Cuatro incidentes donde han participado las fuerzas de seguridad pública local y federal en el Estado de México han sido vistos como actos de provocación por comuneros que se hallan en zonas de conflicto de social. ¿Qué pretenden estos operativos deliberados?
Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).– En los últimos dos días, el Gobierno del Estado de México ha consentido la participación del Ejército y la Policía Estatal en operativos de zonas marcadas por la tensión social que generan la construcción de megaproyectos. Pobladores y activistas acusan al Gobernador Eruviel Ávila Villegas de orillar a las poblaciones afectadas hacia un estallido de violencia.
“Consideramos que el Gobierno local está intentando justificar la denominada ‘Ley Eruviel’ en el terreno de los hechos. Es decir: provocar a los pueblos que han venido defendiendo su tierra, territorio y bienes naturales. Si algún pueblo cayera en la provocación se legitimaría el uso de la fuerza letal para controlar a personas que están defendiéndose”, dijo José Antonio Lara Duque, director general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).
En este sentido, vecinos de Atenco denunciaron que ayer, alrededor de las once y media de la mañana, un camión del Ejército mexicano, que escoltaba a un grupo de personas con material de medición topográfica, irrumpió en el cerro de Huatepec que se ubica a dos kilómetros de los terrenos donde ahora se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
“Eran alrededor de unos 10 militares y comenzaron a entrar en el ejido de Atenco. Entre varios compañeros –15 ó 20– acudimos al encuentro de la tanqueta. Y lo único que se nos dijo fue que no teníamos por qué estar aquí”, dijo César del Valle, representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Los pobladores no escondieron su malestar por el uso del Ejército para escoltar a siete personas. Un hecho inusitado para estos fines en un área donde el Gobierno pretende hacer un proyecto ecológico en la periferia del NAICM y un proyecto carretero, de acuerdo con su propia versión, ya que la administración federal no les ha brindado información pormenorizada.
“Fue una acción de intimidación y de amedrentar a nuestras comunidades. Y ellos no hicieron nada, se quedaron parados por un momento con la intención de seguir avanzando, pero la gente estaba molesta y ellos no tuvieron más remedio que irse”, agregó del Valle.
En un suceso inmediato anterior, el FPDT denunció que el lunes 11 de abril a las 14:30 horas, cuatro personas ingresaron al cerro Huatepec también con material topográfico, por lo que no descartaron que pertenezcan al mismo trabajo.
“Nunca se identificaron, de qué empresa eran, ni dijeron a qué venían. Sólo manifestaban que era su trabajo y que los entendiéramos. Nos decían que estaban midiendo para trazar una carretera”, dijo del Valle.
El integrante del FPDT aseguró que, en su conjunto, estos hechos fueron vistos como un intento de provocación por la comunidad.
Las autoridades no tendrían autorización para medir estos terrenos, dijo del Valle, puesto que existe un amparo que disputa esos terrenos con el Gobierno federal que aún no ha sido resuelto.
El amparo 514, interpuesto en mayo del 2014 en el Juzgado Quinto de Distrito de Nezahualcóyotl, solicitaba la suspensión del Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT). Sin embargo, conforme el anuncio de la construcción del NAICM tres meses después, los ejidatarios decidieron realizar una ampliación de la demanda para evitar el uso de los terrenos que consideran que les pertenecen.
El Gobierno federal habría basado el uso de estos terrenos en los decretos presidenciales de 1971 y 1982. Pero, de acuerdo con un peritaje de los comuneros a cargo del ingeniero Arturo Cerino Nava, los terrenos del NAICM usurpan 200 hectáreas de los ejidatarios de San Salvador Atenco.
“Estos dos decretos se empalman con los terrenos ejidales de las distintas comunidades aledañas, entre ellas San Salvador Atenco. Siendo que los ejidatarios no tenían información de la expropiación de estos terrenos, no se había interpuesto demanda. Ahora salen a la luz porque el Gobierno tenía que justificar la supuesta propiedad esas tierras”, explicó en su momento a SinEmbargo el abogado de los quejosos, Ricardo Lagunes.
SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA
En otro hecho sin precedentes, alrededor de mil policías han entrado y salido entre ayer y hoy del poblado de San Francisco Xochicuautla con el fin de garantizar la construcción del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, que ejecuta la filial Autovan-Teya del Grupo Higa.
La mañana del martes alrededor de 300 elementos de la policía estatal irrumpieron por segundo día para neutralizar a la población de oponerse al proyecto. “Nos tienen sitiados”, dijo Nicolás Ramírez Domínguez, una de las tres autoridades locales.
Mientras ayer no hubo demoliciones, el lunes más de 50 pobladores fueron expulsados por elementos de la policía estatal de una casa que, dos horas después, fue derribada con todo y sus pertenencias bajo el argumento de encontrarse sobre el trazo carretero.
Los vecinos no sólo fueron acusaron haber sido violentados para que salieran del hogar de Armando García, otra autoridad de la comunidad, sino que fueron disueltos con gases lacrimógenos una vez fuera del recinto.
Los pobladores lamentaron que alrededor de 700 elementos de seguridad fueran enviados para garantizar el derribo una edificación.
Este acto pasó por alto la resolución de suspensión definitiva de la obra concedida dentro de un amparo con número 1117/2015, interpuesto en el Juzgado Quinto de Distrito de Toluca.
El amparo establece que los trabajos de la carretera no podrían continuarse hasta que se resuelva un litigio en contra del decreto firmado por el Presidente Enrique Peña Nieto, que expropia los terrenos por donde se pretende pase la carretera.
“Hoy ingresamos en el mismo Juzgado un incidente de violación [acta circunstanciada] que demuestra la violación de la suspensión. De ser confirmada por el Juzgado, podrían recaer acciones penales sobre las autoridades estatales”, dijo José Antonio Lara, quien asesora jurídicamente a la población.
Las autoridades locales afirmaron que estas acciones eran una provocación del Gobernador Eruviel Ávila, quien estará lejos de terminarlas si el caso no es detenido legalmente.
“Son 8 kilómetros del proyecto los que atraviesan el poblado. Aún restan varios terrenos por expropiar, y algunas personas se han dicho que no les pagan o les pagan menos de lo que valen sus terrenos”, aseguró Nicolás Ramírez.
CASOS A LA CIDH
Los casos de irrupción de los soldados en San Salvador Atenco y la presencia de policías estatales en San Francisco Xochicuatla llegaron ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por medio del CDHZL.
“Hoy también hemos solicitado a la CIDH para que dicte medidas cautelares a favor del pueblo de Xochicuautla, y evidentemente esperamos hacerlo esta tarde en el caso de San Salvador Atenco”, dijo Lara Duque el martes.
Organizaciones y políticos han visto con escepticismo la solicitud del Gobernador Eruviel Ávila al Congreso para promover como inconstitucional la Ley que regula el Uso de la Fuerza Pública, aprobada el 17 de marzo por los legisladores locales.
Con el recurso de inconstitucionalidad Eruviel le está tirando a que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que valide la Ley”, sugirió el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Mientras tanto, advierte Lara Duque, los poblados del Estado de México permanecerán bajo el acecho gubernamental.
DAÑOS POR MEGAOBRAS
La puesta de elementos de seguridad pública para garantizar megaobras no es exclusiva del Estado de México. Las construcciones han derivado en al menos 200 conflictos, que afectan a la sociedad y al ambiente, de acuerdo con datos de la Coordinadora Nacional de Afectados Ambientales.
En Michoacán, el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Santa María ha recurrido ante instancias locales, estatales y federales para frenar el desarrollo del “Libramiento sur, segunda etapa, ramal Camelinas” que pasa por el área verde llamada Loma de Santa María y a través de una carretera y dos túneles busca conectar las partes altas con el resto de Morelia; sin embargo, según diversos estudios pone en riesgo la vida de 14 mil personas.
Destaca el caso de Ostula, donde los activistas acusan una intervención militar por los intereses de particulares en bosques, playas y minerales que tiene el lugar. Lo que también ha sucedido en la “Meseta Purépecha” donde existen movimientos en contra de la incorporación de semilla transgénica, según confirmó Madrigal Mercado.
En Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ha denunciado que cientos de ejidatarios están siendo presionados para dejar o vender sus tierras en municipios como Tenejapa, para dar paso a distintas obras, entre ellas la autopista San Cristóbal-Palenque que atravesaría territorios de San Cristóbal, San Juan Chamula, Tenejapa, San Juan Cancuc, Ocosingo, Chilón, Tumbalá, Salto de Agua, Catazajá y Palenque, destruyendo así una gran cantidad de territorios ancestrales pertenecientes a los pueblos indígenas.
El proyecto también contempla la creación de una presa hidroeléctrica en los ríos Agua Azul, Tulijá y Bascán, despojando a las comunidades de sus recursos naturales y lugares sagrados.
En el caso de las presas, distintos investigadores coinciden en que su construcción han dejado alrededor de 200 mil desplazados desde los años 30 del siglo pasado.
Otro caso fue el suscitado en enero pasado en Cancún, Quintana Roo, cuando la destrucción del manglar fue autorizada por el Gobierno federal y las autoridades municipales y estatales. Como la comunidad local se oponía, una brigada de policías y de maquinaria pesada ingresó a esa zona y empezó su destrucción. A la mañana siguiente, el daño era casi irreparable.
Desde 2012, más de 300 grupos ambientalistas en el país hicieron público ante el Tribunal Permanente de los Pueblos [un tribunal ético internacional, de carácter no gubernamental, que pretende identificar y difundir casos de violación de derechos]
En el capítulo de México las organizaciones incluyeron una lista negra de 57 empresas a las que relaciona con el daños al medio ambiente y despojos a comunidades nativas.
La lista fue dada a conocer en noviembre por este digital, entre las empresas involucradas destacan: Pfizer, Suez, Halliburton, Monsanto, Exxon Mobil, Kraft Compañía Minera Fresnillo, Compañía Minera Nuevo Monte de Zimapán, Geotermoléctrica Los Azufres (Hidalgo, Michoacán), Arcelor Mital (Michoacán), Geotermoeléctrica Humeros en Chignautla en Puebla, Central Termoeléctrica José Aceves Pozos (Sinaloa), Sovay Fluor México (Chihuahua), Ideal Standard (Nuevo León), Empresas Ca Le de Tlaxcala, ADM Bio Productos (Sonora), Minera Bismark (Chihuahua), Pemex-Petroquímica Morelos, Cobre de México (Distrito Federal), Prym Fashion México (Estado de México), Power Sonic (Baja California), Arteva Specialities (Querétaro), Acabados de Calidad Tecate, Aceites, Grasas y Derivados (Jalisco), Vivsil (Querétaro), Enerya (Nuevo León), Austin Bacis (Durango), Productos y Diseños de Mármol (Baja California), Forjas Spicer (Tlaxcala), Balatas Mexicanas (Tamauliaps), Pemex-Complejo Procesador de Gas Matapionche, Layne de México (Sonora), Constructoras OHL y TRADECO, Inmobiliarias Casas Geo y Ara, Sadasi, Caabsa Eagle SA de CV, Cementeras Cruz Azul, Tolteca-Cemex, Lafarge, Clarimex, Cargil, FUD, Teck Comico Ltd,Mineras Esperanza Silver de México, Maquiladoras de diversos corredores industriales, Wall-Mart de México, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, Oxxo, 7-Eleven, Costco, Office Depot, Office Max, Home Depot y Home Mart.
