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Jorge Javier Romero Vadillo

08/03/2013 - 12:00 am

¿Y después de Elba Esther?

El tema ha llenado las páginas de los periódicos, electrónicos o de papel, durante los últimos diez días, sólo relegado un poco por la muerte anunciada de Hugo Chávez. Elba Esther Gordillo está en la cárcel y con ello el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha anotado un tanto de gran importancia para construir […]

El tema ha llenado las páginas de los periódicos, electrónicos o de papel, durante los últimos diez días, sólo relegado un poco por la muerte anunciada de Hugo Chávez. Elba Esther Gordillo está en la cárcel y con ello el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha anotado un tanto de gran importancia para construir la imagen de su gobierno. Pero en el ruido mediático provocado por la noticia la detención de la líder magisterial, creída todo poderosa por el gobierno obsecuente de Felipe Calderón, se ha mezclado el tema abierto desde el día de la toma de posesión del actual presidente de la reforma política del sistema educativo, como si en este caso bastara con la muerte del perro para acabar con la rabia.

Me temo que no es así. Muchas veces diversos estudiosos del tema, como Manuel Gil Antón, el más insistente, han explicado que el deterioro de la calidad de la educación en México no ha sido producto de la malevolencia y la corrupción –indudables– de la dirigente ahora defenestrada, sino que es resultado de un arreglo institucional creado por el régimen de partido único desde los años de la década de 1940, el cual deformó el sistema de incentivos de los maestros. Con su humor gallego, Gil ha repetido que si un buen día se enviaba a Elba Esther Gordillo de embajadora a Júpiter (o, como ha ocurrido, se le encontraba alojamiento en el penal de Tepepan) nada cambiaría en el sistema educativo si las reglas del juego se mantenían intocadas.

Bien a bien, ni siquiera la corrupción y el latrocinio al que Gordillo y sus validos sometieron al SNTE son atribuibles en exclusiva a su baja estofa moral y a su maldad intrínseca. Ella y sus allegados jugaron con las reglas del juego de un entramado institucional complaciente con la corrupción, como lo hacen la casi totalidad de los dirigentes sindicales protegidos por régimen corporativo que los gobiernos panistas no quisieron o fueron incapaces de desmontar. El encarcelamiento de Gordillo poco va a significar sin una reforma institucional que modifique el proteccionismo estatal a los monopolios sindicales y promueva la democratización de las organizaciones gremiales para acabar con los liderazgos que antes la izquierda llamaba charros y que se han reproducido incluso después de la muerte de sus representantes más conspicuos, como Fidel Velázquez o su heredero, el electricista Rodríguez Alcaine, sepulturero de la Tendencia Democrática, el movimiento que en la década de 1970 retó con más fuerza el control autoritario de las organizaciones laborales, consubstancial al dominio político del antiguo régimen que no ha terminado de desaparecer.

De hecho, pudiera ocurrir que la eliminación política de Elba Esther Gordillo, con su saldo positivo sobre la imagen del gobierno de Peña, pudiera resultar contraproducente para llevar a buen puerto la reforma política del sistema educativo. El enmarañado entramado institucional que le dio al SNTE el control de los recursos estatales orientados a la educación, si bien ha sido desastroso para la calidad educativa, ha sido provechoso para los gobernantes, tanto los del PRI como los del PAN, pues ha mantenido una relativa paz social entre los maestros, con las recurrentes excepciones de los paros, manifestaciones y plantones de la CNTE, que en el fondo no han planteado nada más que el mantenimiento intacto del arreglo existente. También los maestros han sido beneficiarios relativos del concierto corporativo, pues durante años, hasta la crisis de la década de 1980, significó para ellos la posibilidad de contar con una plaza laboral segura, relativamente bien pagada y con prestaciones nada desdeñables a cambio de su lealtad política al PRI; la crisis provocó una caída tremenda de sus ingresos, su calidad de vida y de la percepción social de su papel, pero a partir de 1990 –en coincidencia con la llegada de Gordillo a la dirigencia sindical– su nivel de vida comenzó a recuperarse, a pesar de que aún hoy su salario real no llega al 75% del que percibían los maestros en 1980.

En esas condiciones, no es descabellado pensar que a los políticos les pueda parecer innecesario ir a fondo en la reforma de las reglas que han normado hasta ahora la negociación entre el Estado y los trabajadores de la educación. Puede ser que con la eliminación de Elba Esther a los operadores políticos del PRI les parezca que se ha cumplido el objetivo y que ahora podrán recuperar el control del sindicato para su partido, por lo que podrán seguir haciendo las cosas como siempre ya sin la díscola dirigente que apartó al fiel sindicato de la senda correcta. ¿Para qué provocar la inconformidad de un gremio tradicionalmente leal con cambios potencialmente disruptivos? Mejor plantear que con la reforma constitucional ya promulgada se ha cumplido con la demanda reformista y apostar por un cambio meramente cosmético en la legislación secundaria.

Sin embargo, el costo de mantener las cosas como están en el sistema educativo ya ha sido enorme para el país y puede potenciarse en los próximos años. México no cuenta con una población con las competencias necesarias para aprovechar adecuadamente las ventajas potenciales de la economía global de nuestro tiempo, donde el cambio tecnológico es el motor del crecimiento. Con el nivel educativo actual, México sólo podrá aspirar a poco más que a ser proveedor de fuerza de trabajo barata, ventaja competitiva endeble en un mundo de países con demografías desmesuradas y pobreza ingente.

Sólo una profunda reforma de la manera en la que se educa en este país –como parte de una estrategia estatal de promoción del desarrollo– podrá revertir en el mediano plazo la tendencia al estancamiento. Y la verdad sea dicha, con el sistema de incentivos que tienen actualmente los maestros, los cuales premian la lealtad sindical y la corrupción, cuando no la indolencia disfrazada de militancia radical, no se puede llegar lejos. El servicio profesional docente anunciado por la reforma al artículo tercero constitucional tendría que basarse en premiar a los maestros más creativos, a los más estudiosos, a los más comprometidos con su trabajo. Para que eso ocurra la reforma a la legislación secundaria es crucial: un sistema de ingreso, promoción, estímulos y permanencia para fomentar las vocaciones y la dedicación. Sólo con esa base se podrán cambiar los objetivos, los métodos, los currícula y, al final, los resultados de un sistema hoy quebrado.

Jorge Javier Romero Vadillo
Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.
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