¿Qué sucede cuando no es un delincuente sino el propio Estado quien mantiene a niñas y niños como secuestrados en un sistema inoperante, discriminatorio y racista? Yesenia Bonilla Ramírez nos lo puede explicar.
Ella es una valiente joven que se rehúsa a perder a su familia simplemente porque el gobierno de Jalisco ha decidido arrebatarle sus derechos. La madre de Yesenia tenía cáncer. En febrero del 2009, ante la inminencia de la muerte, la ausencia total del padre y de otros familiares adultos, la señora siguió la recomendación de personal del DIF e ingresó voluntariamente a sus hijos Raúl Alejandro, hoy de nueve años, Bryan Leobardo, de siete años y Brandon Israel, de cinco, en la casa hogar «Nacidos para Triunfar». La madre pensó que al menos allí les darían de comer y les cuidarían hasta que su hija Yesenia tuviera mayoría de edad y pudiese cuidar de ellos.
Luego de que su madre muriera, Yesenia visitaba a sus hermanitos, bajo la promesa de que lograría obtener un trabajo, seguir estudiando y en cuanto cumpliera 18 años, recuperarlos, ya que la madre nunca cedió la patria potestad al albergue.
Hace unos meses, elementos de la procuraduría de Jalisco (PGJEJ) se llevaron a Brandon: “Me dijeron en el albergue que ya no estaba, que llegaron de la procuraduría y sacaron a varios niños, nunca me dijeron para qué, no me pidieron permiso… estuve buscándolo alrededor de tres meses, hasta que lo encontré en el [albergue] Cabañas”, dice Yesenia a un reportero del diario Milenio.
Luego de insistir en la necesidad de que los hermanos estuvieran juntos, personal del Hogar Cabañas le permitió llevarse a Brandon a casa, en Atotonilco el Bajo. El pequeño le pidió que no lo dejara volver. Explicó los malos tratos, incluida violencia física. Brandon ya había sufrido la orfandad solo, encerrado en el hospicio. Así que Yesenia decidió que por fin la familia quedaría unida y no habría razón legal para llevar al niño al hospicio.
Como si el chiquillo hubiese sido secuestrado por su propia familia, los representantes del Hogar Cabañas se apersonaron en casa y les amenazaron con la policía judicial para llevarse Brandon.
La joven decidió defender a su familia y pidió ayuda a la fundación FIND, una organización que desde 1999 defiende a familias cuyos hijos e hijas han desaparecido o han sido sustraídos ilegalmente por la autoridad. Con su ayuda, ha denunciado al personal del hospicio y seguirá luchando para mantener lo que queda de su familia unida.
El testamento de la madre es una carta escrita a mano en la que explica que su enfermedad y la necesidad de seguir trabajando para pagarse la quimioterapia le impedían cuidar a sus pequeños. En ella, pide que les den estudios y que los cuiden mientras su hija Yesenia, entonces de 15 años, estudiaba para salir adelante.
Mientras Brandon, Yesenia y sus hermanos juegan y ríen juntos por primera vez en un hogar, luego de la muerte de su madre, la burocracia de Jalisco mantiene atrapados en su sistema a cientos de niños y niñas que viven hacinados, atendidos por personal insuficiente, mal alimentados y sin posibilidad de tener acceso a un hogar temporal o a vivir con familiares que bien podrían cuidarles y darles una vida digna y feliz. Los abusos de poder de ese elefante que es el DIF se ven todos los días, estos casos traen reminiscencias de aquellos hogares temporales denominados “La casita de Cancún” y “Casitas del sur”, donde los operadores de los hospicios avalados por el DIF y las procuradurías se apropiaban de niñas y niños, les abusaban y daban en adopción ilegalmente.
Yesenia saldrá adelante a pesar de las amenazas y de las visitas de los judiciales, que bien podrían estar persiguiendo abusadores de niños o tratantes, porque en este caso ya recibe ayuda de organizaciones civiles. Sin embargo, hay que volver la mirada al Sistema e insistir en que se apliquen las políticas públicas que reconocen los derechos de niñas, niños y jóvenes, y que se erradique el trato de objetos que se les da en varios estados de la República a quienes han sufrido abandono, violencia y otras tragedias que nadie merece vivir.
No podemos seguir creando leyes de primera división con instituciones de tercera, ni criminalizando a la infancia por cualquier cosa, ni encerrándoles por haber sido victimas de la pobreza y de la falta de seguridad social. Defender los derechos de niños, niñas y adolescentes es una de las tareas más urgentes, si queremos que cuando tomen en sus manos el país, hagan algo mejor de lo que él país les hizo a ellos y ellas.
