Limitada e incompleta, la reforma fiscal anunciada ha causado ya múltiples descontentos y varias campañas en su contra, tramposas las más, comprensibles algunas. Enseguida los distintos grupos has salido a defender sus intereses particulares, mientras que por todos lados se oyen clamores en defensa de la “clase media” como el sector más afectado por los nuevos gravámenes. Vale la pena detenerse en algunas de las principales críticas.

¿En verdad es la clase media la más afectada por la reforma. En primer lugar tendríamos que definir qué entendemos por clase media en México. De acuerdo con datos del INEGI, el decil más alto de la población por sí solo concentra algo así como el 34% del ingreso corriente del país, sin considerar ningún ajuste por subregistro, como suelen recomendar algunos economistas que se haga con los datos de la encuesta de ingreso-gasto para los deciles de mayor ingreso. En ese grupo socio-económico el ingreso promedio registrado por hogar es de alrededor de 40 mil pesos mensuales. La reforma propuesta aumentará el impuesto sobre la renta a 32% a las personas físicas que ganen más de 500 mil pesos al año, es decir a aquellos individuos (no hogares) que ganen más de 38 mil pesos mensuales, considerando 13 pagas (por el aguinaldo). Así, el nuevo ISR ni siquiera afectará a todos los hogares del decil más alto, que de entrada difícilmente pueden ser considerados de clase media en las condiciones específicas de la desigualdad mexicana.

El argumento de que los nuevos impuestos van a los de siempre, a los causantes cautivos, es tramposo, pues sólo una parte muy pequeña de los asalariados van a ser afectados por el aumento. Lo lamentable es que el 32% sea la tasa más alta y que no aumente al menos dos puntos más para los ingresos individuales superiores al millón de pesos al año. Los impuestos que más van afectar a la clase media, si consideramos ésta la que está entre el sexto y el noveno decil de ingresos y que en su conjunto concentra alrededor del 45% del ingreso corriente, son los que se derivan de la extensión del IVA a alquileres e hipotecas, más la subida al 16% de la tasa en la frontera, que también impactará en los sectores más pobres de la población. El IVA es por definición un impuesto regresivo que afecta proporcionalmente más a los que menos tienen. Si la opción hubiera sido generalizarlo a alimentos y medicinas el efecto distributivo hubiera sido aún más negativo.

El IVA a colegiaturas parece haber muerto en la cuna, pues enfrentó una amplia coalición en su contra, de nuevo con el argumento de que afectaría a las clases medias. La verdad es que en el caso de la educación primaria el nuevo impuesto hubiera afectado sólo al 8.4% de los estudiantes de educación básica, al 21.2% de los de educación media y al 33% de los de educación superior. En realidad la afectación se concentraría de nuevo en parte de los hogares pertenecientes al decil más rico, no a lo que en rigor se debe considerar clase media en México.

Un impuesto especialmente atacado ha sido el especial a refrescos endulzados con azúcar. Los industriales refresqueros, los campesinos cañeros y los trabajadores de las empresas afectadas han salido en una alianza multiclasista a enfrentar el nuevo gravamen. Ese, como cualquier impuesto plano, tiene un efecto mayor sobre los más pobres, sobre todo si se considera que por las deformaciones de la dieta nacional los refrescos se han convertido en un producto de la canasta básica. La discusión sobre la eficacia de una exacción de este tipo –perteneciente a los llamados impuestos a la culpa o al pecado– para lograr los efectos pretendidos sobre la salud es larga y poco concluyente. Desde la perspectiva meramente fiscal se trata de recuperar una pequeña parte de lo que se hubiera recaudado de haberse puesto IVA generalizado a alimentos y medicinas con la ventaja de que se trata de un gravamen políticamente correcto.

Por su parte, los empresarios, más allá de la cantinela de que se vuelve a gravar a los de siempre y a los que crean empleo, han enfocado sus cuestionamientos al proyecto presentado en el abandono del dogma del déficit cero. Entre las críticas al relajamiento moderado de la disciplina fiscal que ha presentado el gobierno se han escuchado metáforas tan desproporcionadas como aquella que comparaba al Estado mexicano con un alcohólico que ha dejado de beber y prueba de nuevo una copa de licor; así, una vez abierta la escotilla del endeudamiento, la hacienda pública no podría dejar de gastar compulsivamente hasta conducir al país a una nueva crisis como la de 1982. La comparación es risible, sin embargo conecta con la percepción social de que el Estado mexicano no sabe gastar.

Las críticas más sólidas a la reforma fiscal, más allá de las que se le pueden hacer por su tibieza, son las que se refieren a la poca transparencia y rendición de cuentas que existe respecto al gasto público. La falta de legitimidad histórica del cobro de impuestos en México tiene que ver con la percepción generalizada de que la burocracia y los políticos son corruptos, de que la concepción de lo público entre los gobernantes es patrimonialista y que el gasto suele tener una orientación clientelista, además de hacerse de manera muy ineficiente. Lo peor es que la realidad da pruebas constantes de que esta percepción tiene justificaciones. Así, además de presentar la reforma vinculada a una extensión importante del piso de seguridad social para los mexicanos, bien hubiera hecho el gobierno en asociar su reclamo por mayores ingresos a un compromiso claro con le rendición de cuentas y la mayor eficiencia en el gasto gubernamental.

Si bien ha habido avances notables en la transparencia y la auditoria del gasto en México durante los últimos años, sigue existiendo una enorme fragmentación institucional de la rendición de cuentas y ésta sigue sin ser un eje transversal de la gestión. La posibilidad de que el país pueda dejar gradualmente su proverbial inanidad fiscal y logre legitimar los aumentos de impuestos como algo necesario para que el Estado juegue un papel importante en la reducción de la desigualdad, al tiempo que se convierte en un impulsor del desarrollo, depende de que aumente también la percepción social de que el Estado gasta bien y de que los políticos no se enriquecen con los recursos públicos.

Jorge Javier Romero Vadillo

https://dev.sinembargo.mx/author/javierromero/

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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