La fiscalía especializada en violencia contra mujeres y trata de personas llevó a cabo un intervención policíaca en uno de los cientos de bares de baile erótico que operan como burdeles en la Ciudad de México. La autoridad intervino luego de recibir una denuncia en que se aseguraba que en el bar Cadillac, de la colonia Anzures, se daba un claro caso de explotación sexual comercial de una veintena de mujeres.
Las jóvenes mujeres que bailaban fueron llevadas ante el Ministerio Público para declarar que eran víctimas de explotación sexual en forma de esclavitud, que en el código penal se considera parte del delito de trata de personas. Inicialmente la mayoría, excepto dos, de las adultas jóvenes que fueron “rescatadas” aceptaron firmar la declaración, luego de que las que se negaron fueron acusadas de ser cómplices de trata junto con los meseros, el barman y los bouncers o guaruras; a los clientes los detuvieron pero después les dejaron ir. Después de declarar, las mujeres pidieron ayuda a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Aseguraron que no son víctimas y que no tienen sexo a cambio de dinero en el establecimiento, para defenderse mintieron diciendo que ganan grandes cantidades de dinero por bailar.
El problema es mayúsculo, porque la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de trata de personas dice en su Capítulo II que “se considera delito de trata de personas captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”. Luego dice que es parte de ese delito “la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual”. El Código Penal del Distrito Federal dice además que es delito de trata “someter a la persona a cualquier forma de explotación sexual impuesta de manera coercitiva”.
En 2007, la fracción parlamentaria del PRD propuso la creación de la Ley de Protección del Sexoservicio; la cuál tendría como finalidad reconocer la dignidad de las personas que realizan servicios sexuales a cambio de dinero. El Diputado Juan Bustos, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados local y promotor de la iniciativa dijo que en el Distrito Federal hay 40 mil personas que viven de la prostitución. En su propuesta planteaba que “los usuarios no se conduzcan con agresividad, no se encuentren bajo el efecto del alcohol o drogas y no porten armas”. Dijo que de las 40 mil personas en situación de prostitución, 35 mil trabajan en bares y prostíbulos; pero no dijo que en esos locales el alcohol es el segundo negocio más importante y que los permisos de alcoholes aportan grandes cantidades de dinero al gobierno. Luego, en julio de 2011, Sergio Euguren, Diputado del PAN, propuso dos iniciativas para controlar la prostitución en el Distrito Federal: delimitar las zonas para el ejercicio de la prostitución y castigar a quien solicite servicios fuera de estas zonas. El Diputado conservador promueve que en cada delegación se establezca una zona de tolerancia (una especie de gueto). Por su parte, Alejandra Gil, fundadora de APROASE, la organización de defensa de servidoras sexuales, asegura que la nueva ley de trata de personas ha abierto las puertas a una persecución de su gremio; asegura que las autoridades insisten en tratar a todas las mujeres en la industria del sexo comercial como víctimas o tratantes. Lo cierto es que la prostitución está despenalizada en México, aunque en la mayoría de los estados los códigos locales aún son ambiguos y la policía sigue llevando a cabo razias en bares y prostíbulos. Gil asegura que la violación a los derechos humanos es mayor ahora.
En respuesta, la fiscalía hizo saber a los medios que las víctimas de trata generalmente están aleccionadas para proteger a sus explotadores (lo cuál es cierto). Insistieron en que en la mayoría de los casos las víctimas de trata tienen estrés postraumático y un vínculo emocional con sus captores denominado Síndrome de Estocolmo (lo cuál es cierto). La autoridad luego hizo una extraña declaración para defenderse de las acusaciones de violación de derechos humanos de las mujeres, a quienes se les ha dado la opción de admitir que son víctimas o culpables; dijeron a los medios que se encontraron “evidencias de trata de personas, tales como rastros de semen y condones” en las cabinas en las que las mujeres bailaban y tenían sexo con clientes. Lo que se plantea en este caso es que los propietarios del Cadillac ganaban dinero a través de la prostitución ajena, lo que en términos jurídicos es cierto: ellos contrataron a las jóvenes, algunas de otros países, cobran porcentajes de su baile erótico y de cada encuentro sexual, por tanto técnicamente está configurado el delito de ellos. El problema es que la autoridad necesita que las mujeres se asuman como víctimas de explotación para que la pena sea mayor.
Y este es un problema monumental no sólo en México sino en todo el mundo por las complejidades que presenta la trata de personas en el contexto de la industria del sexo comercial. La mayoría de países del mundo han pasado las leyes de trata sin el debate indispensable sobre prostitución. Los que se llevaron a cabo en México, como los de España y Estados Unidos, terminaron en una mayor polarización entre activistas y en leyes contrapuestas y ambiguas que violentan doblemente los derechos de las mujeres.
Unos grupos buscan la legalización de la prostitución y su consiguiente denominación como «trabajo sexual», con los consiguientes derechos y responsabilidades en una ley laboral que debería de incluir la venta de servicios sexuales regulados, lo mismo que el pago de impuestos y seguridad social. Otras postulan que toda forma de prostitución es un producto de la violencia de género, y que la discriminación sexual no se erradicará en la medida en que las mujeres estén en venta como objetos de placer. Hay feministas como Marta Lamas quienes plantean que la postura de las abolicionistas de la prostitución es un producto sociocultural moralino, anticuado, resultado de una subjetividad psíquica que ve la sexualidad como algo pecaminoso y no entiende que haya mujeres que son capaces de vender su cuerpo de manera libre. Reivindica el “mi cuerpo es mi oficina” de las mujeres en el mundo del sexo comercial. Las abolicionistas insisten en que se trata de detener la doble moral sobre la sexualidad y la desigualdad hacia las mujeres. Lo cierto es que es un debate álgido, porque quienes más ganan en esta industria son los padrotes, enganchadoras y “protectores” que muchas veces son policías.
Mientras no se tomen acuerdos sociales concretos sobre el sexo comercial entre personas adultas, nada cambiará. El trato de la autoridad hacia las mujeres adultas en el contexto de la industria sexual es inaceptable. La fiscalía debe hacer investigación previa, centrada en los supuestos tratantes; documentar sus prácticas de no pago o extorsión, la violencia psicológica, el control de las libertades, el dolo y la mentira para la contratación, el lavado de dinero, el tráfico internacional con documentación falsa o retenida; es decir, debe hacer trabajo de inteligencia primero y después los arrestos de tratantes, no al revés.
Efectivamente en el contexto de la mayoría de esos prostíbulos las condiciones son deplorables, se ejerce violencia contra las mujeres, pero la autoridad no debe violentar sus derechos, ni condicionar su libertad a cambio de que declaren contra la o el supuesto tratante. No es lo mismo cerrar un prostíbulo de adultas que desactivar una red de tratantes, dicen, pero lo cierto es que quien opera un prostíbulo y vive de la prostitución ajena en términos legales es tratante.
Cuando se comenzó a evidenciar la violencia doméstica contra mujeres, nadie iba a sacar por la fuerza a las mujeres de su hogar. La manera en que se creó conciencia y ley, fue con el poder de las propias mujeres que reconocieron ser víctimas de constructos culturales de desigualdad y sumisión; entonces lucharon por sus derechos. Hay también un componente económico, las hay que no pueden dejar al agresor por su dependencia económica. En el caso del sexo comercial si no hay opciones económicas reales para la mayoría, muchas se verán forzadas a resistir para subsistir, a normalizar la prostitución para mantenerse. Lo cierto es que la autoridad se equivoca: no se rescata a quien no se considera en peligro. Si ésta es una cruzada moral para cerrar prostíbulos adultos, que la autoridad lo deje claro; si es una estrategia antitrata que haga bien su trabajo, sin violentar a las mujeres, sin amenazarlas y concentrándose en los tratantes.
@lydiacachosi
