El arte de negociar consiste en “ceder” en algunos puntos, y “ganar” en otros. En la política, se vuelve la práctica del día a día. Desgraciadamente, no siempre negociar resulta positivo.

Para seguir con la lluvia de las reformas, el viernes pasado el presidente Peña Nieto promulgó la reforma político-electoral, que como muchas otras, era necesaria desde hace algunos años. Empiezo a pensar que lo importante es estar en la foto.

Lo bueno, la reforma contempla, y lo celebro: la posibilidad de optar por un gobierno de coalición; la autonomía de la nueva Fiscalía General de la República con personalidad jurídica y patrimonio propios, sustituyendo a la Procuraduría General de la República, así como la autonomía también del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; la reelección de los legisladores hasta por periodos de 12 años (hasta 2 periodos en el caso de los senadores y hasta 4 periodos en el caso de los diputados); el aumento del 2 al 3% del porcentaje mínimo requerido para que los partidos políticos conserven su registro como partidos políticos nacionales; y la paridad de género en candidaturas de legisladores. También, la reforma crea a un Instituto Nacional Electoral, extinguiendo al IFE, y establece que tanto el Secretario de Relaciones Exteriores como el de Hacienda y Crédito Público sean ratificados por el Senado y por la Cámara de Diputados, respectivamente.

Lo malo, los grandes ausentes fueron la segunda vuelta presidencial y la claridad en el tema de las candidaturas independientes, que los legisladores volvieron a patear “pa´ luego”. Lo que sucede es que hay una agenda llamada “Pacto por México” que se debe respetar. Ese pacto que le da el don de legislar a los presidentes de los principales partidos políticos, y no a aquellos por los que votamos. Esa agenda que nos dice “voten por quien quieran, que aquí el tiempo y los temas los decidimos nosotros”. Y es justamente este vicio del Pacto el que no permitió que la reforma tuviera el alcance que necesitaba tener. ¿Por qué seguimos teniendo plurinominales por los cuales no votamos directamente pero sí reciben un sueldo? ¿Por qué la reelección se limita (i) a legisladores y a presidentes municipales y (ii) a un periodo de tiempo? ¿Por qué no se obligan a tener el cincuenta por ciento más uno de los votos para poder gobernar? ¿Por qué nadie se atreve a tocar y esclarecer el tema de las candidaturas independientes? ¿Por qué seguimos permitiendo la existencia de partidos tan chiquitos que se comen el presupuesto y de todas maneras no pueden ir solos en las elecciones? Las respuestas pueden ser muchas y seguirán existiendo los cuestionamientos, pero mientras se tenga que “negociar” el progreso del país, seguiremos viendo reformas incompletas. El daño viene como resultado de la necesidad de “ceder” y “ganar” en algunos temas para obtener beneficios y lograr acuerdos, más allá de trabajar en aquello que verdaderamente le haga falta al país.

El “gobierno de coalición” representa oportunidades interesantes para el gobierno en el poder y la oposición. La reelección de los legisladores es un paso importante (cuando a veces nos hacían creer que hasta pensar en reelección era una traición), pero seguimos quedándonos cortos para poder castigar o premiar el trabajo que hacen los que ocupan un puesto de elección popular. La segunda vuelta electoral es el único método que va a permitir que un presidente llegue al poder con una aprobación considerable (más del 60% de los mexicanos está a favor de ella, y el gobierno actual y su grupo parlamentario se niegan a aprobarla). Las candidaturas independientes seguirán sin ser tratadas a fondo, y los ciudadanos seguiremos en lo nuestro, votando.

La iniciativa de reformar lo que ya no funciona siempre es buena, lo malo es cuando se queda corta. Ya empezó el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXII legislatura, y nosotros seguimos esperando.

Lo irónico de la promulgación de la reforma político-electoral fue la propuesta del presidente que señaló: “la nulidad de elecciones se puede producir no sólo ante la compra, sino ante cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley”, supuesto que de haber estado en vigor en el proceso electoral de 2012, probablemente hubiera dado razón a su nulidad.

Pablo Ruíz Galindo Covarrubias

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Abogado practicante y Escritor.

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Pablo Ruíz Galindo Covarrubias

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Pablo Ruíz Galindo Covarrubias

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