En Washington y Colorado los ciudadanos acaban de votar en referéndum mayoritariamente a favor de la legalización de la mariguana con fines recreativos. No se trata ya del subterfugio de las virtudes medicinales de la cannabis, con el cual se han dado legalizaciones parciales en otros 18 estados, sino de la aprobación de la posesión, comercio y cultivo del cáñamo para ser consumido con fines lúdicos por los adultos, con reglas parecidas a las que norman al alcohol o al tabaco.

La decisión tomada por los electores de esos dos estados producirá necesariamente efectos de cascada sobre la política de drogas del mundo entero, hasta ahora dominada por el prohibicionismo promovido principalmente por los Estados Unidos; que dos de sus entidades federativas hayan decidido democráticamente terminar con una prohibición hasta ahora impuesta al mundo con energía por el gobierno norteamericano, provocará que los países a los les han sido trasladados los costos del control del tráfico clandestino de mariguana se cuestionen si tiene sentido hacer la tarea que les ha sido impuesta. Colombia, México o los países centroamericanos han hecho el trabajo sucio de contener con la fuerza de sus cuerpos de seguridad un mercado que, por tener una demanda sustanciosa, genera incentivos para que existan organizaciones especializadas en la violencia dispuestas a afrontar los riesgos asociados a ese comercio.

En los últimos diez años ha ocurrido un giro en el debate internacional sobre política de drogas. Mientras que a principios del siglo todavía eran escasas las voces que en el ámbito político hablaban de que la prohibición no era la vía adecuada para controlar el consumo de sustancias psicotrópicas consideradas dañinas para la salud o para la moral, ahora se escuchan las posiciones no ya sólo de ex presidentes que una vez fuera del cargo han llamado a adoptar políticas de legalización, sino también de quienes desde el gobierno perciben el alto costo que la prohibición significa para la gobernación, la economía y la cohesión social de sus países.

Sin duda, ahora serán más los gobiernos y las sociedades que no estén dispuestos a seguir poniendo los muertos, la corrupción y la descomposición social que la prohibición acarrea. El debate sobre la política de drogas en general –y no sólo sobre la cannabis­– se va a intensificar en los foros internacionales. Habrá que ver si el gobierno mexicano entrante sigue manteniendo la posición de sirviente aplicado que hasta ahora ha jugado con esmero el presidente Calderón. En las nuevas circunstancias se abre una oportunidad para que México pueda ejercer un papel de liderazgo continental a favor de un cambio de rumbo que busque en la regulación estatal, la información, la prevención, la reducción de daños y la rehabilitación una política de drogas más eficaz y, sobre todo, con menos costos en violencia y destrucción institucional, aunque las primeras reacciones del presidente electo y de su eminencia gris parecen inclinarse por mantener la cerrazón prohibicionista y la docilidad frente al gobierno de los Estados Unidos.

Pero hay otros efectos inmediatos que tendrá la medida adoptada por los electores de Washington y Colorado. Según un estudio hecho por Alejandro Hope y Fernando Clark para el IMCO, la legalización en esos dos estados va a tener consecuencias inmediatas sobre la oferta de mariguana en todos los Estados Unidos, y la mejor calidad y el menor precio de la mariguana producida y comerciada ahí va a hacer que caiga la demanda de la producida en México, que hasta ahora representa entre el 40 y el 70 por ciento del mercado norteamericano. ¿Cuáles van a ser los efectos de esa caída en la demanda y, por lo tanto, en los ingresos de los cárteles del narco mexicanos? Se trata de una pregunta que es necesario responder para diseñar con eficacia la respuesta del Estado frente a los posibles efectos.

Desde luego que una caída en sus ingresos va a debilitar de entrada a los cárteles, pero se trata de organizaciones con una estructura especializada en usar la violencia para competir con el Estado por territorios y rentas y que poseen arsenales y ejércitos movilizados, por lo que no es de esperarse que simplemente absorban sus pérdidas sin buscar compensaciones en otros campos en los que pueden tener ventajas competitivas, como la extorsión o el secuestro, esos sí delitos depredadores que el Estado debe combatir con todo rigor. Desde hace años que la especialización de las policías y el ministerio público se debió enfocar a la persecución y control de esos delitos depredadores, en lugar de dedicar todos sus esfuerzos a contener un delito de mercado como es el narcotráfico. Ahora, el efecto económico del cambio de las condiciones del mercado de la mariguana va a coger sin capacidades suficientes a una policía federal hipertrofiada que ha mostrado sus debilidades y malformaciones a pesar de los alardes de Calderón y García Luna y a unas policías locales debilitadas, corrompidas y maltratadas por el exceso centralista de este gobierno.

La legalización de la mariguana ha comenzado y ya no se va a detener. Dentro de poco vamos a voltear a ver el reguero de muertos y el desastre institucional y social que su prohibición ha dejado y vamos a comprobar el absurdo en el que el puritanismo, la demagogia y la irresponsabilidad de los políticos norteamericanos y latinoamericanos han sumido a nuestras sociedades.

Jorge Javier Romero Vadillo

https://dev.sinembargo.mx/author/javierromero/

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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