Los cargos contra la mandataria incluyen haber incumplido normas fiscales administrando el presupuesto federal. Sin embargo el proceso se ha convertido también en una especie de referendo para su presidencia, mientras Brasil se encuentra en una profunda recesión económica.
Brasilia, 11 may (EFE).- El Supremo Tribunal Federal (STF), máxima corte de Brasil, rechazó hoy el recurso presentado la víspera por el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff para intentar detener el proceso que este miércoles puede suspenderla del cargo durante 180 días y llevar luego a su destitución.
El magistrado Teori Zavascki, responsable por analizar el recurso en que la Abogacía General del Estado pidió la nulidad de todo el proceso por supuestos vicios de origen, rechazó la petición y autorizó que el caso siga en el Senado, que hoy puede aprobar la apertura del juicio político destituyente contra la mandataria.
El recurso fue el último intentado por el titular de la Abogacía General del Estado, José Eduardo Cardozo, para frenar el proceso e impedir la votación de hoy en el Senado, en donde hay una clara mayoría en favor de enjuiciar a la jefe de Estado.
En su recurso, Cardozo alegó que todo el proceso es resultado de un «desvío de finalidad» cometido en diciembre por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un declarado adversario de Rousseff que aceptó a trámite las denuncias contra la presidenta y cuyo mandato fue suspendido la semana pasada por la máxima corte debido a las acusaciones de corrupción que enfrenta.
Según la Abogacía General, Cunha actuó por «venganza» debido a que el oficialismo le negó los votos necesarios para impedir la apertura de un proceso interno en la Cámara baja que puede costarle el mandato.
En la decisión en que rechazó el recurso, Zavascki alegó que los alegatos de que Cunha actuó por venganza están basados en informaciones periodísticas que pueden ser muy fácilmente contestadas.
«No hay cómo identificar en un sinfín de titulares un conjunto probatorio capaz de demostrar, de forma jurídicamente incontestable, que aquellas iniciativas (del presidente de la Cámara) hayan superado los límites de la oposición política, que es legítima, y hayan herido la validez del proceso de impeachment (juicio político)», aseguró el magistrado.
La sentencia agrega que todos los actos del presidente de la Cámara de Diputados fueron refrendados en diferentes instancias del Congreso, lo que le da legitimidad a todo el proceso y no permite que sea calificado como un acto «solitario» de un diputado.
«Considerando los límites de cognición judicial de la materia, no hay cómo atestar que son suficientemente plausibles las alegaciones de que el impulso inicial que el proceso recibió del presidente de la Cámara de Diputados tenga el poder de contaminar todas las demás decisiones de sus colegas», afirmó el magistrado.
Poco antes de que Zavascki diera a conocer su decisión, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) intentó detener la sesión abierta hoy en el Senado para decidir el futuro de Rousseff con el argumento de que sólo podría proseguir luego de que la corte se pronunciara sobre el recurso presentado por el Gobierno.
El propio presidente de la Cámara alta, Renán Calheiros, se negó a paralizar la sesión con el argumento de que sentencias previas de ese tribunal constitucional han avalado la legitimidad del proceso.
Para que sea aprobada la apertura del juicio político contra la mandataria serán necesarios al menos 41 votos entre los 81 senadores, aunque todos los sondeos previos apuntan a que unos 50 legisladores se inclinarán en favor del proceso.
De ser así, Rousseff sería notificada mañana de la decisión y a partir de ese momento quedaría suspendida durante los 180 días que puede durar el proceso.
Su cargo será ocupado en forma interina por el vicepresidente Michel Temer, que se prepara para asumir el poder con un nuevo gabinete y una orientación ideológica diametralmente distinta y de corte liberal.
Si al cabo del proceso Rousseff fuera absuelta, recuperaría el cargo, pero en caso de que sea finalmente destituida, Temer deberá completar el mandato y entregar el poder el 1 de enero de 2019 al ganador de las elecciones previstas para octubre de 2018.
