Hubo una época en que era más evidente de lo que es hoy en día. Todos los días en todas las corporaciones policíacas, investigadoras, judiciales, ministeriales, preventivas, de caminos, y otras, se suscitaban hechos de corrupción, y en algunos muchos casos, originados en la infiltración de narcotraficantes y criminales organizados, con la autoridad.

Notoria fue aquella declaración en un expediente judicial a finales de la década de los noventa, donde un testigo refería que los hermanos Arellano Félix pagaban un millón de dólares a distintas corporaciones, municipales, estatales y federales, para ser protegidos y no detenidos.

En los primeros meses del año 2000, desde la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Contra la Salud (lo que entonces era la FEADS y hoy es la SEIDO) enviaron a dos agentes a Tijuana para investigar al cártel de los Arellano Félix. Desde el centro del país no confiaban en los agentes locales, sabían que en la corporación protegían a los capos de la droga.

Pero la corrupción pudo más. Infiltrados los criminales en la Federal, tanto de la Ciudad de México como de Baja California, notificaron a los narcos de la llegada de los dos agentes y la colaboración de un subcomandante de la federal en territorio bajacaliforniano. Les dijeron dónde se encontraban, cómo habían llegado, adónde iban, qué investigaban y cada cuando cruzaban la frontera para guarecerse precisamente de los deshonestos agentes. No tuvieron suerte ni la institución a la que servían les salvó de la muerte.

Los investigadores federales fueron capturaron por quienes recibían órdenes de los narcotraficantes. Los torturaron y después los lanzaron en su propio carro, por un precipicio de la carretera La Rumorosa. Pero por entonces, medios y autoridades dieron cuenta de un accidente como había muchos en esa zona, que había resultado en tres agentes federales muertos. Incluso que manejaban a exceso de velocidad, a cien kilómetros por hora cuando lo reglamentario con 60. La falsedad pagada con dinero ilícito.

Investigaciones, revisión de documentos, entrevistas extraoficiales, nos llevaron a conocer la verdad: José Patiño Moreno, fiscal federal, Oscar Pompa Plaza, Agente del Ministerio Público Federal, y Rafael Torres Bernal, subcomandante Federal, los tres, habían sido ejecutados. Sus cuerpos incluso presentaban huellas de llantas, evidencia clara de la tortura. De la saña de sus verdugos.

Después se sabría: los asesinos de los investigadores federales era precisamente, miembros de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Contra la Salud. Cuatro hombres que obedecieron no a la corporación que juraron servir en beneficio de la sociedad, sino a los hermanos Arellano Félix, que les pagaban por informar, proteger, y matar a quienes les persiguieran.

Y así muchos casos a lo largo y ancho del país. Las Policías se dividían. La Federal con el cártel de Sinaloa, la Estatal con los locales. No ha habido ni Procurador Estatal ni Fiscal Nacional, ni Comisionado de Seguridad mucho menos Secretario o Procurador General de la República, que haya podido hacer una limpia como el país y los mexicanos requieren para tener alguito de certeza jurídica que abone a la seguridad física de todos.

Corrompidas pues las corporaciones, desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, pasando por el de Vicente Fox y culminando en el de Felipe Calderón, la Presidencia de la República decidió echar mano de los soldados y marinos –hasta entonces acuartelados- para realizar labores de investigación, persecución, detención e inteligencia en relación al narcotráfico y el crimen organizado. A la par, las agencias de los Estados Unidos como la DEA, el FBI, también tuvieron una participación más destacada en México.

No es una novedad los agentes de la DEA en suelo mexicano, como tampoco lo son los agregados militares mexicanos o representantes de la PGR en embajadas y consulados de México en el extranjero.

Sí es un tema tabú para los países que tienen una colaboración militar, policíaca o de inteligencia, pero hace algunos años quedó exhibida –al menos por la parte que corresponde a los Estados Unidos- a partir de los cables que desde su wikileaks, Julian Assange liberó para conocimiento del mundo, de la opinión y las acciones del gobierno de los Estados Unidos, en sus embajadas y consulados.

Un diplomático de la Unión Americana me comentaba cómo nuestro país siempre ha pedido la colaboración del suyo, especialmente en materia de inseguridad, narcotráfico, combate a la corrupción e identificación de policías y funcionarios deshonestos. Tanta ha sido la dependencia que vaya, ahí está la Iniciativa Mérida, un plan asistencial por miles de millones de dólares invertidos en México, en las corporaciones, las instituciones y la infraestructura del gobierno norteamericano para ayudar al mexicano. ¿Qué sucede entonces? Pues que cuando hay corrupción e infiltración que generan impunidad a los criminales, hay intromisión, en el caso específico de México: intromisión de las Fuerzas Armadas en áreas de facultad y ministerio de las fuerzas civiles, e intromisión de otro país en inversión, herramientas e inteligencia, instrumentos todos estos últimos, que llegan por parte de hombres y mujeres que están en la Defensa, en el Departamento de Estado, en la DEA, en el FBI, en el ICE, o en cualquier otra corporación que el gobierno mexicano deje entrar a partir de un acuerdo en billetes verdes.

Así, mientras ni la Presidencia de la República, ni la Procuraduría General, ni la Comisión Nacional de Seguridad, ni Gobernación, ni ninguna otra instancia federal, tome acciones concretas, eficientes, contundentes, para acabar con la corrupción y la infiltración que persiste en las corporaciones policíacas y de inteligencia mexicanas, la intromisión de fuerzas nacionales y hasta extranjeras en nuestro país, seguirá siendo una realidad de la que pocos se atreven a hablar. No parece ser pues la solución una Gendarmería Nacional que no acaba de nacer cuando ya sus elementos comienzas a reprobar los exámenes.

¿No?

Adela Navarro Bello

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