Al presentar las conclusiones de su visita a México a finales de 2015, la CIDH pidió al Gobierno de Enrique Peña Nieto reconocer la gravedad de la situación que enfrenta el país y no «minimizarla hablando de casos aislados». Pero esto último es lo que justamente ha hecho el Ejecutivo, que repitió la misma receta que utilizó hace un año cuando el relator de la ONU para casos de tortura, Juan Méndez, afirmó que esa práctica es generalizada en el país y ocurre en un contexto de impunidad.
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– A semanas de concluir el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), investiga la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, los expertos afirmaron este semana en Europa que siguen enfrentándose a una zona gris y a una campaña de desprestigio.
En entrevista para la cadena internacional alemana Deutsche Welle, Beatriz Becerra Basterrechea, vicepresidenta de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo, aseguró que si el GIEI no tiene acceso a las pruebas y a la información que necesita “no habrá nada nuevo en las investigaciones”.
La eurodiputada, que formó parte de la delegación que viajó a México para abordar con diversos actores de la sociedad la situación de las garantías individuales, constató que los temas de corrupción, violencia contra defensores de derechos humanos, y desapariciones “coinciden todos en el mismo punto: la impunidad que nutre la desconfianza de los ciudadanos a las instituciones”.
Los expertos del GIEI, Claudia Paz y Paz y Carlos Beristain, coincidieron que una de las amenazas que enfrentan es que el caso de los 43 normalistas se cierre al acabar el segundo mandato, en abril, sin haber sido esclarecido del todo.
Además de la necesidad de seguir nuevas líneas de investigación como la de que el quinto autobús, presumiblemente cargado de droga, debía seguir la ruta Iguala-Chicago, los expertos mencionaron a la Deutsche Welle que sigue existiendo fragmentación en la información.
“Varias unidades [de transporte] tienen momentos distintos de los hechos del mismo caso y no se comunican. Detienen a una persona en flagrancia por drogas, y va hacia crimen organizado y no va a derechos humanos. Un fiscal no tiene conocimiento de los hechos que está esclareciendo el otro. Nosotros solicitamos que toda esta información se centralice para tener una visión integral de los hechos”, explicó Paz y Paz a la televisora alemana.
A esa zona gris se añaden, según los expertos, que la confesión sin necesidad de verificación con pruebas adicionales tenga valor judicial en México y que de los 80 detenidos que hay en este momento por el caso de Iguala, el 77 por ciento tenga lesiones en el cuerpo.
CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO
Al presentar las conclusiones de su visita a México a finales de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de Enrique Peña Nieto reconocer la gravedad de la situación que enfrenta el país y no «minimizarla hablando de casos aislados».
Sin embargo, el Ejecutivo, que repitió la misma receta que utilizó hace un año cuando el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura, Juan Méndez, afirmó que esa práctica es generalizada en el país y ocurre en un contexto de impunidad.
En aquel momento el Gobierno rechazó la palabra «generalizada» y llegó al extremo de acusar al relator argentino de no ser «profesional y ético», unas palabras que Méndez recibió como un «ataque personal».
El cruce entre las partes siguió durante un mes hasta que el Gobierno dio por terminadas las diferencias tras hacer un llamado a «voltear la página y mirar hacia adelante» para atender el tema y dejar la puerta abierta a una nueva visita del relator que aún no está concretada.
No obstante, a las desventajas que enfrentan los expertos del GIEI en México se agrega la campaña de desprestigio en su contra.
“Queremos darles [al GIEI] esa visibilidad para que las acciones de difamación y acoso no sólo no se produzcan sino que no enturbien su trabajo. México necesita verdad”, dijo la eurodiputada Becerra Basterrechea.
La integrante del GIEI, Claudia Paz, reveló que la investigación está a cargo de las autoridades mexicanas y ellos no tienen policías para que los auxilien en la investigación sobre los normalistas desaparecidos.
“No tenemos policía a nuestras órdenes como sí sucede en el caso del CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad) en Guatemala”, explicó a la DW.
Cuando Amnistía Internacional (AI) denunció hace unos días en su informe anual que la impunidad y la violación de derechos humanos sigue siendo la norma en México, el Gobierno esquivó la cuestión alegando que los señalamientos al país «son prácticamente los mismos» que los emitidos a nivel mundial.
El diagnóstico de la CIDH, basado en la visita que el órgano hizo al país entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, «no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos», aseguró el Ejecutivo.
LAS CIFRAS CONFIRMAN LOS INFORMES
Las cifras oficiales hablan por sí solas: 26 mil 798 personas están desaparecidas, muchas de ellas a manos de agentes del Estado, la tasas de homicidios es superior a 10 por cada 100 mil habitantes y el 98 por ciento de los delitos no llega a tener una sentencia condenatoria.
Quince meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a manos de policías a sueldo del crimen organizado en el estado de Guerrero, un caso que generó gran indignación dentro y fuera del país, este no solo sigue sin resolverse, sino que ya se repitió en otra zona del país.
Justo esta semana fuentes del Gobierno confirmaron que un policía de Veracruz dijo que los cinco jóvenes que desaparecieron en enero pasado en el municipio de Tierra Blanca fueron quemados, sus restos triturados y lanzados a un pequeño río.
En ambos casos los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del crimen organizado. Y también, según las declaraciones de testigos o autores materiales, asesinados, sus restos incinerados y lanzados a un río.
Pero los familiares no creen en dichas versiones -en el caso de Ayotzinapa la llamada «verdad histórica» ya ha sido cuestionada por forenses argentinos y por los expertos nombrados por la CIDH-, piden pruebas científicas y que siga la búsqueda de sus hijos con vida.
En su respuesta a la CIDH, el Gobierno defendió avances en materia legislativa, que a decir de las ONG se han quedado en el papel, y reiteró que «trabaja constantemente para (…) garantizar la seguridad», promover el respeto a «los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia».
El Ejecutivo aún se opone a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes entreviste a los militares del batallón de Iguala que fueron testigos de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, uno de los puntos en los que ha insistido la CIDH.
En opinión de organizaciones de derechos humanos, desde el Estado se apuesta al olvido; no existe la voluntad para aclarar los hechos y sancionar a los responsables, como tampoco para generar las condiciones para evitar la repetición.
Más de un centenar de ONGs llamaron al Gobierno a aceptar el diagnóstico de la CIDH y advirtieron que ignorar las recomendaciones supondría, una vez más, «el desdén gubernamental hacia una política real que tienda a erradicar las violaciones a los derechos humanos».
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que el primer paso para afrontar el problema es reconocer sus dimensiones y pidió una respuesta «responsable» a los mexicanos agraviados por la violencia, la inseguridad, la tortura y las desapariciones.
–Con información de Paola Martínez Castro, EFE
