La guerra contra el narcotráfico iniciada en los albores del año 2007 por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, siempre concedió el papel protagónico a las Fuerzas Armadas de este país. El Ejército Mexicano esencialmente. La Armada de México entraría después y con mayores garantías.

La estrategia de combate a la inseguridad en la República Mexicana por parte del segundo gobierno federal panista, era esa y no otra: los militares en las calles, en las avenidas de todas las ciudades donde se registraban enfrentamientos producto del crimen organizado.

Sin materia de fondo más allá de una presencia disuasiva y la consigna militar de detener y confiscar todo aquello ilícito encontrado a su paso, el plan de Calderón nos trajo, cinco años después, un país con el deshonroso primer lugar en materia de riesgo para el ejercicio del periodismo, una escalofriante cifra de más de 60 mil muertos en el primer lustro, y ser el país con el mayor número de alertas por parte del gobierno de los Estados Unidos para que sus ciudadanos no visiten nuestra tierra, o en caso de hacerlo, tomar precauciones de extrema seguridad.

Es evidente por los resultados: la guerra del presidente Calderón -aunque le disguste- resultó fallida. De ahí que voces intelectuales mexicanas den forma cada vez más a su insistencia: juzgar al mandatario nacional por crímenes de guerra. Los muertos sin nombre pero ya juzgados como delincuentes aún cuando la Procuraduría General de la República no haya resuelto los expedientes, ni señalado culpable, mucho menos juzgado a los asesinos, ya no digamos encarcelarlos, son el sustento de la materia.

Sobre el tema, a inicios de 2009 un General del Ejército Mexicano me comentaba con suma preocupación el futuro de los de su clase y rango: nos obligaron a perseguir narcotraficantes en las calles del país, sin un Ministerio Público, sin más sustento que la flagrancia, y en condiciones de oscuridad legal. Con el propósito de alejar a las fuerzas civiles de la corrupción –insistió- nos bajaron de nivel, los Generales lo somos de guerra, no para andar tras criminales menores.

La preocupación del General es válida. Teme que una vez concluida la administración de Felipe Calderón, no sea éste quien sea juzgado por los crímenes, sino ellos. Los militares. Quien venga podría irse contra nosotros –me dijo en referencia al próximo Presidente de la República, y prosiguió- porque a nosotros nos dieron esa responsabilidad sin sustento en el ámbito civil, más allá de un decreto donde el narcotráfico se considera ya, un problema de seguridad interior.

En este momento en México existen 27 Generales de División en activo. Ellos han sido los encargados de diseñar lo que Calderón desde el gobierno civil no pudo: la estrategia de combate al narcotráfico. La utilización de la fuerza militar para detener elementos de los cárteles de la droga, y confiscar enervantes en las fronteras mexicanas, en el centro y en el sur, en el este y en el oeste.

La operatividad militar ha contrastado sobremanera con el ejercicio de la procuración de justicia. En la Procuraduría General de la República no han sido capaces de retener y consignar a aquellos que han sido detenidos por elementos de las fuerzas armadas. La Secretaría de Seguridad Pública Federal no ha logrado incrementar sus buenos resultados debido a la corrupción enraizada en su base policíaca.

En los primeros cinco años de gobierno de Felipe Calderón, no fue capaz de cumplir con lo que prometió: eliminar la corrupción y la infiltración del narcotráfico en las corporaciones policíacas, la federal, la estatal y la municipal, para regresar a los militares a sus cuarteles. Esta situación obliga a la milicia a continuar con la encomienda presidencial, mientras la suma de ejecutados se incrementa cada día por docenas.

Las fuerzas armadas de este país han tenido una historia de altibajos en la percepción de su labor hacia los ciudadanos. Desde el repudio nacional por los acontecimientos de 1968, pasando por atropellos en Chiapas, en Oaxaca; la solidaridad nacional por la activación del Plan DNIII para salvaguardar la vida de los mexicanos en desastres naturales, hasta la más reciente activación del plan operativo para contener la inseguridad producto del crimen organizado y el narcotráfico.

Cercanos al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, temían el involucramiento de los elementos del Ejército en el combate al narcotráfico por dos razones: los vulnerarían al enfrentarlos al brazo corruptor del crimen organizado, y la infiltración podía llegar al límite de un golpe de estado.

Hoy, siendo el Ejército la única estrategia del presidente Calderón en su guerra contra el narcotráfico, los militares están más vulnerados que nunca. Y podrían convertirse en el hilo más delgado al momento de un juicio internacional sobre los crímenes en México.

Posdata.- La impunidad desde el ámbito civil otorgada por el Estado mexicano al narcotráfico, es el origen de la presión contra los periodistas independientes, investigadores y relatores de la corrupción, y de la identidad de quienes desde la ilegalidad dañan a la sociedad. Hace unos días, los editores del Semanario ZETA fueron una vez más amenazados. Los represores fueron dados a conocer, sin embargo, continúan prófugos. Aquí la denuncia: www.zetatijuana.com

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Adela Navarro Bello

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