Bárbara Botello, la primera presidenta municipal priista de León en un cuarto de siglo,  es, sin duda, buena abogada. Pero, también sin duda, no es una buena servidora pública.

La defensa del resbalón mental que significó la aceptación de un obsequio en especie de parte de un empresario leonés, para hacer un viaje finsemanero a Las Vegas, no fue jurídica, tampoco fue lógica y, desde luego, no aclaró nada. Fue, simplemente, prepotente.

La alcaldesa de León presumió de una holgura económica, que se ha encargado de ostentar de forma cada vez más notoria desde que se dedica a la política: “tengo un sueldo muy cómodo para poder hacer mis viajes, para vivir bien”, aseveró.

También reconoció, sin empacho alguno, que viajó en el avión privado del empresario Arnulfo Padilla, para añadir que ese servicio “no representa ningún compromiso.”

Ante las siguientes preguntas de los comunicadores, en torno a los costos de su viaje, la alcaldesa del cambio tranquilo, pidió “respeto a mi vida privada.”

Respeto que, por cierto, no tuvo ella para con una ley que debería de conocer al dedillo.

A menos que la abogada Botello no haya leído la redacción del artículo 12 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del  Estado de Guanajuato y sus Municipios, en su segundo inciso:

Artículo 12.-  Se prohíbe a los servidores públicos:

(…)

II.- Solicitar, exigir, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, dinero, bienes o servicios, mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario; o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción VIII del artículo 11 de esta Ley, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto.

Resulta que el viaje redondo en un avión charter tipo light jet, de 0 a 9 pasajeros, desde el Aeropuerto Internacional de Guanajuato al Aeropuerto McCarran de las Vegas, tiene un costo base de 35 mil 560  dólares, que al tipo de cambio actual son alrededor de 463 mil pesos. La cotización puede ser obtenida por cualquiera que acceda al sitio www.charterwind.com.

Eso sería lo que Bárbara Botello debió desembolsar para pagar el servicio que le prestó el empresario Arnulfo Padilla Padilla, muchos de cuyos negocios, sobre todo los de tipo inmobiliario, están sometidos a jurisdicción municipal.

Sin embargo, Botello no pudo haber pagado un solo centavo por el vuelo, puesto que el Lear Jet 45 en el que viajaron ella, su hija, su hermano, su sobrina y dos amigos más, no está autorizado como taxi aéreo, por lo que no puede cobrar por sus servicios, sin caer en una infracción.

De manera que lo que ocurrió fue un regalo que rebasa ampliamente los parámetros que la ley marca para los obsequios que pueden ser recibidos por los funcionarios públicos.

La argumentación de Botello de que ese generoso presente no la compromete en lo más mínimo, sale sobrando. Donde la ley no distingue, no hay porqué distinguir. En ninguna parte el legislador estableció que hay regalos que comprometen y otros que no lo hacen; tampoco habla de la fortaleza personal de un servidor público para resistir o no los cañonazos de la corrupción.

La norma simplemente prohíbe a un servidor público recibir regalos de cierta cuantía, máxime cuando provienen de “…cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público …”

Queda claro que lo que está en juego no es si el obsequio de casi medio millón de pesos la corrompe o no lo hace. Tampoco, si Bárbara Botello tiene una resistencia especial para cruzar el pantano y no mancharse. Lo que importa es algo menos subjetivo: el cumplimiento de la ley, algo a lo que se comprometió y juró cuando fue investida.

No necesitamos políticos cínicos, tampoco los que se creen revestidos de un teflón, en base a un presunto carisma, que les permite romper las reglas. Necesitamos políticos que se apeguen a una ética que parte del estricto cumplimiento de las normas que nos rigen, del respeto a la inteligencia de los gobernados y de un mínimo decoro público.

Como abogada, Bárbara Botello sabe que puede echar mano de cualquier argumentación que favorezca a su causa, aunque bordee los límites de la ley. Como alcaldesa solo puede lo que la ley le permite. Y recibir regalos por encima de cierta cuantía, no está permitido.

El dilema es sencillo: cumplir la ley o no hacerlo. Y en el segundo caso, hay consecuencias.

Desde luego, esas no provendrán de la oposición, sobre todo la panista, que en León ya parece no existir más que en el terreno declarativo. Y con menos fortuna cada vez, por cierto.

Arnoldo Cuellar

https://dev.sinembargo.mx/author/arnoldocuellar/

Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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