¿Qué pretende López Obrador y su movimiento con la impugnación de la elección? Sin duda saben que la anulación es punto menos que imposible no sólo en términos jurídicos, sino sobre todo por las condiciones políticas que podrían propiciar la reversión del triunfo de Peña Nieto. Por más movilizaciones de indignados que hemos visto y veremos durante las próximas semanas, el movimiento de López Obrador va perdiendo energía, está muy lejos de la fuerza que tuvo en 2006, cuando el resultado de la elección fue mucho más cerrado, y desde luego no concita el apoyo mayoritario como para que desde la calle se pudiera interrumpir la sucesión presidencial.

Por el lado jurídico, esta semana se han publicado varios análisis de la demanda presentada como base para el juicio de inconformidad promovido por la coalición Movimiento Progresista contra el resultado de la elección presidencial. Jesús Silva-Herzog Márquez, por ejemplo, expuso el lunes varios defectos del documento, mientras que Ricardo Becerra escribió sobre la respuesta que le dio el IFE en su informe circunstanciado que de acuerdo con la ley presentó ante el tribunal junto con la argumentación de los quejosos. Saúl López Noriega, por su parte, hizo un buen recuento jurídico de los alcances y límites de la impugnación. La conclusión general es la misma: con la argumentación presentada y las pruebas ofrecidas las posibilidades de ganar el juicio son cercanas a cero.

Con todo, la demanda podría tener mucho sentido si el objetivo estratégico fuera elevar los costos al PRI de incurrir en prácticas que forman parte de su repertorio estratégico de toda la vida pero que son, por decir lo menos, inadecuadas en una democracia constitucional. Dejemos de lado el hecho de que esas prácticas también forman parte de la “caja de herramientas” del PRD. Si el juicio lograra crear un clima de opinión pública lo suficientemente fuerte para que en amplios sectores de la sociedad el clientelismo tradicional de la política mexicana se volviera inaceptable y el PRD y sus aliados convirtieran el asunto en parte importante de su estrategia legislativa y lograran impulsar reformas para que la compra de voto, el clientelismo y los exceso en los gastos de campaña tuvieran costos electorales directos y para terminar con la extrema concentración en los medios electrónicos de comunicación, entonces el juicio de inconformidad, aunque no se hubiere ganado la anulación, acabaría siendo un éxito, pues habría contribuido a mejorar el andamiaje institucional de nuestra democracia.

Me temo, sin embargo, que no es ese el objetivo principal de López Obrador al cuestionar la validez de la elección. Conjeturo que la estrategia del candidato del Movimiento Progresista se enfoca más a tratar de mantener su papel como principal figura de la izquierda y a no dejar abierto el camino a su relevo como líder. Tiene con qué: más allá de especulaciones sobre si ha llegado a su techo y si es incapaz de superar el rechazo que entre muchos electores independientes ha generado ahora y en el 2006, el hecho es que ha logrado las votaciones más altas para la izquierda en elecciones nacionales. Además, como caudillo, se ha preocupado por construir una red organizativa tejida en torno a su personalidad. Los grupos de la izquierda misma que pensaban que una segunda derrota de López Obrador posibilitaría un relevo terso en el liderazgo favorable a Marcelo Ebrard, hoy tendrán que sopesar incluso la viabilidad de un rompimiento abierto.

Andrés Manuel es un corredor de fondo que sabe jugar en el filo de la navaja. Más allá del tópico repetido por sus detractores de que sólo es un mal perdedor, es en realidad un especialista en una de las opciones estratégicas recurrentes en la historia política mexicana: la negociación de la desobediencia. Su figura política ha crecido en la adversidad y llevando al límite a las instituciones. No en balde ha nutrido su manera de hacer política de sus lecturas sobre el siglo XIX mexicano; sabe muy bien que a lo largo de la historia mexicana a muchos políticos les ha redituado más la insumisión que la aceptación de las reglas y su propia experiencia le ha corroborado la eficacia de su método.

Desde 1988, cuando su primera candidatura al gobierno de Tabasco, llevar las cosas al límite le ha redituado avances en su carrera personal. Cuando en los primeros años noventa tomó pozos petroleros y marchó al Zócalo, en tiempos del gobierno de su némesis Carlos Salinas de Gortari, no se enfrentó a la represión estatal; por el contrario, su hoy aliado Manuel Camacho pactó las condiciones de su pacificación de manera ventajosa para la estrella ascendente que entonces salía de los pantanos tabasqueños para irrumpir en la escena nacional.

Nada en la experiencia de López Obrador hay que le lleve a buscar otra ruta que no sea la de tratar de tensar el conflicto hasta el límite. Hasta ahora ha conducido lo principal de su inconformidad por la vía jurisdiccional, pero el tono de su discurso se ha mantenido en el terreno de la descalificación de cualquier resolución que no le conceda la razón. ¿Qué va a hacer una vez que el tribunal declare a Peña Nieto presidente electo? No lo veo aceptando la resolución judicial sin chistar. Es un experto en el manejo de la incertidumbre y en ese terreno es en el que sabe moverse; para él, por más que lo digan sus enemigos y lo deseen muchos de los que hoy están en su propio bando, su carrera política no ha terminado.

Jorge Javier Romero Vadillo

https://dev.sinembargo.mx/author/javierromero/

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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