México ha estado en el foco de atención de los sistemas internacionales de derechos humanos debido a la gran difusión que han recibido casos de violaciones graves a derechos humanos, entre ellos, la desaparición de cinco jóvenes de Tierra Blanca, Veracruz, y 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Esta semana, la Comisión de la Verdad de Oaxaca reveló en su informe que 216 personas han desaparecido de 2005 a julio de 2015 en ese estado, epicentro de movilizaciones populares.
Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).– En Oaxaca, el tercer estado más pobre del país, 115 hombres y 101 mujeres han desaparecido en los últimos diez años. Estas 216 personas habitaban en 35 de los 570 municipios de la entidad sureña, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) que se elabora mediante reportes de las procuradurías estatales.
En un foro sobre el tema, el abogado oaxaqueño Israel Ochoa Lara acusó que se trata de «acciones de hostigamiento» implementadas en contra de personas identificadas con la lucha social. “La época de mayor actividad represiva en la cual se suscitaron diversos casos de desaparición de personas ocurrió a partir de 1996 y hacia la actualidad”, añadió.
Para la organización guerrillera Partido Democrático Popular Revolucionario–Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR)-, los gobiernos oaxaqueños en turno «utilizan grupos paramilitares para realizar los hechos más crueles y despiadados», entre ellos la desaparición forzada, contra movimientos populares que apoyan a campesinos indígenas, comerciantes, estudiantes o maestros.
De 2005 a julio de 2015, 97 desapariciones se registraron durante el periodo de Gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y 119 desde el inicio del Gobierno de Gabino Cué, principalmente en Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán.
La Comisión de la Verdad de Oaxaca aclara en su informe «Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca» que de acuerdo con el concepto de desaparición forzada en la legislación nacional, no todas las cifras proporcionadas por este registro la refieren.
«En la base se encuentra toda persona extraviada o desaparecida, lo cual genera un problema relacionado con la justicia e impunidad, debido a que quizás en esos casos señalados por el RNPED se encuentra un número importante de persona que son víctimas de la desaparición forzada», afirma.
La desaparición forzada ha sido definida por Amnistía Internacional (AI) como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado.
CASO DE GABRIEL CRUZ Y EDMUNDO REYES
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros de la organización guerrillera Partido Democrático Popular Revolucionario–Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), desaparecieron en mayo de 2007. Desde hace nueve años sus familiares los buscan.
«Originarios de Oaxaca, ambos realizaban actividades de formación política y concientización en diferentes sectores populares así como en el interior de su organización. Tanto Edmundo como Gabriel mantuvieron en la clandestinidad su actividad política en el PDPR-EPR, por lo que sus familias se enteraron al momento en que se denunció su desaparición», de acuerdo con un testimonio citado por el informe de la Comisión de la Verdad de Oaxaca.
El PDPR-EPR expone que en la década de los 40, 50 y 70 hubo movilizaciones populares para destituir a los gobernadores, pero fueron reprimidas. En 2006 los movimientos se agudizaron de nuevo en apoyo a la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
«Desde los periodos de Diódoro Carrasco Altamirano (1992-1998), y de José Murat Casab (1998-2004), los cuerpos policiacos y paramilitares desempeñarían la función de reprimir, llegando al clímax con Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010)», documenta.
El Ejército mexicano y diversas instancias gubernamentales en Oaxaca participaron en la desaparición de Gabriel y Edmundo, determinó la Comisión de Mediación (COMED) entre el Gobierno federal y el PDPR-EPR, integrada por intelectuales como Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor, Samuel Ruiz García y Gilberto López y Rivas.
En 2011 el Gobernador Gabino Cué Monteagudo aceptó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para contribuir a la investigación sobre la desaparición forzada de los dos ciudadanos.
Tres años después, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación ordenó realizar la búsqueda de Gabriel y Edmundo en instalaciones militares y hacer diversas diligencias para su localización.
No obstante, «el proceso de investigación y búsqueda de Cruz Sánchez y Reyes Amaya fue deficiente desde un inicio, tal y como lo constató la CNDH por parte de instancias locales», concluyó el informe «Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca».
DESAPARICIONES FORZADAS EN MÉXICO
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene el registro que desde 2008, año en que comenzó una política contra el crimen organizado, han ocurrido 136 casos de desaparición forzada en México.
Sólo dos países superan esta cifra en el mismo periodo (2008-2015): Paquistán, con 144 casos y Sri Lanka, con 282, precisó en su informe «Desaparición forzada y tortura en México. La perspectiva de organismos internacionales» publicado en abril de este año.
De acuerdo con la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), en México hay 27 mil 638 personas desaparecidas.
Tamaulipas (5 mil 705), Estado de México (2 mil 693), Nuevo León (2 mil 246), Jalisco (2 mil 135), Sinaloa (mil 747), Chihuahua (mil 698), Coahuila (mil 498) y Guerrero (mil 115) son los estados donde más se tienen desapariciones documentadas.
México ha estado en el foco de atención de los sistemas internacionales de derechos humanos debido a la gran difusión que han recibido casos de violaciones graves a derechos humanos, como las ocurridos en Tlatlaya, municipio del Estado de México [donde fueron ejecutados 22 civiles por elementos del Ejército] e Iguala, en Guerrero [donde desaparecieron los 43 normalistas], este último similar a las desapariciones forzadas ocurridas recientemente en Tierra Blanca, municipio de Veracruz.
En Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, militares dispararon contra un grupo de personas después de una persecución. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es probable que el personal del Batallón haya ejecutado extrajudicialmente entre 15 y 22 personas. Además, documentó que se alteró el lugar de los hechos y que se obtuvieron confesiones bajo tortura durante la investigación del caso por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
El 26 y 27 de septiembre de 2014, policías municipales de Iguala y Cocula atacaron a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Hasta el momento siguen desaparecidos 43 normalistas.
En enero de este año, en Tierra Blanca, Veracruz, policías estatales detuvieron a cinco jóvenes (cuatro hombres y una mujer menor de edad), y los habrían entregado a elementos del crimen organizado. Siete policías han sido detenidos.
La Brigada Nacional de Búsqueda de familiares de personas desaparecidas informó en abril que, en 15 días, localizó 15 fosas clandestinas con restos humanos y 500 osamentas en Veracruz.
