El pasado 26 de abril, estuvo en Ciudad, Juárez el señor Cristof Heyns, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y celebró reuniones con múltiples grupos y sectores de la población interesada en la protección de los derechos humanos a la vida, derechos que con la guerra se vuelven invisibles, y deja a la responsabilidad de cada quien su propia protección con sus propios medios.
Fui invitado al foro de la sociedad civil con el relator a exponer el estado que guardan los derechos humanos en Ciudad Juárez y ésta fue mi intervencion, que refiero en este medio por representar mis ideas frente a esta tragedia que vive nuestra ciudad.
Sr relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Señor:
El representante de la alta comisionada de la ONU en Derechos Humanos en Mexico, Alberto Brunori, nos visitó durante la etapa de la responsabilidad militar de la seguridad en Juárez, y manifestó su inconformidad con la factica suspensión de los derechos humanos y expresó la ventaja de que esa tarea volviese a la autoridad civil.
Después volvió cuando la policía federal, y se indignó porque los cambios en el respeto a los derechos humanos eran muy poco sustanciales. Había voces que pedían sacar a los federales lo que implicaba la vuelta de la policia municipal. Esperábamos un trato mas digno para los juarenses.
Ahora viene usted y escuchará el balance de la acción de la policía municipal.
Señor, no sólo no cambiaron sustancialmente las cosas, sino que en ciertas formas empeoraron, porque nosotros sabemos cuales han sido los factores reales de la disminución del crimen, y créanos, el impacto de la policía municipal ha sido menor en esos resultados
Sin embargo, la violación sistemática de los derechos humanos, ya establecida como costumbre permitida, ha hecho un daño enorme a las familias que ganan menos de mil pesos por semana, que son la mayoría de las familias juarenses.
La instrucción de trabajo girada a los policías municipales durante 2012, fue «detengan a todo el que parezca delincuente», y trasladarlos a los centros de detención. Donde pagaban una multa del 50% de su salario semanal por su libertad.
Tenemos un estimado conservador que nos indica que de 140 mil detenciones hechas por la municipal en 2012, más de 50 mil fueron detenidos por su aspecto. Lo que implica una grave discriminación por condición social de los juarenses.
Hemos acudido a todas las instancias de denuncia de tan abominable práctica y los funcionarios contestan públicamente aplaudiendo al teniente coronel Leyzaola por la disminución de los crímenes en Juárez, a quienes levantaron quejas y enfrentaron públicamente esta situación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se les ordenó callar y se les impidió tomar quejas contra el municipio.
Esa política deshumanizada no sólo ha sido tolerada, sino aplaudida por el Estado mexicano.
Ahora bien, por lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales, el final del drenaje de la tortura y la desaparición forzada, le diré que en mi oficina tenemos 15 casos con el cuerpo del delito comprobado, es decir, con testimonios creíbles de que en algún momento fueron perseguidos o detenidos por las autoridades policiacas, y posteriormente apareció el cadáver de la persona detenida, y la autoridad investigadora, y desde esta oficina se siguen buscando los presuntos responsables. Además una violación.
A continuación se los menciono por corporación, identificado cada caso por el nombre de la víctima o algún indicador que permita obtener los datos.
Policía Federal. Tres ejecuciones y una violación. Casos: Héctor Griego, Arnulfo Antunez, masculino desconocido; además una violación a una jovencita de 15 años.
Ejército. Seis ejecuciones. Casos: Fabián, Hermanos Guzmán(2), Becerra, Arguijo, Rosales.
Policía municipal. Cinco ejecuciones extrajudiciales. Caso Oasis Revolución (4), caso Camino Real (1), una recomendación por tortura (caso Ismael Fierro).
Policía ministerial. Una ejecución extrajudicial. Caso «banqueta».
Repito, en todos esos asuntos hemos recuperado los cadáveres. Los eventos donde no se recuperaron los cadáveres los tenemos clasificados como desapariciones forzosas y en mi oficina tenemos por lo menos otros 14 asuntos en trámite, buscando los cuerpos.
Ahora bien, también hemos avanzado en la identificación de los presuntos responsables, es decir, la información que tenemos, y que obra en manos de los investigadores, nos permiten tener datos firmes de quiénes fueron los agentes que participaron en la detención de la víctima, que posteriormente apareció asesinada.
En los casos de la policía federal tenemos identificados a ocho presuntos responsables impunes, en la policia municipal tenemos 12 presuntos responsables impunes, en el Ejército hay datos para localizar unos 14 presuntos responsables impunes, y cuatro presuntos responsables impunes en la policía ministerial del estado. 38 posibles asesinos, o cómplices activos, que saben que los tenemos identificados, y que no podemos hacer que la maquinaria de la justicia se mueva para sancionarlos.
Desde luego que la oficina de atención a víctimas sólo debe acompañar a los afectados, pero somos los que recibimos y atendemos a las madres o esposas del muerto, es ante nosotros que vienen con la frustración y angustia de quien sufrió la mayor agresión posible, que la autoridad le asesinara un hijo, o su esposo, y que no se haga justicia, obviamente que debemos involucrarnos mucho más que simples tramitadores de oficios, debemos hacer trabajo de campo, de investigación sería.
Buscar los datos que nos permitan encontrar a los policías o soldados asesinos, y llevarlos ante los investigadores que muchas veces son investigadores pasivos, o parecen defensores de los presuntos, requiere de recursos, de una amplia red de información, que nos obliga a bajar al infierno de los bajos mundos ahí donde se conectan los delincuentes con los policías, necesitamos levantar testimonios y evidencias, que superan con mucho las tramas de las telenovelas de Épigmenio Ibarra.
Y esto es tal vez lo más grave porque al final si el criminal sabe que lo ubicamos y no se le castiga, aún teniendo su nombre, domicilio y número de empleado, se convierte en un asesino con poder con plena consciencia de su impunidad, y termina demostrándole a la ciudadanía que socialmente es mejor ser un homicida con licencia que un defensor de derechos humanos. Y ahí lo que mas nos preocupa es la falta de apoyo institucional para seguir adelante, porque la fuerza de un visitador, desconocido por su propia dependencia, resulta ridícula frente a la impunidad de los torturadores.
Estos son los saldos de la guerra criminal que está superando Ciudad Juárez. Es cierto que hoy hay mucha más seguridad y tranquilidad que en los últimos cinco años, pero en esa guerra se cometieron delitos, muchos por parte de las autoridades, y eso los convierte en delincuentes, y no puede haber olvido para ellos y creo que a nivel local, no tuvimos el apoyo institucional necesario, ni a nivel nacional hemos sido respaldados por la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual actúa frecuentemente contra nosotros por razones burocráticas. Sabemos que su mandato y esfera de acción es limitada, pero por eso, ¡muchas gracias por escucharnos!
