México, 1 Abr. (Notimex).- El presidente de la Comisión de Comunicaciones, Ignacio Rubí Salazar, destacó que en la Constitución y en leyes reglamentarias se establecen que las comunicaciones son privadas y prevén el castigo por violar este precepto.
En entrevista, el diputado federal del PRI destacó que es necesario que las empresas de telefonía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) establezcan medidas de carácter técnico para blindar del espionaje el servicio telefónico.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recordó que la Constitución establece en el Artículo 16 que las comunicaciones privadas son inviolables, por lo que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas.
Señaló que también se puntualizan las excepciones como es el caso de que dichas comunicaciones sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.
Explicó que de acuerdo con la ley, exclusivamente la autoridad judicial federal podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada con la motivación y las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.
Sin embargo, la autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
En tanto, el Artículo 177 del Código Penal Federal señala que quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.
Explicó que el marco legal está plenamente acorde para prohibir y sancionar ese ilícito, pero reconoció que el problema no está en las disposiciones legales, ya que éstas existen y está prohibido y sancionado la comisión del delito.
El diputado priista indicó que las empresas de los servicios telefónicos y de radiocomunicación, sean concesionarios o permisionarios, deben establecer medidas preventivas junto con la autoridad federal.
Detalló que en este caso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la autoridad que debe coordinarse con dichas empresas para blindar el servicio de ese tipo de prácticas.
“Hemos tenido amargas experiencias en México, donde no sólo se escuchan las conversaciones, también se graban, por lo que las autoridades y operadores deben actuar en consecuencia”, indicó.
Actualmente existen muchos alcances en la ciencia y tecnología aplicada a las telecomunicaciones que pueden servir para blindarse de “esta práctica tan vergonzosa”, finalizó.
