaza República, acompañando a Gabriela Rivera Guadarrama. El de la cámara ubicada en la explanada a la altura de la fuente no fue entregado: justo debajo de ella, siendo las 19:16 horas de aquel día, Gabriela fue detenida, arrastrada y golpeada, dejándole una fractura en el codo de la que aún se recupera.
Para mayor ignominia, el video de la cámara ubicada en la esquina de República y la calle de Alcázar, que tomaba de frente el desalojo de la CNTE que Gabriela cubría, se detiene a las 19.15.58 y regresa con imagen a las 20:16:45. Es decir, a una autoridad del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana le pareció correcto borrar la parte de la agresión a la periodista y así lo entregó a la Procuraduría.
Cuando existe voluntad, las cosas se resuelven rápido. Incluso en un mismo día, como sucedió con la identificación del auto y las placas de quien una tarde disparó frente a lo que era el Hard Rock Café en Polanco: los videos estuvieron listos para el noticiero de Joaquín López Dóriga esa misma noche. En casi dos meses, lo mejor que ha podido hacer el gobierno de Miguel Mancera para identificar a los agresores de Gabriela Rivera, es borrar la evidencia.
El gobierno capitalino tiene una Dirección General de Mensaje y Nuevas Tecnologías a cargo de Irene Muñoz, pero no hay reflexión sobre estos temas. Lo más significativo es que esta funcionaria ha hecho es denunciar penalmente a un bloguero, quizá ese sea el mensaje.
La seguridad para los gobiernos no significa seguridad de las personas, sino seguridad para ellos y control social para los demás. Es momento de entender que toda tecnología que damos a los gobiernos sin un control ciudadano, eventualmente, será usada en contra nuestra.
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