En la entrada del aeropuerto de Cancún, donde vivo, nos espera un operativo con policías municipales y soldados con armas largas. Delante de mí, tres camionetas, dos blancas y una negra último modelo, pasan como si nada. Un Nissan que denota sus años de uso es detenido, yo en una camioneta jeep recibo la señal de paso. Me adelanto y detengo. Un soldado me pide que me vaya y le explico que soy reportera quiero saber cómo determinan con el operativo a quienes deben detener. Un policía me sonríe y con voz muy profesional explica “Mire damita, estamos capacitados para detectar perfiles sospechosos, basándonos en la base del tipo de vehículo y por cómo se conducen los tripulantes ante nuestra presencia”. Pregunto que si un turista se asusta ante las armas ¿lo detendrían?. “No damita, la cosa es más estratégica…cómo le explico, pues así como que se ven rufianes, usted sabe, malencarados”.
Miro detenidamente al policía, es moreno, bajo con una cabeza grande desproporcionada para su rostro, ojos demasiado juntos, pelo raso y parado, nariz ancha labios finísimos. Si le quitáramos el uniforme podría ser hermano del sospechoso que recién detuvieron por “aspecto delincuencial”.
Pregunto si no le parece racista detener a los hombres con rasgos indígenas y piel morena. “No damita, casi todos los malandros son por el estilo”. Oiga, le digo, pero el Chapo Guzmán, los Beltrán Leyva, La Barbie, Lazcano, son de piel blanca, visten elegantes, buenos autos, algunos hasta se pintaron el cabello rubio, ¿a esos no los detienen? Me explica que si El Chapo se “sigue viendo” como es (es decir, si no se ha transformado con cirugía plástica) y lo agarran, pues “sería padre”, y sí, el policía sabe que el capo tiene casas en Cancún, pero no pueden andar deteniendo a la gente bien con carros buenos porque se les arman problemas. Además, explica, el operativo Conago1 es para detener a ladrones de autos y otro tipo de delincuentes menores que traigan armas. Quiere decir que entre el 65% y 70% de los actos delictivos que afecta a la ciudadanía y que son parte del catálogo de delitos de “Alto Impacto Social” van contra robo de vehículos, a transporte y a pasajeros; venta de autopartes hurtadas, recuperación de vehículos robados, combate al secuestro, detención de probables responsables que tengan pendientes mandamientos judiciales (o sea que hay que viajar con amparo).
Si me robaron mi auto y le paso los datos a la policía ¿ustedes con las placas y descripción lo encontrarían? Le pregunto: “Si le robaron su auto damita, vaya a levantar denuncia y posteriormente los superiores turnarán los datos del siniestro para que se nos haga llegar el dato y que si nos pasa por enfrente le aseguro que si los pescamos así de pácatelas, se lo recuperamos de inmediato; si las órdenes de seguirle aquí siguen más tiempo”.
Vuelvo a casa y leo en los diarios que los gobernadores de varios estados celebran 3 mil 918 detenciones, que se aplicaron 892 ordenes de aprehensión y se confiscaron 171 armas. Por el éxito que dicen haber tenido, han determinado que el operativo quede permanente en sus ciudades. Bueno no todos, porque los gobernadores de Querétaro, Baja California Sur e Hidalgo se opusieron a implementarlo.
Los gobernadores crearán una oficina de coordinación operativa para que entre todos los estados compartan información sobre delincuentes que viven en varios estados, pero ¿no nos había dicho García Luna hace dos años que eso ya lo tenía controlado él con sistemas de primerísima y con su súper El equipo? Y es lo mismo que planteó el Sistema Nacional de Seguridad Pública al que ningún gobernador hizo caso, (perdonen la buena memoria).
Y no me malentienda, tengo claro que el combate real a la delincuencia comienza por los delitos menores, y la prevención del delito manda el mensaje claro de que ninguna conducta delictiva, antisocial es permisible. Lo que resulta curioso es el éxtasis que destilan los gobernadores (de todos los partidos) que tuvieron algunos éxitos, como si hubieran descubierto el hilo negro. Como niños con juguete nuevo presumen que ¡por fin! luego de décadas de abulia, lentitud, corrupción e ineficacia, sus policías están haciendo un trabajo para el cuál se les paga; justo en año preelectoral.
Las técnicas, aunque muy mediáticas aun están por revelar su verdadero impacto y deberán explicar quién medirá el impacto real y seguimiento (desde la detencion hasta la sentencia y reparación del daño). Sin duda habrá que festejar que, por fin, los gobernadores entendieron que se les paga para que trabajen.
Ciertamente este formato da una sensación teatral de alivio (y una preocupación de que se comiencen a violar derechos humanos). Desde luego le quita argumentos a Calderón para seguir diciendo que trabaja solo y que la guerra se justifica porque los gobernadores son unos inútiles. Sin embargo, pienso en la importancia de analizarlo integralmente.
Tenemos 439 reclusorios en el país, los 10 Ceresos que están más sobresaturados, son de aquellos estados en que más detenciones se llevaron a cabo (Jalisco, Baja California, Michoacán, Edomex y Distrito Federal). El Distrito Federal aprobó una ley para que todo reo con sentencias de entre cuatro a 10 años, por delitos no graves, pague la pena en su hogar con brazalete de recluso y reciba terapia de rehabilitación. Resulta urgente que se asignen recursos para ello y que esta ley se implemente en todo el país. Paralelamente se deben invertir más de 50 millones de dólares para los sistemas de monitoreo y seguimiento de sentenciados con brazalete.
Por otro lado, todos los estados necesitan implementar sus sistemas de juicios orales; el de Chihuahua, que es el único efectivo hasta la fecha, precisó de una inversión estatal de 261 millones de pesos y más de 15 millones de dólares de la cooperación norteamericana. Se deben desmilitarizar las policías, transparentar los juicios e implementar los nuevos sistemas de readaptación social que nos lleven a un país en que la ley se cumple y respeta.
Y ya si van a hacer su trabajo los gobernadores, que lo hagan completo, que celebren sí, cuando su intervención sea integral y con estrategias sistémicas. Por no dejar, si aplicaran el operativo «pácatelas» contra ex gobernadores que desfalcaron a sus estados, recuperarían suficiente dinero para implementar el Sistema Penal Acusatorio. Yo digo que sí se puede ¿qué opinarán los miembros de la Conago?
