El presidente de la CIDH, James Cavallaro, lamentó esta mañana en una rueda de prensa en Washington «que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no prorrogar el mandato del grupo y poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos, principalmente la ubicación de los desaparecidos».
Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo/AP/EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no puede seguir investigando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ante la negativa del Gobierno mexicano. Pero anunció, que seguirá el caso con un nuevo «mecanismo especial» hasta que se descubra la verdad.
La CIDH dijo que consultará con el Estado mexicano y las familias de las víctimas para determinar los términos específicos que guiará este mecanismo de seguimiento especial.
El presidente de la Comisión, el estadounidense James Cavallaro, lamentó la negativa del Estado mexicano para renovar el mandato del grupo de expertos una vez que expire el 30 de este mes.
«Lamentamos profundamente que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no prorrogar el mandato del grupo y poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos, principalmente la ubicación de los desaparecidos», dijo en una rueda de prensa en Washington.
«Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del Grupo», agregó.
Cavallaro anunció que existe la posibilidad de que los expertos continúen brindando asesoría a la CIDH una vez que se establezca el mecanismo de seguimiento porque «conocen muy bien el caso». Y sostuvo que se garantizará seguridad y bienestar a sus beneficiarios, “aquí no hay abandono de ninguna manera”, reiteró.
El presidente de la CIDH destacó que el Grupo de Expertos no ha terminado su trabajo en México porque no ha encontrado la verdad, sin embargo destacó que el Grupo “ha contribuido y ha desmentido ‘la verdad histórica’”.
Además dijo que los expertos contribuyeron en reorientar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Las familias de las víctimas reiteraron esta semana a la CIDH su expectativa de que los expertos continuaran trabajando hasta que se esclarecieran los hechos, se determine el paradero de los desaparecido y se castigue a los responsables.
Los expertos, que prevén presentar sus conclusiones y recomendaciones finales el 24 de abril en México, criticaron recientemente al gobierno mexicano por divulgar unilateralmente un nuevo peritaje sobre un basurero donde según las autoridades fueron quemados los jóvenes y denunció que sus integrantes son blanco de ataques en un intento de disuadirlos de buscar la verdad del caso.
Por su parte, Emilio Álvarez Icasa, sostuvo que la CIDH ha sido muy clara en acompañar a las víctimas de los 43 estudiantes.
Emilio Alvarez admitió a The Associated Press que «la presencia del grupo generaba una cooperación sui géneris y novedosa que ahora va a disminuir».
«Pero en definitiva la investigación para esclarecer el caso es responsabilidad del Estado mexicano. No de la CIDH ni de los expertos», señaló.
La decisión fue adoptada por la Comisión tras varios roces con el Estado mexicano.
Los expertos, que prevén presentar sus conclusiones y recomendaciones finales el 24 de abril en México, criticaron recientemente al gobierno mexicano por divulgar unilateralmente un nuevo peritaje sobre un basurero donde según las autoridades fueron quemados los jóvenes y denunció que sus integrantes son blanco de ataques en un intento de disuadirlos de buscar la verdad del caso.
Las familias de las víctimas pidieron a la CIDH que los expertos continuaran trabajando hasta que se esclarecieran los hechos, se determine el paradero de los desaparecido y se castigue a los responsables.
Una delegación gubernamental dijo esta semana tras reunirse con la CIDH que ya era momento de que los expertos presentaran sus recomendaciones finales, pero negó haber discutido sobre cómo interpretar el acuerdo que dio lugar al grupo de expertos en 2014.
El artículo 10 del acuerdo sobre la participación del grupo en la investigación indica que su mandato «será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes».
La CIDH había insistido en que le correspondía al organismo y no al Estado tomar tal decisión.
Ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un reporte sobre el caso Iguala que coincide con los planteamientos del Grupo de expertos de la CIDH realizados en septiembre de 2015.
En el informe que rindió la CNDH establece, como lo hizo en septiembre de 2015 el GIEI, que existen elementos para pensar que agentes de la Policía Municipal de Huitzuco, y dos de la Policía Federal, participaron en la desaparición de los 43 estudiantes.
El titular del organismo nacional independiente, Luis Raúl González Pérez, dijo que la investigación del caso Iguala “es un expediente abierto y debe ser asumido como prioridad nacional”. El Ombusman nacional agregó que no se puede permitir la impunidad en lo ocurrido con los normalistas.
Al dar a conocer los detalles del caso, José Trinidad Larrieta Carrasco, encargado de la Oficina Especial para el caso Iguala de la CNDH, dijo que los dos elementos federales presenciaron el momento en que los normalistas eran subidos a la fuerza en una patrulla de la Policía Municipal de Iguala y en tres de la Policía de Huitzuco sin que hayan intervenido.
Así, la CNDH presentó una nueva línea de investigación que debe ser retomada por la PGR en el caso Iguala que involucra a policías municipales de Huitzuco, Iguala y policías federales en la desaparición de entre 15 y 20 normalistas.
Larrieta dijo que la línea basada en un testigo directo de los hechos establece que en el “Puente del Chipote” frente al Palacio de Justicia de Iguala, el autobús Estrella de Oro 1531 fue detenido, luego de ser perseguido a balazos y sus llantas ponchadas.
Ahí los policías municipales de Iguala golpearon con piedras y palos los vidrios de la unidad, lanzaron al interior granadas con gas lacrimógeno y obligaron a los estudiantes a bajar del vehículo.
Una vez abajo, en la cinta asfáltica de la carretera federal Iguala-Chilpancigo, fueron golpeados, colocados boca abajo sobre el suelo y subidos a patrullas de Iguala y tres de Huitzuco.
De acuerdo con la CNDH todo ocurrió con la participación y conocimiento de dos policías federales. Según el testigo de la CNDH, los normalistas habrían sido entregados a una persona llamado “El Patrón”.
El testigo dijo, según las indagaciones de la Comisión, que un Policía municipal de Iguala habló con un agente de la Policía Federal:
–¿Qué pasa con los chavos? –preguntó el policía federal.
–Allá atrás chingaron a un compañero, nos los vamos a llevar a Huitzuco, que ‘El Patrón’ decida qué hacer con ellos –contestó el agente municipal.
–Ah ok, ok, reviró el Policía Federal.
Los jóvenes fueron subidos esa noche en patrullas y tomaron el camino que lleva a Huitzuco. Ese fue la última vez que se vio, detalla el informe de la CNDH.
La Comisión utilizó la lista de los normalistas que iban en la unidad Estrella de Oro 1531 que presentó en septiembre el GIEI, en donde incluye al joven Alexander Mora, cuyos restos (un molar y un pequeño hueso) ya fueron identificados.
El órgano de derechos humanos adelantó incluso que solicitó formalmente al grupo los documentos que tiene sobre el caso para apoyarse en su investigación.
“El 15 de marzo la CNDH solicitó formalmente al GIEI el soporte documental de sus investigaciones y conclusiones para que sea incorporado formalmente al expediente de este organismo nacional y valorado integralmente junto con las pruebas existentes. La CNDH estará pendiente de la atención que el GIEI brinde a esta petición”, dice el documento.
GOBIERNO ATENDERÁ RECOMENDACIONES
Tras la oficialización del término del mandato del GIEI por el caso Ayotzinapa, tres dependencias federales indicaron que seguirán trabajando con los padres de los 43 y atenderán las recomendaciones de los expertos de la CIDH.
Las dependencias que suscribieron dicho compromiso son: Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En el comunicado conjunto, las dependencias señalan que el «Estado continuará dando la atención correspondiente para la efectiva implementación de las medidas cautelares de referencia, para lo que las recomendaciones que formulará el GIEI en su informe final serán debidamente consideradas, como se ha venido haciendo a la fecha».
Además reiteran el compromiso del Gobierno federal de procurar y atender los derechos humanos de sus ciudadanos. Asimismo asegura que seguirán colaborando con instancias internacionales con el fin de coadyuvar para la construcción de políticas públicas sólidas y en el mejoramiento de las instituciones.
