Las autoridades hondureñas han insistido en que Castro se encuentra bajo calidad de testigo protegido, y que su declaración es fundamental para la investigación.
Ginebra, 10 mar (EFE).- El relator de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Frost, urgió hoy al Gobierno de Honduras a que garantice la seguridad del activista mexicano Gustavo Castro Soto, herido durante el asesinato de la hondureña Berta Cáceres.
«Exhorto a las autoridades hondureñas a garantizar que la vida de Castro Soto no corra más riesgos en el país y que le permitan regresar a México lo más pronto posible», dijo el relator en un comunicado.
Actualmente, Castro Soto está impedido de abandonar Honduras hacia México, su país de origen, debido a una decisión judicial que no le permite abandonar el país en 30 días.
El pasado 7 de marzo, Casto Soto fue interceptado por autoridades de Honduras en el aeropuerto de Tegucigalpa, cuando pretendía abordar el avión con destino a México después de presenciar el asesinato de la activista hondureña Cáceres.
En ese momento, el activista iba acompañado de Dolores Jiménez Hernández, Embajadora de México en Honduras, y del Cónsul Pedro Barragán, quienes tuvieron que forcejear con las autoridades hondureñas en el aeropuerto para salvaguardar a su compatriota y dirigirse a la Embajada.
Las autoridades hondureñas han insistido en que Castro se encuentra bajo calidad de testigo protegido y que su declaración es fundamental para la investigación.
La activista Berta Cáceres fue asesinada el pasado 3 de marzo en su domicilio en la ciudad de La Esperanza, en el oeste de Honduras, por un número todavía indeterminado de hombres que le dispararon y huyeron, y que antes hirieron a Castro Soto que se encontraba con ella.
En este sentido, el relator insistió en que el Gobierno hondureño debe asegurar que se realice una investigación «inmediata, independiente e imparcial» de la muerte de Cáceres.
«Ya es hora de que el Gobierno de Honduras intervenga de forma concreta en la situación de flagrante impunidad ante el creciente número de ejecuciones de defensores de los derechos humanos, en particular de los que defienden los derechos del medio ambiente y de la tierra en el país», concluyó Frost.
