Al inicio del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto como al final del periodo el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la estrategia de seguridad para el combate al crimen organizado, es la misma: el mando único.

Calderón utilizó lo que llamó “el modelo Baja California”, para promover la aplicación de una estructura vertical operativa para perseguir, detener y procesar a quienes cometen desde delitos comunes hasta federales con el crimen organizado como común denominador.

En el estado 29 el gobernador José Guadalupe Osuna Millán cedió esta potestad de mando único a tres Generales del Ejército Mexicano en distintos momentos de su administración que ya está en la postrimería.

Al tiempo que Felipe Calderón consolidaba su estrategia de sacar a los militares de los cuarteles para adentrarlos en las calles de ciudades tomadas por las células de narcotraficantes, Osuna pactó –documento de por medio– con el General Sergio Aponte Polito de la II Región Militar pero que fuese éste quien coordinara los esfuerzos de las corporaciones policíacas municipales, estatales y más tarde incluyeron a las federales sin mucho resultado. Después el mismo encargo lo tendría el General Alfonso Duarte Mújica y hoy día, con menor disposición recae en el Comandante de la II Región, Gilberto Hernández Andreu.

Esto viene a colación hoy cuando el Senado de la República ratificará a Manuel Mondragón como Comisionado Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, cargo que viene a suplir en gran parte las tareas que en el sexenio anterior estuvieron en la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, desaparecida en esta administración priísta.

Mondragón declaró ayer que está listo para emprender el proceso de creación de la Gendarmería Nacional, para depurar la Policía Federal y comenzar a sentar las bases para encabezar el cargo para el que fue llamado por un gobierno priísta luego de haber trabajado para uno perredista: el mando único.

La realidad es que en México lo que sobran son Policías. Aparte de las municipales, las estatales, las ministeriales, las preventivas, las fiscales, las de caminos, las rurales, las de tránsito, las judiciales y las operativas, ahora sumaremos la Gendarmería –tema que merece columna aparte–, y todas ellas, corruptas o no, depuradas o no, comprometidas o no, sino en su estado actual, pasarán a ser coordinadas por un mando único.

En Baja California el mando único en poder de los militares por encargo del ejecutivo, sirvió en los primeros años precisamente para depurar a las corporaciones ya comentadas. En la práctica el resultado en términos positivos fue asequible no por coordinación precisamente, sino porque dado que eran muchos y de diferentes membretes los integrantes del mando, unos a otros se cuidaban las manos, los hechos, las detenciones y los operativos.

En ese contexto se tiene la idea en el gobierno federal –antes de la depuración de la cual poco han hablado y menos comprometido– que un mando único será la panacea a la inseguridad y la violencia cruenta que las decenas de bandas, cárteles y células criminales ejercen todos los días en el territorio mexicano.

Ciertamente en Baja California la inseguridad y la violencia de alto impacto –balaceras, ejecuciones masivas, atentados en horas pico en lugares de concentración pública– disminuyeron considerablemente a partir del año 2010. Los crímenes continúan sobre todo en la periferia de las ciudades, y el narcotráfico persiste a lo largo de toda la frontera pero no nada como los tres años anteriores a esa fecha.

Pero no fue el mando único lo que disminuyó el clima de inseguridad. En los hechos, Baja California registró altos índices de inseguridad entre los años 2007 y 2009 –a finales de este año– porque había dos cárteles en conflicto en esta tierra. Por un lado el de Arellano Félix, entonces y ahora comandado por Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, y el de Sinaloa bajo la batuta criminal de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” e Ismael Zambada García “El Mayo”. Una célula de narcotraficantes y sicarios de los Arellano que imperaba en la zona éste de la ciudad, se escindió del cártel cuando consideró que sus intereses criminales no eran respetados. Esto desató una guerra que se recrudeció a partir de abril del 2008 con una balacera entre los dos frentes que dejó más de quince muertos en un céntrico bulevar de Tijuana.

En adelante y hasta finales de 2009, ni todos los esfuerzos de todas las corporaciones bajo el mando único pudieron evitar la sangre en las calles, las ejecuciones por venganza, las balaceras públicas, el apilamiento de cadáveres, los colgados, los cientos, miles de muertos producto de la guerra entre el cártel Arellano y la célula de Teodoro García Simental “El Teo”, auspiciado por el cártel de Sinaloa.

Cuando dinero, vidas, droga y control sobre elementos de seguridad se habían perdido por este enfrentamiento, los carteles Arellano y Sinaloa vieron minadas sus redes de distribución y trasiego de droga, al tiempo que la estructura criminal de Guzmán Loera iniciaba refriegas en otros estados fronterizos contra otros grupos del crimen organizado, en Baja California llegaron a un acuerdo para el cese de los disparos.

En enero de 2010 Teodoro García Simental fue detenido en Baja California Sur donde tenía una casa de descanso en La Paz, en una céntrica y de alcurnia zona residencial. Un mes después su hermano Juan José “El Chiquilín” y su principal lugarteniente y socio, Raydel López Uriarte “El Muletas”, también fueron aprehendidos en La Paz, Baja California Sur.

A partir de ese febrero de 2010 la inseguridad y la violencia de alto impacto en Baja California disminuyeron de manera considerable. Empresarios que habían migrado regresaron, los negocios reabrieron, el estado tuvo un respiro que le permitió crecer y desarrollarse en libertad, sin miedo a ser parte de una balacera o estar en el lugar equivocado y perder la vida en ello. Para octubre de ese año ya con un clima de seguridad palpable y vivible, empresarios organizaron Tijuana Innovadora, una cumbre para promover la ciudad con la presencia y la palabra de importantes hombres de negocios nacionales e internacionales.

Pasado el tiempo al hacer un análisis de lo que ocurrió, representantes de las fuerzas castrenses y de las instituciones civiles han reconocido que la captura de los capos disidentes a los Arellano y aliados al cártel de Sinaloa, fue producto de una delación pactada entre las dos estructuras del narcotráfico, porque a aquellas alturas la guerra entre ellos ya les había costado mucho dinero y vidas.

No fue pues la disminución en la violencia una acción que corresponda en su totalidad al mando único, no fue producto de un modelo de estrategia de seguridad, tampoco la coordinación, sino el cartel único lo que acabó con la inseguridad de alto impacto en Baja California. Es decir, el problema persiste dado que ni los cabecillas de los carteles Arellano ni los de Sinaloa han sido detenidos, y su pacto continúa en el estado. La inseguridad es latente, cualquier traición interna en las estructuras criminales nos puede regresar a esos años difíciles y terribles.

Situación por la que atraviesan otros estados como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Morelos, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Durango y un largo etcétera, donde calles y avenidas son el campo de guerra de dos o más organizaciones criminales que pelean el territorio para el trasiego de droga, la venta al menudeo, la extorsión, el secuestro y los delitos que les son inherentes.

Más allá del mando único, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, debería perseguir a quienes hoy encabezan las más de 80 estructuras criminales que destacó el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; además de depurar las policías, principalmente la federal, pues sin la colaboración de las corporaciones, los narcotraficantes no pueden evadir la Ley ni ser infalibles a la captura.

Adela Navarro Bello

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