El caso Iguala plantea severas dudas sobre el sistema de justicia en México, principalmente por el uso excesivo de confesiones para determinar la culpabilidad de las personas, la falta de servicios forenses independientes y la incapacidad para analizar las pruebas, plantea Crisis Group. Además, destaca, el éxito de una estrategia judicial no debe medirse con base en el número de detenidos.
Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).– El informe que rindieron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –que investigó el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero– plantea serias dudas sobre el sistema de justicia en México y, en particular, en la excesiva dependencia de las confesiones para determinar la culpabilidad de una persona.
En un artículo escrito por la investigadora Mary Speck para Crisis Group, el think tank considera que otras de las fallas en la forma de impartir justicia en México son la falta de servicios forenses independientes, la carga de trámites burocráticos innecesarios, la incapacidad para pesar la validez de las pruebas o para analizar el contexto y la fuerte tendencia a medir «el éxito» de una estrategia basada en el número de detenidos.
“El Presidente Peña Nieto todavía podía poner a su país en el camino para acabar con los ciclos de autoperpetuación de la violencia, la corrupción y la impunidad que han convertido a algunas regiones en zonas de guerra virtuales. Pero, para ello, el Presidente debe hacer frente a ‘la incredulidad y la desconfianza’, que, como él mismo ha dicho, están socavando la Ley y el orden esencial para asegurar que sus reformas económicas generan la prosperidad prometida”, escribe Speck.
“No es de extrañar que los ciudadanos muestren poca fe en las instituciones de seguridad del país. Son pocos los mexicanos que confían en sus policías municipales (36 por ciento), según las encuestas oficiales, menos de la mitad expresa confianza en fiscales estatales o investigadores (42 por ciento), en la policía estatal (43 por ciento) en los jueces (46 por ciento). La confianza en los fiscales y policías federales es ligeramente mejor (49 por ciento y 56 por ciento, respectivamente)”, señala.
Esta semana, la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) publicó que, según documentos de la investigación del caso Iguala, 10 de los sospechosos de haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes relataron un guión casi idéntico en el que narran cómo primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentaran lo que decía el Gobierno federal.
Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o les indicaron lo que tenían que decir.
Informes médicos en poder de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) parecen confirmar las versiones de que hubo torturas. Diez archivos reseñados esta semana por la agencia de noticias y revisados por la organización se encontraron pruebas «verosímiles» de torturas en todos ellos.
«En el transcurso del camino me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo», declaró uno de los sospechosos, Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes.
«En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino», dijo el hombre a un juez en julio, de acuerdo con los documentos. «Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis niñas… Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran».
La declaración de Reyes Landa es clave para el Gobierno federal porque fue uno de los primeros que confesó haber matado a los estudiantes de Ayotzinapa y quemado sus cadáveres en un basurero del municipio de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan.
Aparte de esas confesiones y de un fragmento de hueso perteneciente a uno de los estudiantes, según se comprobó mediante el análisis de ADN, los fiscales casi no tienen otras pruebas.
LA VIOLENCIA SIN CONTROL
Bajo las leyes mexicanas, las confesiones obtenidas mediante torturas no son admisibles. Crisis Group puntualiza que una de los grandes pendientes de la justicia mexicana es medir su éxito con base en el número de detenidos, lo que deriva a menudo en pruebas endebles que se desestiman más tarde, lo que a su vez, impide que se realicen verdaderas investigaciones sobre los autores intelectuales y materiales de los delitos.
“El Gobierno mexicano hizo lo correcto al invitar a expertos internacionales para ayudar en un caso que ha llegado a simbolizar la horrible brutalidad de los criminales que operan con la complicidad de algunos agentes del Estado. Su trabajo no ha terminado. El Presidente Peña Nieto todavía puede convertir la tragedia en un catalizador para el cambio, pero no puede hacerlo solo. Para salvar el caso Ayotzinapa – y superar la crisis de confianza que amenaza su agenda propia de reformas- México debe hacer frente a las fallas sistémicas que han hecho de la incompetencia, la complicidad y la corrupción, tristemente, sinónimo de las instituciones de del país encargadas del cumplimiento de la Ley”, establece el escrito reproducido por otros medios como el The Huffington Post y The World Post.
Recuerda que semanas después de la desaparición de los jóvenes en Iguala, donde se les vio por última vez el 26 de septiembre de 2014, durante un secuestro de camiones para asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, el Presidente señaló: “México tiene que cambiar”.
Sin embargo, la violencia en el país se ha endurecido.
“Diecinueve meses más tarde, el caso – la desaparición de los normalistas– ha generado mucha controversia, pero poco cambió. Un grupo de expertos internacionales –el GIEI– con el respaldo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), invitado por el Gobierno para ayudar a los investigadores federales en nombre de las familias de las víctimas, se ha apartado luego de emitir un mordaz informe de 600 páginas citando evidencia de que los sospechosos fueron torturados, pistas prometedoras se dejaron sin explorar, informes forenses contradictorios ignorados y mal tratamiento de la evidencia clave –tal vez plantados– en un aparente esfuerzo para cerrar la herida lo más rápido posible”, señala el escrito de Speck.
Entre los puntos que hasta ahora no ha cumplido el Gobierno están aumentar hasta en mil 800 el número de policías municipales en 31 corporaciones de Guerrero, así como “un Programa Nacional de Prevención de la violencia –promocionado por el candidato Peña Nieto como la respuesta a la guerra descrédito de su predecesor contra las drogas–, cuyo financiamiento se ha visto disminuido en 20 por ciento desde el 2013”.
Considera que “el derramamiento de sangre, trágicamente, no se ha estancado”.
El año pasado, de acuerdo con la investigadora, hubo un incremento de 8 por ciento en este rubro, principalmente en Guerrero, donde el repunte fue de 30 por ciento. A pesar del despliegue de las tropas federales, las bandas siguen fragmentadas para librar “brutales guerras” por el territorio para controlar el tráfico de drogas y actividades ilegales como la extorsión y el secuestro.
“La desaparición de los 43 estudiantes está lejos de ser el único caso sin resolver. Las autoridades –bajo la presión de los familiares de otras personas desaparecidas– han descubierto decenas de fosas clandestinas cerca de la ciudad de Iguala que contienen al menos 140 cuerpos”, establece.
