Los grupos de familiares en busca de desaparecidos en Sinaloa han reportado el caso de Sergio Ernesto Ceballos López, Francisco Antonio Ceballos Jiménez, Jesús Antonio Ceballos López y Carlos Omar Pérez Rodríguez, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado 22 de diciembre, luego de que policías municipales de Ahome los detuvieran supuestamente por estar en aparente estado de ebriedad.
Por Samantha Macías y Marcos Vizcarra
Ciudad de México, 14 marzo (SinEmbargo/Noroeste).- Cuatro jóvenes originarios de Culiacán salieron el 21 de diciembre a Los Mochis para pasar las fiestas decembrinas. Sergio Ernesto Ceballos López, Francisco Antonio Ceballos Jiménez, Jesús Antonio Ceballos López y Carlos Omar Pérez Rodríguez, se encuentran desaparecidos desde el pasado 22 de diciembre, luego de que policías municipales de Ahome los detuvieran supuestamente por estar en aparente estado de ebriedad.
Según declaraciones de la señora Patricia López, madre de Sergio Ernesto y Jesús Antonio Ceballos López, asegura que la policía municipal dio por hecho la salida de los cuatro de Barandilla [cárcel de la municipal, los famosos separos], pero no entregó ningún documento para acreditarlo.
“Sí estuvieron, yo pregunté por ellos. ‘Sí estuvieron aquí’, me dijeron, pero que ya se habían salido, que pagaron una multa y salieron libres, yo me alegré”, recordó.
“Pregunté a qué hora salieron y me dijeron ‘no sabríamos decirle, pero fue hace rato’, y bueno, ya yo me arranqué a la Central [de autobuses] y todo. El caso es que a mí se me hace que de ahí no salieron, de la Municipal”, agregó.
Desde esa fecha la señora Patricia ha hecho búsquedas en Los Mochis y Culiacán con los grupos de familiares de desaparecidos como “Voces Unidas por la Vida” y “Las Rastreadoras de El Fuerte”, quienes además de gestionar los casos con las autoridades, hacen recorridos en los montes y algunos terrenos para hallar fosas clandestinas que contengan osamentas o cuerpos que les den esperanzas.
LOS OTROS DESAPARECIDOS
Mirna Medina Quiñonez, fundadora y lideresa del grupo “Desaparecidos de El Fuerte”, mejor conocidos como “Las Rastreadoras de El Fuerte”, busca a su hijo desaparecido, Roberto Corrales Medina, apodado “el chacharitas”, de 21 años, quien fue levantado el 14 de julio de 2014 en el municipio de El Fuerte, al norte del estado de Sinaloa. Roberto vendía accesorios y discos pirata en una gasolinera cuando fue levantado por sujetos que venían en una camioneta negra. Su madre argumenta que ellos supuestamente eran sus “amigos”.
Ella no teme, pues sabe que su hijo seguramente ya fue asesinado, lo que ella busca son sus “huesitos” así como exigir justicia para él y el resto de los jóvenes, que como su hijo, nunca más han vuelto a ver a su familia.
El pasado 27 de noviembre, policías municipales de El Fuerte amenazaron de muerte a la lideresa de “Las Rastreadoras” para exigir la expulsión en Sinaloa de los investigadores de la Procuraduría General de la República (PGR) quienes indagan el paradero de 120 personas, presuntamente víctimas de desaparición forzada principalmente a manos de policías.
«Recibí una llamada, en la que me citaban para verme en cierto lugar con cierta persona omito nombres y lugares por seguridad, pero aquí estaban unas personas que me estaban acompañando ese día que venían a firmar unos documentos que traían para la psicóloga.
«Entonces yo les pedí que me llevaran al lugar donde me citaron y me dejaron ahí, yo salí del carro porque la psicóloga los iba a atender a las cinco de la tarde, entonces yo llegué al lugar con esa persona que es conocida y me dijo ‘¿me identificas?’ y yo le dije que sí, que sabía quien era muy bien, entonces me dijo ‘tú sabes de lo que somos capaces y te vamos a pedir, a exigir, que dejes de traer a esas personas de México, a esos investigadores’, que como sabes andan investigando de PGR», mencionó Mirna Medina.
Las búsquedas de personas que hace el grupo son en distintos municipios del norte del estado, como Choix, El Fuerte y Ahome donde la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa reporta que el 18.14 por ciento de las desapariciones.
Después de esto, la Procuraduría General de justicia de Sinaloa asignó a la señora Medina un policía estatal para su resguardo.
Para la policía Municipal de El Fuerte, Mirna ha sido una piedra dura en el zapato.
El grupo que lidera actualmente tiene registrado 112 casos diferentes de personas desaparecidas en la zona norte de Sinaloa, todos con averiguación previa, sin embargo, Medina Quiñónez aseguró que la cifra es más grande, pero que hay personas que expresan tener miedo a denunciar por represalias.
IGUALA, TIERRA BLANCA, NL…
En México, más de 26 mil personas se encuentran en calidad de desaparecidas, según cifras oficiales, pero existe una enorme “cifra negra” de quienes no han denunciado por diversos motivos como amenazas e inseguridad. Pese a ello, el gobierno mexicano no ha reconocido en su totalidad la dimensión de este problema, diversas organizaciones dan cuenta de la falta de voluntad para investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso en las desapariciones en las que hay evidencia de detención o privación de la libertad por parte de agentes del Estado o bandas de delincuentes.
El diciembre pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que en el tema de desapariciones “faltaban pasos que dar”, por lo que anunció que enviará al Congreso de la Unión las iniciativas de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura, a fin de erradicar estas prácticas en el país.
De aprobarse la iniciativa, dijo, se implementará un Sistema Nacional de Búsqueda, el Registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, además del Registro Nacional Forense, y el Consejo Nacional Ciudadano.
Ayer, la Secretaría de Marina (Semar) confirmó que cinco marinos fueron puestos a disposición de un juez del fuero común por su probable participación en la desaparición forzada de un hombre en 2013 en el estado de Nuevo León.
Apenas el jueves, Amnistía Internacional (AI) difundió el caso.
“Entre el 3 y 4 de marzo del año en curso, esta institución puso a disposición del Juzgado tercero de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León a los elementos involucrados en el caso”, explicó la Secretaría en un comunicado.
En el documento informó también que a los cinco marinos se les dictaron autos de formal prisión entre el martes y miércoles por el delito de desaparición forzada. La Secretaría de Marina aclaró que mientras un juez no dicte una sentencia condenatoria se presume la inocencia de los marinos.
De acuerdo con AI, los marinos detuvieron en agosto de 2013 a Armando del Bosque Villarreal cuando viajaba en auto por la localidad de Colombia, en Nuevo León. Dos meses después, el cadáver del hombre de 33 años fue encontrado a dos kilómetros de la base de la Armada con heridas de bala.
Amnistía consideró que el hecho “debe ser señal de un cambio de política” en materia de desapariciones en México.
Veracruz, es otro de los estados donde las autoridades están implicadas en la desaparición de personas.
Durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa –de acuerdo con un recuento de los casos expuestos en la prensa veracruzana, documentados con denuncias ante el Ministerio Público– hay al menos 42 casos de desaparición forzada en los cuales los señalados son policías. Más del 90 por ciento de esos ausentes no han recibido ni una pizca de la atención que la Fiscalía de Luis Ángel Bravo Contreras ha dado al caso de los cinco de Playa Vicente llevados de Tierra Blanca.
El 11 de enero cinco jóvenes, entre ellos una mujer de 16 años, desaparecieron después de que policías se los llevaron en la región de Tierra Blanca cuando cargaban gasolina en una estación de servicio, de acuerdo con familiares.
Los jóvenes habían ido a la ciudad de Veracruz a divertirse y regresaban por carretera a su pueblo, Playa Vicente.
De acuerdo con las autoridades, hay indicios de la participación de terceros. Al parecer, los policías los entregaron a algún grupo delictivo. No se sabe el motivo.
Por este caso, que empieza a ser llamado el Ayotzinapa de Veracruz, han sido detenidos hasta el momento ocho policías como probables responsables.
En Guerrero, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la madrugada del viernes 26 de septiembre de 2014 se convirtió en un parteaguas en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.
La tragedia ocurrida en el municipio de Iguala donde normalistas e integrantes del equipo de futbol local “Los Avispones”, fueron atacados a tiros por policías, dejó al descubierto para el mundo entero lo que ya se sabía en la prensa local: la complicidad de las autoridades mexicanas con el crimen organizado.
Este fin de semana, Roberto Scarpinato, Fiscal General en la Corte de Apelaciones de Palermo, propuso que la Organización de Naciones Unidas (ONU) cree un Tribunal Penal Internacional ad hoc sobre México para atender la situación de violencia e inseguridad por la que atraviesa el país.
Scarpinato es uno de los líderes históricos de la lucha antimafia en Italia, reconocido por su papel en el combate contra el crimen organizado en ese país durante más de dos décadas.
El Fiscal formuló su propuesta en una mesa de debate que compartió con Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la periodista María Jesús Alonso Lormand, tras la proyección del documental Cartel Land, que retrata el levantamiento de los movimientos de autodefensa que se enfrentaron a los cárteles de la droga en Michoacán.
Roberto Scarpinato detalló que este Tribunal Penal Internacional debería atender tres puntos para intervenir contra “los crímenes contra la humanidad que son cometidos en México” como “genocidios, masacres, violaciones masivas”, así como contra las desapariciones forzadas y los crímenes financieros internacionales.
Este lunes, el estado de Coahuila fue sede de la Tercera Audiencia Pública Regional sobre la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, en la que se reunieron representantes de colectivos y organizaciones encargadas de la búsqueda de personas con autoridades locales.
En el encuentro se destacó que el 55 por ciento de los reportes de desapariciones en el país corresponden a los estados norteños de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Baja California y Tamaulipas, de acuerdo con datos proporcionados por Gabino Gómez, representante de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua.
Durante la Audiencia Pública Regional sobre la Ley General para prevenir y Sancionar los delitos en materia de desaparición de personas, el defensor de los derechos humanos, señaló que en México se tiene conocimiento de 28 mil 161 personas desaparecidas, la mayoría en el norte del país.
