(O el caso del narcotraficante intocable en dos países)

Si por algo ha destacado Joaquín “El Chapo” Guzmán es por la riqueza ilícita que ostenta. Por lo escurridizo que ha resultado y porque en por lo menos tres ocasiones ha dejado en ridículo al gobierno federal. Cuando se escapó, cuando anunciaron que estuvieron a punto de detenerlo y cuando aprehendieron al hijo equivocado. La burla del gobierno hacia los mexicanos, es la burla del capo hacia el gobierno.

Pero tal situación no es privativa de México y sus funcionarios, en Estados Unidos llama la atención la fascinación que tienen por este hombre prófugo también de aquel régimen. En indistintas ocasiones medios y gobierno de la Unión Americana lo han identificado como el criminal más buscado de aquel y de éste país, además de promocionarlo por ostentar una fortuna por encima de los mil millones de dólares. De hecho la última ocasión se dio hace unos días cuando el diario The New York Times publicó una investigación análisis, y calificó a Guzmán Loera como el narcotraficante más exitoso y más rico, además que su organización criminal –el cártel de Sinaloa para los mexicanos– es una organización también de mucho éxito; compararon las ganancias ilícitas con las de empresas establecidas y causantes en su país como Facebook o Netflix, o UPS y Amazon en relación a la distribución.

El evidente respeto que en los Estados Unidos tienen por Joaquín “El Chapo” Guzmán, y los errores sistemáticos del gobierno mexicano para detenerlo, son sólo comparables al nivel de impunidad que este criminal posee en ambos países. Aquí arropado por instituciones y miembros de corporaciones policíacas que le alertan sobre operativos en su contra –como lo hicieron y se comprobó en el caso de los hermanos Beltrán Leyva–, y en el vecino país beneficiado por una política binacional de combate al narcotráfico que de lo económico pasa a la ligereza en materia de averiguaciones argumentando soberanías que en otros casos y en este de manera velada, se violan de manera constante.

¿Por qué en los Estados Unidos no siguieron, por ejemplo, a la esposa de “El Chapo” cuando aseguran, dio a luz a unas mellizas en un hospital de California? La argumentación fue que ella es ciudadana norteamericana y nada hay en su contra, algo difícil de creer considerando que la joven fue la reina de algo en un poblado de Durango, y que además no ha sido exhibido por ninguno de los dos gobiernos con pruebas como documentos de nacimiento o naturalización. Seguir la línea de la joven en los Estados Unidos por parte de aquella autoridad y después en territorio mexicano por parte de la nuestra, quizá, y sólo quizá dado que no se llevó a cabo, hubiese aportado elementos para identificar los escondites del bandolero. Pero la no acción en septiembre de 2011 –cuando nacieron las hijas de El Chapo– evidencia una vez más la falta de coordinación y la ausencia de compromiso para integrar de manera binacional una investigación rigurosa que culmine en la captura del capo.

En meses recientes en dos ocasiones en México han estado cerca de detener al narcotraficante y a un miembro de su familia, en las dos, las autoridades mexicanas han contado con la colaboración, información, investigación y participación de agentes de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA), y en los dos momentos los operativos han sido fallidos. Pifias que exhiben a los gobiernos de Calderón y de Obama.

Ahí está el caso de Los Cabos, donde funcionarios norteamericanos de seguridad habrían identificado la presencia del capo en los últimos días de febrero, justo cuando la secretaria de estado de aquel país visitaba la región previo a la celebración de la Cumbre del G-20. Como si para presumirlo fuera el hecho, el gobierno de Felipe Calderón informó días después que estuvieron “a punto” de detener al «Chapo». Que el operativo fallido había estado a cargo de la Policía Federal pero que llegaron tarde. Ya se les había pelado pues, debido a su endeble investigación y a su máxima corrupción.

La realidad, al menos la investigada periodísticamente dado que las autoridades son “herméticas” en tratándose de liberar información de “El Chapo”, es que en aquella ocasión la DEA proporcionó primero al Ejército, después a la Marina y finalmente a la Policía Federal la presunta ubicación del capo muy cerca de donde dormía la secretaria Hillary Clinton, y que haber inmiscuido a tanto funcionario azteca, terminó en una filtración de información favorable al narcotraficante.

Hace unos días, otra pifia. El jueves 21 con todo el poder del estado mexicano presumieron la captura de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera –de seis identificados hasta la fecha– en Zapopan, Jalisco. Lo vitorearon en este y en todos los países, asumía el gobierno de Calderón que medio había cumplido la promesa de capturar al «Chapo», por lo menos deteniendo a uno sus hijos. Otra vez, el gobierno de Barack Obama fue parte integral de tremenda aprehensión. La DEA habría participado con información sobre la ubicación de Alfredo Guzmán Salazar y de la mano armada de la Marina la detención se dio.

El gobierno mexicano evidentemente confiado de la información de los norteamericanos no se tomó la molestia de cotejar la información genética del joven con la que se supone deben tener del padre dado que lo tuvieron preso en un penal de máxima seguridad; por supuesto no aguardó el tiempo para obtener los resultados de las pruebas, y es un hecho, hicieron caso omiso a las credenciales que traía el joven con su verdadero nombre y apellidos. En este escenario de incertidumbre dieron como hecho que Félix Beltrán León era Jesús Alfredo Guzmán Salazar y así lo anunciaron, sólo para 24 horas después convertirse, el gobierno de Calderón con la ayuda del de Obama, en el hazmerreír del narcotráfico, en la pifia de la investigación y la comprobación de un sistema de procuración de justicia que no funciona.

A estas alturas los mexicanos creen más a los familiares del joven confundido por el gobierno con el hijo de «El Chapo», que a las instituciones. Sin esperar de igual manera resultados de exámenes genéticos, mexicanos, periodistas, abogados y políticos, dan por hecho que la familia tiene la verdad y el gobierno la mentira. Es decir, las instituciones se pueden equivocar, las familias no.

Para superar la pifia cometida por sus colaboradores, el gobierno de Felipe Calderón arraigó a Beltrán León, dado que insiste –a saber si esto también es falso– en la detención con parafernalia, armas y dinero de origen sospechoso –aún sin investigar, por supuesto–. Pero qué podemos esperar: que en unos días la madre del ofendido, los abogados y otros interesados demuestren que las armas como el dinero fueron plantadas tal como sucedió con la identidad.

Lo más vergonzoso es atestiguar cómo dos gobiernos, uno en desarrollo y el otro en el primer mundo, no pueden con un sinaloense tan público. Le pueden contar los billetes, sumar las rutas, estimar la droga que trasiega, pero no lo pueden aprehender, ni él ni a sus hijos.

Dos hijos y una de las mujeres de “El Chapo” habían sido previamente detenidos en México, los tres recuperaron su libertad sin cargos, y hoy son objeto de investigación, congelamiento de bienes y una prohibición para hacer negocios con ellos por parte del gobierno de Barack Obama. Hasta ahí la cosa.

La recién dada a conocer averiguación previa con orden de captura por parte de una corte de distrito en Texas, Estados Unidos contra el capo sinaloense, es el inicio de una persecución judicial, que el 21 de junio de 2012 tuvo su cénit en el ridículo de una detención equivocada, según familiares y abogados y acatada por el gobierno de manera dócil e inmediata, de un hijo que dicen no lo es.

En México y en Estados Unidos, pifias como estas, hacen perder –aún más– el respeto a las instituciones, y confirman la impunidad que en dos países se ofrece al narcotraficante más buscado. Vergonzoso.

Adela Navarro Bello

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