Además exigieron al Gobierno de Honduras justicia para Berta Cáceres, de quien dijeron conocer su trayectoria en defensa de la tierra.
Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– Quince ONGs y más de 70 personas del sureste del país firmaron una solicitud para que el Gobierno de México intervenga para acelerar el proceso de retorno de Gustavo Castro Soto, quien atestiguó el asesinato de la activista indígena hondureña, Berta Cáceres.
Este pronunciamiento surgió tras la decisión de prolongar por 30 días más una alerta migratoria a Gustavo Castro, impidiéndole regresar a México. Los firmantes apoyan el argumento que Castro emitió: «ya declaró y las demás diligencias las puede hacer aquí en México», suscribe la misiva.
Además exigieron al Gobierno de Honduras justicia para Berta Cáceres, de quien dijeron conocer su trayectoria en defensa de la tierra.
Las organizaciones firmantes son:
Casa de la Mujer Ixim Antsetic, Salud y Desarrollo Comunitario, Ixiktak y Red Junco de la Selva Norte De Chiapas Y Pantanos De Tabasco, Coalición Ciudadana de Palenque, Melel Xojobal, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Programa Interdisciplinario de Desarrollo Humano de la UAM-X, Giiadec, Cofemo, A. C., Comité de derechos humanos Fray pedro Lorenzo de la Nada AC, Maderas del Pueblo del Sureste, AC, Comité nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, Movimiento en defensa de la tierra, el territorio y por la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
Desde el pasado 7 de marzo, cuando Castro Soto fue interceptado por autoridades de Honduras cuando iba a abordar un avión con destino a México, las autoridades de aquel país han insistido en que Castro se encuentra bajo calidad de testigo protegido y que su declaración es fundamental para la investigación del asesinato de Cáceres.
Berta Cáceres, líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el pasado 3 de marzo en su domicilio en la ciudad de La Esperanza, en el oeste de Honduras, por un número todavía indeterminado de hombres que le dispararon y huyeron, y que antes hirieron a Castro Soto, quien la acompañaba.
