No habían pasado ni 20 minutos cuando desde la Presidencia se comunicaron con las autoridades en la zona de los ataques. Aún se desconocía el número de muertos y no se tenía información de los heridos. Mucho menos contaban con indicios de quién o quiénes estaban detrás del atentado, pero alguien debía asumir la responsabilidad y eso hizo el Presidente.

Esta no es la escena del miércoles 10 de abril cuando los enfrentamientos en Michoacán dejaron entonces catorce muertos y la suma asciende hasta el día de ayer a 16 personas fallecidas producto de ese enfrentamiento entre narcotraficantes y –después lo sabríamos– policías federales. Debo insistir en este ejemplo de Michoacán porque es el último acto de terror con tantas bajas en México de los últimos días, donde la víctima final fue un civil de 65 años.

La escena del primer párrafo de esta columna es la de Barack Obama el lunes 15 de abril y después de las explosiones al final del maratón de Boston que dejaron, igual hasta el día de ayer, tres muertos y más de 170 heridos de los cuales por lo menos 16 estaban en condiciones de gravedad.

Lo primero que el Presidente de los Estados Unidos hizo fue tomar responsabilidad de lo que ocurre en su país. Él no es el culpable, al menos no lo han determinado las investigaciones, pero como ejecutivo principal de esa nación se hace responsable de lo que sucede en ese suelo. En su mensaje al pueblo norteamericano el mismo día de los atentados, instó a la comunidad a no sacar juicios de valor y calificar el acto de terrorismo, pero también remarcó en que no pensaran en impunidad, que su gobierno llegaría a determinar las causas y a los responsables de los actos terroríficos y los enjuiciaría.

Al día siguiente, Obama abundó: fue, efectivamente, un acto de terror para los estadounidenses y su gobierno investigaría para castigar a los culpables. Esa seguridad le dio a sus gobernados al tiempo que informó que el Buró Federal de Investigaciones era la corporación a cargo de la indagación de las dos explosiones.

En México han transcurrido siete días de los atentados de criminales en suelo michoacano y el Presidente Enrique Peña Nieto no ha tomado la responsabilidad que le corresponde sobre los hechos que suceden en el país. Finalmente para eso fue electo –de una manera comprada o no– para hacerse responsable y actuar en consecuencia a las afectaciones, los actos de terror y los hechos que inciden en la vida de los mexicanos todos.

Pero esa cosa llamada responsabilidad y específicamente en el tema de la seguridad, o inseguridad como guste llamarla, es un hecho en el que Peña no ha tomado posición. Los mexicanos no sólo desconocemos la política y la estrategia en materia de seguridad del gobierno federal priista, desconocemos qué piensa y qué está haciendo el Presidente al respecto porque simplemente no nos lo dice. Después de la detención de Elba Esther Gordillo Morales, la depuesta líder del sindicato de maestros, el Presidente dio un mensaje a la nación y sin referirse a ella –otra vez evitando lo directo– dijo que nadie estaría por encima de la Ley.

Sin embargo, cuando grupos criminales toman prácticamente las calles michoacanas para dejar su estela de sangre y plomo, Peña ignora el hecho. Debió salir y dirigirse a la nación que gobierna, condenar el acto de barbarie, negar la impunidad, ofrecer certeza jurídica a los deudos, y a los mexicanos todos para castigar a los responsables y evitar masacres de tal magnitud.

No es necesario que Peña Nieto haga una declaración de guerra, pero sí un posicionamiento que ofrezca la certeza de que el estado de derecho prevalecerá, y que así como asegura que ningún líder sindical estará por encima de la Ley, que nos diga que ningún grupo criminal tiene impunidad y que tampoco estará por encima de la Ley, sobre todo considerando que hubo 16 personas muertas producto de esa afrenta criminal sobre la cual el Gobierno de la República no ha tomado responsabilidad.

Lo que necesitamos en México es que alguien tome responsabilidad de lo que sucede, una vez entendido y asumido el problema como propio, podrá actuarse en consecuencia para aminorarlo o desparecerlo, pero mientras el tema del crimen y el narcotráfico sea ignorado por el titular del gobierno federal, seguiremos los mexicanos vulnerados ante ataques, ejecuciones y vendettas de criminales que crecen al amparo de la incapacidad de un gobierno que, o le huye o le teme al principal problema de este país: la inseguridad y la violencia.

Tomar responsabilidad significa hablar de frente y con la verdad, y no utilizar recursos anquilosados de política de antaño como lo está haciendo Peña Nieto al convocar a un foro cuyo nombre parece sarcasmo: “México en Paz”, donde con invitados afines se regodea de una realidad que solo existe en los documentos del gobierno federal y no en la vida de los mexicanos. Dice el Presidente que hay una baja en los crímenes, e incluso se atreve a asegurar que en el primer cuatrimestre de su administración las ejecuciones producto de la violencia del narcotráfico llegan a las 4 mil 249, y que dicha cifra es menor a la del cuatrimestre anterior –cuando Felipe Calderón era presidente–.

Y vaya, esa es una declaración alejada de los hechos delictivos que han ocurrido en México desde que Enrique Peña es gobernante; tan sólo en los primeros cien días de su administración y considerando los datos de los municipios, de las secretarías de seguridad estatales y del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, los ejecutados rebasaron los 4 mil 500. Entonces, o al Presidente le mienten, o el Presidente ignora lo que en su país sucede, o el Presidente no está listo para asumir su responsabilidad sin manipular la estadística.

Adela Navarro Bello

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