El fallo del TSJ avaló la legalidad del decreto, a pesar de que la Asamblea Nacional, que tiene mayoría opositora, lo rechazó.
Caracas, 19 may (dpa) – El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró hoy la constitucionalidad del decreto de Estado de excepción y emergencia económica que emitió el Presidente Nicolás Maduro.
El fallo del TSJ avaló la legalidad del decreto, a pesar de que la Asamblea Nacional, que tiene mayoría opositora, lo rechazó.
La Sala Constitucional del TSJ verificó que el decreto cumple con los «principios y normas contenidas en la Constitución, en tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la república, y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, por ello se pronunció afirmativamente respecto de su constitucionalidad».
La oposición rechazó el decreto, advirtiendo que con la medida Maduro pretende autoasignarse poderes especiales para legislar por decretos.
Maduro emitió el decreto para alargar por 60 días el Estado de excepción y emergencia económica, que es una versión ampliada de la orden presidencial aprobada a comienzos de año, con la que aumenta las facultades de intervención de la Fuerza Armada.
La medida es la respuesta del Gobierno a las circunstancias «extraordinarias de carácter social, económico, político, natural y ecológico» que afectan la economía nacional.
Con el decreto, Maduro podrá dictar las medidas que considere necesarias para enfrentar la crisis económica, pero esta vez agregó una serie de acciones para responder a lo que ha llamado intentos golpistas de sectores opositores.
Entre las medidas que podrá tomar el Gobierno están el apoyo del sector público al privado en la producción, comercialización y distribución de bienes e insumos.
Podrá ordenar la intervención de la Fuerza Armada y los órganos de seguridad ciudadana para garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad.
El decreto lo autoriza también a dictar medidas y ejecutar «planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales».
Igualmente lo autoriza a tomar medidas especiales en «el orden de la política exterior de la república que garanticen el ejercicio de la soberanía nacional e impidan la injerencia extranjera en los asuntos internos del Estado venezolano».
