En una carta pública, firmada por una treintena de comunicadores y dos organizaciones civiles, el Centro Acambarense de Derechos Humanos “Fray Raúl Vera” y el Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”, recordaron que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) había determinado en 2014 que Solís Arzola fue responsable de violar la libertad de expresión con la agresión a la reportera del Heraldo de León.
Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo/ZonaFranca).– Tras la detención del ex Alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, el gremio periodístico de Guanajuato se unió en la exigencia de justicia para la reportera Karla Silva, pero sobre todo de una garantía de no repetición.
En una carta pública, firmada por una treintena de comunicadores y dos organizaciones civiles, el Centro Acambarense de Derechos Humanos “Fray Raúl Vera” y el Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”, recordaron que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) había determinado en 2014 que Solís Arzola fue responsable de violar la libertad de expresión con la agresión a la reportera del Heraldo de León.
“Pese a ello, el documento recomendatorio de la PDHEG ha sido criticado por su poca calidad al no cumplir con los estándares en materia de reparación del daño y medidas de no repetición”, mencionaron.
Advirtieron que continuarán vigilantes de la actuación de las autoridades durante el proceso que sigue, “para que se realice con apego a los más altos criterios en materia de derechos humanos y fuera de negociaciones políticas”.
TEXTO ÍNTEGRO:
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (caso Chanfeau y otros, 1999) ha señalado que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos violatorios de derechos humanos ocurridos, sus circunstancias específicas y quienes participaron en ellos, lo que no sólo es un modo de reparación, sino que previene futuras violaciones a derechos humanos.
«La periodista Karla Silva fue agredida en sus propias oficinas en Silao el 04 de septiembre de 2014 y después de 18 meses, con la detención de Benjamín Solís Arzola, es posible que se pueda acceder por fin a la sanción del autor intelectual y que la sociedad pueda acceder al derecho a la verdad.
«Quisiéramos recordar que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) había determinado en 2014 que Solís Arzola fue responsable de violar la libertad de expresión con la agresión a la reportera del Heraldo de León. Pese a ello, el documento recomendatorio de la PDHEG ha sido criticado por su poca calidad al no cumplir con los estándares en materia de reparación del daño y medidas de no repetición.
«Quienes suscribimos este documento quisiéramos reconocer el trabajo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG) ha realizado para ordenar la detención de Solís Arzola como presunto responsable y autor intelectual de la agresión a nuestra compañera, pero al mismo tiempo señalamos que nos mantendremos vigilantes de la actuación de las autoridades para que el proceso se realice con apego a los más altos criterios en materia de derechos humanos y fuera de negociaciones políticas.
«Si bien hasta ahora se han atendido delitos relacionados con la integridad física de Karla en los procesos contra los autores materiales, no existe en Guanajuato un marco normativo que penalice las agresiones a periodistas en el marco de la protección de la libertad de expresión. La PGJEG tampoco ha aplicado la perspectiva de género ni ha analizado las afectaciones diferenciadas a Karla por su condición de mujer.
«La detención es única en su tipo a nivel nacional y puede ser una esperanza para el tan esperado acceso a la justicia para Karla y una aproximación al derecho a la verdad mencionado líneas arriba.
«El aumento del 1300% en las agresiones a periodistas de 2014 a 2015 en la entidad requiere de una respuesta integral por parte de las instituciones del Estado. En este contexto exhortamos al Congreso del Estado a proponer una nueva iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para Guanajuato, que contenga una perspectiva integral, incluido el combate a la impunidad y mecanismos efectivos de política pública, en diálogo permanente con periodistas y personas defensoras de derechos humanos».
DIPUTADOS EN DEUDA CON LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El Poder Legislativo de Guanajuato mantiene una deuda con los periodistas y defensores de derechos humanos de la entidad, por el rezago en el trabajo para crear una ley que garantice la libertad de expresión en el estado.
Así lo manifestó la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, luego de reconocer el trabajo realizado por la Procuraduría de Justicia del Estado, por la detención del exacalde de Silao, Benjamín Solís Arzola, acusado de ser el autor intelectual del ataque a la periodista Karla Silva y Adriana Palacios.
Cruz Sánchez recordó que la deuda de los diputados locales con la libertad de expresión no se limita a la emisión de una ley que proteja a periodistas y a defensores de derechos humanos, sino a la inacción de la anterior Legislatura, cuando se solicitó que se iniciara un proceso en contra del todavía alcalde de Silao, por la agresión a Karla Silva y su compañera Adriana Palacios.
“Yo creo que es el Legislativo el que ha estado en deuda, si recuerdan se solicitó al Legislativo que hiciera el proceso de desafuero para que enfrentara el juicio y no lo hizo, creo que sigue en deuda con los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos”.
“Les toca y corresponde, por lo menos, emitir la ley para que este tipo de casos no se vuelvan a repetir, y si se repiten –ojalá que no- que tengamos medidas para salvaguardar la vida y la protección de las personas defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión”, expresó.
Fue en junio del 2015 cuando un colectivo de periodistas presentó la solicitud para iniciar el proceso de revocación de mandato.
Sin embargo, en septiembre del 2015, un año después de la agresión a la periodista Karla Silva, los diputados locales desecharon la solicitud presentada tres meses antes por periodistas.
LA LEY QUE NO SE CONCRETA
La exigencia de una ley que protegiera a personas defensoras de derechos humanos y periodistas llegó al Congreso de Guanajuato el 17 de septiembre del 2014, apenas una semana después de la brutal golpiza a la corresponsal de El Heraldo en Silao, Karla Silva, y de Adriana Palacios, asistente de la oficina del diario.
Aunque meses antes la entonces diputada del PRD, Guadalupe Torres Rea, llevó a una iniciativa para la creación de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, se había mantenido la propuesta en la congeladora legislativa.
Las mesas de trabajo a las que convocó la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para analizar la iniciativa perredista, se dio con la participación de periodistas que llevaron al Legislativo propuestas para enriquecer la iniciativa ya propuesta.
Fue en diciembre cuando se concretó la primera mesa de trabajo, a la que no llegaron los diputados integrantes de la comisión y enviaron solamente a los asesores para hablar con las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Para junio del 2015, unos meses antes de que terminara la Legislatura, la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, que entonces presidía el priista Felipe Orozco Gutiérrez, anuncia que la propuesta del PRD se iría al archivo porque se trata de una copia de la Ley General.
Sin embargo, hasta febrero 2016 la comisión de Derechos Humanos ahora presidida por la también priista Luz Elena Govea López aprobó el dictamen para enviar al archivo la propuesta presentada en el 2014 por el PRD.
Aunque fue desde 17 de febrero que se aprobó el archivo de la iniciativa en comisión, el dictamen todavía no pasa al Pleno para que quede formalmente desechada la propuesta y se abra la posibilidad de presentar una nueva iniciativa.
Ha transcurrido prácticamente un mes desde que se ordenó el dictamen para el archivo, pero mientras no se apruebe por los diputados locales, se mantiene en lo que se conoce como “la congeladora”.
– Con información de Carmen Pizano, Zona Franca
