El peso de las elecciones del próximo 5 de junio terminó por hacerse evidente ayer en el Senado de la República, donde los legisladores desdeñaron una vez más sacar un dictamen para empujar el Sistema Nacional Anticorrupción. Académicos y miembros de organizaciones civiles destacaron que reducir daños políticos fue el objetivo que privilegiaron los grupos parlamentarios que, de nuevo, se olvidaron de la urgencia que representa para el país combatir la corrupción. ¿A qué nuevas trabas se enfrentará en los próximos días el SNA?
Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– El peso político de las elecciones impidió que los grupos parlamentarios que integran el Senado de la República aprobaran un dictamen con las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), incluyendo la iniciativa ciudadana “3de3”, acusaron organizaciones de la sociedad que han participado en el proceso.
“Yo no lo puedo afirmar, pero no hay otra explicación que no sea que están más preocupados de cómo puede afectar esta discusión, a uno u otro partido, en las encuestas y en los próximos comicios. Entonces, supongo que el cálculo es no discutamos el tema ahorita para que no afecte en el proceso electoral. Lo que hubiera sido transparente es que hubieran salido a decir por qué no llevar a cabo esta discusión “, dijo Max Kaiser director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Ayer por la mañana, los legisladores esquivaron las dos sesiones programadas para discutir las leyes que compondrán el dictamen del SNA; ambas se cancelaron por falta de consensos. En la primera, las comisiones de Justicia y Asuntos Legislativos reunieron el suficiente quórum para iniciar la discusión, pero la ausencia de los senadores presidentes hizo inviable que iniciara la discusión.
La segunda reunión de trabajo, ala hora convocada, sólo contó con la presencia de Ernesto Ruffo Appel, legislador del Partido Acción Nacional (PAN), y los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que han encabezado la iniciativa de la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, más conocida como “3de3”.
“Confieso que el tema del posible uso electoral me rebasa, por un lado hemos visto que quieren adelantar el tema, por otro, postergar. Yo creo que no hubo claridad sobre lo que deben contener las siete iniciativa. Yo lo que siento es que no hubo un acuerdo, y al no haberlo les comieron los tiempos electorales el tema”, dijo Eduardo Bohórquez, director de la organización Transparencia Mexicana.
El SNA –que tenía un plazo constitucional del 28 de mayo para ser aprobado– fue pospuesto mediante un consenso de todos los partidos políticos para ser aprobado después de las elecciones que se llevan a cabo en 13 estados el 5 de junio.
En ese sentido, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) emitió la tarde del lunes un acuerdo en el que postergaba la dictaminación de siete leyes anticorrupción al 13 de junio, bajo el único argumento de que sería un tiempo de beneficio para que las bancadas ahondarán en observaciones.
Lo anterior es una contradicción con la misma Jucopo, de acuerdo con el Senador Ruffo Appel.
“Fuimos convocados a las diez de la mañana por la Junta Directiva, y resulta que no baja el presidente de la Comisión de Justicia. La cuestión de reunirnos hoy era de que se había dejado sentir de que se iba a aprobar el tema en lo general, para luego en la semana, de aquí al 13, discutirlo. Pero nadie le tiene confianza al PRI y al Verde”.
No sólo el SNA se encuentra entrampado, las iniciativas presidenciales del uso médico de la mariguana, así como la modificación del modelo policial del país, llamado Mando Mixto, también esperan ser atendidas. Sin embargo, legisladores han referido que del avance de la primera depende el resto.
Sobre el acuerdo de postergar la dictaminación al 13 de junio, Bohórquez destacó que hay dudas.
“Nosotros creemos que cuando menos el comunicado de la Jucopo da claridad del compromiso de trabajar. Y de que se van a respetar los plazos del Periodo Extraordinario, que originalmente fueron convocado, pero dado que nos han convocado a una serie de reuniones las cuales no se han llevado a cabo, como la del día de hoy, también hay incertidumbre”.
NUEVE MESES DE ATRASOS
El periodo ordinario de sesiones terminó en abril, y en mayo las organizaciones civiles esperaban que se convocara a un periodo extraordinario para finalmente dictaminar. Sin embargo esto nunca sucedió.
“Es mentira que necesitamos dictámenes para convocar un Periodo Extraordinario, sólo se necesita el voto de dos terceras partes de la Comisión Permanente [un reducido grupo de senadores y diputados que labora durante los recesos del Congreso]», dijo Ruffo.
Ricardo Espinoza Toledo, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expuso que los partidos políticos han logrado diluir las propuestas anticorrupción con este retraso.
De las siete leyes que deberían componer el dictamen del SNA, según las organizaciones civiles, dos aún no han contado con los acuerdos suficientes para convertirse en iniciativas de Ley. Se trata de la legislación por la que crea la Fiscalía Anticorrupción y de reformas al Código Penal.
En ese sentido, Armando Ríos Piter, Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó que las propuestas del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México excluyen la posibilidad de hacer pagar con cárcel a los funcionarios corruptos.
“Tenemos que garantizar que el Código Penal recupere muchos de los tipos penales que nos parecen que tienen que quedar implícitos. Por ejemplo, desapareció el tipo penal de los moches, o de funcionarios poniendo a su favor la incidencia presupuestal, la de aquellos que utilicen las concesiones públicas sin dar información transparente; el caso OHL es el más conocido, por ejemplo. También está el tema de las casas o bienes patrimoniales, aquellos funcionarios que tengan que ver con empresas donde medien activos pecuniarios o bienes inmuebles, es un tipo penal de manera particular como la ‘casa blanca’. El predictamen que se está discutiendo aquí no trae esos elementos. Nos preocupa”, dijo Ríos Piter.
De acuerdo con el Banco de México, la corrupción le costó al país el 9 por ciento de del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2015. Sin embargo, de aprobarse tal como está ahora el predictamen, los funcionarios que caigan en estas prácticas ilegales serán sancionados con multas o inhabilitaciones a su cargo y no con cárcel.
DIPUTADOS ENTRAN A JUGAR
En un giro inesperado, los representantes de ambas cámaras acordaron la semana pasada que el SNA debería dejar de ser un tema exclusivo del Senado, y dos de las siete leyes pasaron a ser discutidas en la Cámara De Diputados, concernientes a la fiscalización y la rendición de cuentas.
Bohórquez explicó que el hecho de que el Senado haya decidido parar los trabajos hasta la siguiente semana obliga a voltear a la Cámara Baja y preguntarse si tomarán el mismo camino.
“Tendríamos que ver un comunicado equivalente para saber. Entiendo que algún grupo parlamentario ya había presentado alguna iniciativa a la Ley Orgánica de la Administración Pública”, dijo el representante ciudadano.
El priista César Camacho Quiroz detalló que las leyes que a los diputados les toque aprobar se harán bajo la colaboración de los senadores.
“A efecto de que cuando llegue a la colegisladora, resulte más sencillo y más rápido su procesamiento”, explicó el líder del tricolor en la Cámara de Diputados.
INICIATIVA CIUDADANA
La iniciativa ciudadana “3de3”, que tuvo el respaldo 634 mil firmas de la sociedad civil, tampoco fue desahogada ayer, pese a que la Ley marca la necesidad de tener su propio dictamen. Este es un paso que debe hacerse por Ley y que Bohórquez espera que se haga en el transcurso de la semana.
“Se tiene que dictaminar formalmente la iniciativa ciudadana, antes de que sea votada en el pleno del Periodo Extraordinario”, dijo.
A la fecha, el PRI y el PVEM han rechazado que las declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés de los legisladores deban hacerse públicas.
“El PRI y el Verde no quieren que se pueda perseguir a quienes han cometido delitos o actos de corrupción y que entre más rápido prescriban, mejor”, dijo Clemente Castañeda Hoeflich, jefe del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en un evento realizado en Guadalajara, Jalisco.
Hoy la propuesta de prescripción de faltas en materia de corrupción es de 3 a 7 años, mientras que otros partidos, como MC, proponen que sea de 7 a 10 años.
Una vez pasadas las elecciones del próximo 5 de junio, los partidos políticos volverán a reconsiderar estos temas en la Cámara Alta. Bohórquez ha dicho que hasta ahora lo único que hay es un conglomerado de propuestas. Sin embargo, una vez aprobado un dictamen harán un pronunciamiento sobre su contenido.
