El pasado 14 de mayo, un juez federal desestimó los elementos de prueba aportados por la PGR y ordenó la liberación de los últimos tres militares implicados en la matanza de 22 civiles armados en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México. Ante ello, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU, Ravina Shamdashani dijo «que pasados dos años desde los hechos no haya nadie imputado es inaceptable».
Ciudad de México, 2o de mayo (SinEmbargo/EFE).- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó hoy de «inaceptable» que dos años después de que 22 civiles murieran supuestamente a manos de militares en lo que se conoce como el caso de Tlatlaya, no haya ninguna imputación.
«Estamos muy preocupados de que casi dos años después de que se cometieran violaciones muy serias a los derechos humanos en Tlatlaya, incluyendo la supuesta ejecución sumaria de al menos 12 personas, el caso continua en la impunidad y se les niega a la víctimas el derecho a la verdad y a la justicia», indicó en una rueda de prensa la portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdashani.
«Que pasados dos años desde los hechos no haya nadie imputado es inaceptable», agregó.
Según la versión inicial ofrecida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en una bodega de Tlatlaya, Estado de México, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento armado con militares.
Dicha versión fue desmentida por uno de los tres supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de 7 militares.
Sin embargo, un juez ordenó en octubre pasado liberar a cuatro de los militares implicados en la matanza tras considerar que la fiscalía no había sido clara a la hora de explicar los hechos por los que estaban acusados.
El pasado 14 de mayo, un juez federal desestimó los elementos de prueba aportados por la Procuraduría General de la República (PGR) y ordenó la liberación de los otros tres militares implicados.
«Durante su visita a México en octubre del año pasado, el alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo que el caso de Tlatlaya sería vigilado de cerca como un test del compromiso de las autoridades de luchar contra la impunidad tras la decisión de que los militares sean juzgados por cortes civiles en casos civiles», sostuvo la portavoz.
Shamdasani dijo que son conscientes de que la PGR ha afirmado que seguirá intentando reunir y presentar nuevas pruebas para evitar la impunidad pero, a pesar de ello, pidió a las autoridades gubernamentales una investigación independiente e imparcial sobre el caso.
Asimismo, pidieron a las autoridades fiscales y judiciales que cumplan con los más altos estándares internacionales sobre derechos humanos durante sus investigaciones.
«Las investigaciones deben extenderse para que puedan examinar a todos aquellos responsables, incluyendo altos mandos militares que puedan tener responsabilidades de comando, y aquellos que hayan modificado o mandado modificar la escena del crimen», solicitó.
Además, la entidad pidió a las autoridades que investiguen las alegaciones sobre detenciones arbitrarias y torturas a testigos.
Finalmente, el Alto Comisionado urgió a México a crear una institución forense nacional y autónoma para investigar éste y otros casos emblemáticos de violación de los derechos humanos.
TITULAR DE LA CNDH ES DENUNCIADO
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, fue denunciado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntamente haber violado la presunción de inocencia de los tres militares recién liberados por el caso Tlatlaya.
La abogada Lilia Mariana García Sánchez argumentó en su denuncia que las declaraciones del Ombudsman nacional generan “un clima de linchamiento mediático” contra los soldados y lo responsabilizó de «de cualquier perjuicio que sufran las familias de mis representados, quienes viven en comunidades aledañas al lugar de los hechos, ya que con sus comunicados y comentarios enardecen los ánimos de las personas en nuestra contra, lo cual puede traer actos de venganza por los familiares de las supuestas víctimas”.
García Sánchez sostuvo que la actitud del ombudsman nacional ante la resolución del Tribunal Unitario del Segundo Circuito, quien ordenó la liberación de los soldados, “causa extrañeza”, pues en otros casos donde se ha decretado la libertad a personas involucradas en la comisión de un delito por violaciones al debido proceso, dicho organismo no se ha pronunciado al respecto, “lo que se puede interpretar como una actuación de persecución y hostigamiento personal y parcial”.
El pasado 13 de enero de 2015, La CNDH reclasificó como una “Investigación de Violaciones Graves” lo ocurrido en Tlatlaya.
Mediante un comunicado de prensa, se informó que Luis Raúl González Pérez ordenó notificar del cambio a las víctimas, al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; al entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como al Gobernador del Edomex, Eruviel Ávila Villegas.
“Desde que la CNDH conoció, por los medios de comunicación, de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México, conformó un equipo de trabajo que investigó el caso”.
Precisó que el 11 de julio inició de oficio el expediente CNDH/2/2014/5390/Q, que dio origen a la Recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de 2014, y dirigida a las autoridades mencionadas, al acreditarse hechos violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia.
Mientras que el pasado 16 de mayo, la Comisión solicitó a la PGR que aporte nuevas pruebas para fortalecer la acusación en contra de militares implicados en las ejecuciones extrajudiciales en el caso Tlatlaya.
«La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con fecha 21 de octubre de 2014 emitió la recomendación 51/2014 en la que determinó, con base en los testimonios, dictámenes periciales y demás elementos de convicción que obran integrados en el expediente respectivo, la existencia de violaciones a los Derechos Humanos con motivo de los lamentables hechos ocurridos en la madrugada del día 30 de junio de 2014, en la comunidad de San Pedro Limón, en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, mismas que en opinión de este Organismo Nacional se consideraron como graves en atención a sus características y circunstancias bajo las cuales se verificaron», recordó en un comunicado tras darse a conocer la excarcelación de los elementos castrenses.
