Desde el año 500 a.C., una de las obras más importantes de la literatura universal, Antígona de Sófocles, se plantea la polémica fundamental de los derechos humanos. ¿Los seres humanos tenemos un conjunto de derechos por el sólo hecho de ser personas o los únicos derechos que tenemos los seres humanos son aquellos que otorga el Estado?
Éste es el gran dilema de Antígona en términos prácticos, bajo la siguiente pregunta: ¿Tiene derecho el rey a impedir que se celebren las honras fúnebres de Polinice por decreto real? ¿O el derecho de los familiares a rendir homenaje a sus muertos parte de la propia naturaleza de los hombres?
La voz del Estado en boca de Creonte dice con toda claridad: «No seria yo el rey si mis ordenes no se cumplieran», léase, no seria el Estado si las leyes (sean cuales sean) no se cumplieran. Estas dos visiones de la relación entre el poder y los ciudadanos se han mantenido a lo largo de los siguientes 2500 años y la polémica continua.
En abril de 2011, después de grandes presiones de nivel internacional y del valiente (como lo definiera Obama en su ultima visita en México) puñado de defensores de derechos humanos en el país, obligaron al Estado mexicano a modificar completamente el principio fundamental de la interpretación de la ley en México y las obligaciones que deben seguirse en el día a día por todos los administradores públicos y funcionarios.
El núcleo de este nuevo paradigma reside en 57 palabras que a continuación transcribo: «Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar, y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley».
Antes de esta reforma todas las autoridades estaban obligadas a obedecer, a actuar con fundamentos exclusivamente en la ley, pues los artículos 14 y 16 constitucionales interpretándolos a contrario sensu dicen que las autoridades deben y pueden emitir actos de molestia, de privación de la libertad, de la propiedad de los ciudadanos siempre y cuando ajusten sus actos a la ley, adviértase que es «a la ley no a la Constitución» ni a la justicia. De tal suerte que todas la autoridades interpretan y actúan según la letra de la ley. Así pues si una ley es inconstitucional, o injusta no representa ninguna carga de consciencia ni riesgo de perder la chamba.
Cuántas infamias, cuántas injusticias se cometieron en nombre de la sagrada ley. Este es el idioma favorito de los burócratas, es el idioma favorito de los funcionarios carentes de sensibilidad humana porque disfrutan de un pequeño trozo del poder gubernamental. Para la burocracia no puede haber más felicidad que actuar, destruir, expropiar, sin enfrentar ningún riesgo y sólo gozar de los dulce frutos de su acción. Es la burocracia de la impunidad, del abuso en fin la burocracia de la inhumanidad.
Esta burocracia no es reciente: se construyó a partir de la derrota de los aztecas que defendían Tenochtitlán en 1521. Antes había otra burocracia, pero la que nosotros sufrimos nació después de que cayó la gran Tenochtitlán. Es una tradición con una cultura vieja y profunda hasta el núcleo mas profundo de nuestra memoria histórica.
Estoy hablando de conductas válidas de la burocracia, otra cosa muy diferente es cuando los dueños del poder estorbados por una ley deciden dejarla de lado y aplicar simplemente la fuerza para someter al antagónico violando su propia ley casi siempre contra un ciudadano , y la mayoría de las veces un ciudadano vulnerable. Maquiavelo es muy sabio al decir que a un pueblo hay que gobernarlo con la herramienta de la ley salvo cuando es imposible, entonces hay que hacer uso de la fuerza pero sólo de manera excepcional .
De tal suerte pues que nosotros hemos tenido una tradición de acción gubernamental, primero explorando la aplicación de una ley que los encubra y cuando no haya o no tiene esa ley entonces acudir al uso de la fuerza y la imposición del poder y sobre el ciudadano. Así se ha construido México, así se han decidido las grandes cuestiones en el país, esa es la cultura de la administración publica, la relación entre el poder y el ciudadano.
En México no hay ciudadanos, hay una relación entre los poderosos y los votantes, que son votantes 10 segundos cada tres o seis años según el calendario que les corresponde en el territorio en donde viven. En tales condiciones las 57 palabras de la Constitución son una esperanza, que bien pueden convertirse en una desilusión mas para este siempre sometido pueblo de México.
Repasemos las obligaciones de los funcionarios: «Promover los derechos humanos»: ¿Cuándo los hemos visto haciéndolo? Salvo escasas excepciones hacen lo contrario; «Respetarlos»: todavía sostienen que eso protege a los delincuentes; «Proteger»: si no los respetan ellos, menos van a sacar la cara por un ciudadano; «Garantizar»: está acción de los servidores públicos es un sueño. Sin embargo, está escrito en la Constitución, ahora sólo toca a los ciudadanos hacerla valer.
