La guerra contra las drogas ha dejado en México una este de dolor. Los desplazados son una de las tantas caras de las víctimas de la violencia. Miles de personas en distintas regiones del país han tenido que dejar sus comunidades y sus pertenencias. Salvar su vida y escapar del crimen es su pan de cada día.
Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).– Tras el asesinato de su hijo, Indalecio Benítez Mondragón y su familia tuvieron que salir del municipio de Luvianos, Estado de México. No fue sencillo llegar a un nuevo lugar, dice el comunicador, pese a estar bajo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
A casi dos años de salir de su hogar en la región de Tierra Caliente, asegura que fue complicado conseguir trabajo, cubrir los gastos y estar al pendiente de la averiguación respecto al atentado que sufrió el 1 de agosto de 2014, en el que un grupo armado asesinó a su hijo Juan Diego Benítez, de 12 años de edad.
«Es difícil, en primera porque te tienes que adaptar a otra forma de vida: llegas a un lugar donde todo es más caro y tienes que acoplarte, no sólo tú, sino toda tu familia. Son gastos, comidas, el clima… El Estado es opaco, no hay ningún respaldo. Y todavía, después que te desplazas, viene –en algunos casos– la criminalización», relata director de la radio comunitaria Calentana Mexiquense 98.1 FM.
Al llegar a un nuevo refugio, Indalecio no sólo asumió los gastos cotidianos de un jefe de familia, sino que a partir de la protección con la que cuenta, tuvo que destinar recursos para las medidas de seguridad en la radio y en su antiguo hogar, el cual está custodiado por al menos 10 policías que «prácticamente viven ahí».
En entrevista con SinEmbargo, Benítez refiere que durante estos 20 meses fuera se acabaron sus ahorros, sumado a ello, la vida de su familia cambió.
–¿Recuerda cómo fue el comienzo?
–Desde entonces tenemos que vivir con bajo perfil. A veces, cuando voy al pueblo tengo que ir con acompañamiento de seguridad. No se puede hacer vida social. No puedo ir a ver un partido de futbol a la deportiva. Todo cambia: el convivir con tus amistades. Te comienzas a marginar y te comienzan a marginar ellos. Porque ellos mismos te saludan con miedo, porque piensan que si en el momento en que te están saludando llegan y te madrean, les va a tocar a ellos. Esto es constante. Es crónica esta situación. Te cambia la vida y aprendes a lidiar con ello.
–¿Se sentía seguro en su nuevo hogar?
–Yo me sentía seguro, pero en una ocasión, a unos días de que pasara eso [el asesinato de Juan Diego Benítez] salimos del refugio para ir por víveres. Fuimos a la tienda entre ocho u ocho y media de la noche. Cuando íbamos llegando a la casa, comenzaron a llorar: primero mi esposa, y mis hijos al verla llorar también comenzaron a llorar. Les pregunté: ¿qué tienen? Mi esposa me dijo que me esperara, que revisará si alguien nos estaba esperando. O sea, entraron en un estado de pánico.
–¿Y alguien los seguía o esperaba?
–No, nadie. Pero te quedas con esa tensión, porque era de noche y estaba la calle sola. Yo estaba confiado porque nadie sabía nuestra ubicación, ni mis familiares. No sentí desconfianza. Claro, si alguien nos quería hacer algo, pues tendrían que ser del Gobierno, porque ellos son los únicos que saben dónde estoy porque me dieron el botón de pánico.
–¿Cree que se ha quedado corto el mecanismo?
–No sé si el mecanismo se quede corto, o es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no está haciendo su parte, porque ahí debería tener un rubro que subsane la educación de los hijos y los gastos secundarios, o sea una protección más integral, que contemple otras cosas.
–¿Qué tipo de cosas?
–Por ejemplo, a un año ocho meses [de exiliarse], el vehículo donde recibí el atentado todavía está en el corralón porque no he tenido dinero para sacarlo; primero metí un escrito a la FEADLE [Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión] para que redujeran el costo, pero no resolvieron nada, luego hice la solicitud directa a la Comisión Ejecutiva y hasta la fecha no me han resuelto si hay alguna condonación. Hace un año cuatro meses, metí una solicitud a la Comisión para las becas de mis hijos, pero tampoco he tenido respuesta.
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En México existen cientos de miles de desplazados internos por la violencia en el marco del combate al narcotráfico. Médicos, activistas, docentes, campesinos, amas de casa, periodistas, choferes, entre otros, han tenido que abandonar su hogar por culpa de la violencia generalizada. Sin embargo, no existe una cifra oficial, ni mucho menos un marco jurídico nacional que regule esta situación, tampoco hay políticas públicas que la atiendan.
La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) calcula que al menos existen 281 mil desplazados por culpa de la violencia relacionada con grupos criminales. Sin embargo, este conteo se realizó tomando en cuenta éxodos de comunidades completas y no contempla el registro de casos «gota a gota», que por su naturaleza, se trata de personas o familias que se mueven pero no dejan rastro para no ser perseguidas.
Brenda Gabriela Pérez Vázquez, directora del área de Desplazamiento Interno de la CMDPDH, informó que de 2011 a 2016, se han registrado 154 episodios de desplazamientos masivo –más de 10 familias–. Los estados donde impera este fenómeno son: Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chiapas y Tamaulipas; justo las entidades donde hay operaciones del crimen organizado o se mantiene o surgió un conflicto armado.
«A nivel local no hay capacidad para atender y proteger los derechos de este sector de la población. Ni siquiera se investigan los delitos de las víctimas, tampoco se sanciona a los responsables. Y por supuesto hemos documentado que hay una ausencia terrible de programas de atención integral. Incluso nos hemos dado cuenta que hay procesos de revictimización cuando las víctimas se acercan a una institución u organismo», detalló Pérez Vázquez.
La integrante de la CMDPDH explicó que las víctimas de desplazamiento viven violaciones incluso antes de tener un nuevo comienzo, pues en ocasiones sufren delitos o algún integrante de su familia –como secuestro, extorsión, entre otros–.
–¿Hay un sector específico de la población al que afecte este fenómeno?
–No, puede ser cualquiera. Históricamente veíamos que el desplazamiento lo encabezaban campesinos o indígenas, ubicados en territorios específicos. Ahora estas composiciones se diversifican. Digamos, se democratiza el desplazamiento. Le toca a todo mundo: el campesino, activistas, periodistas, pequeños propietarios de negocios, empresarios, alcaldes u otros funcionarios…
–¿El Gobierno reconoce este fenómeno de desplazamiento?
–No. De manera oficial no ha reconocido el desplazamiento en su más alto nivel. Escuchamos pronunciamientos, que no son oficiales. Son reconocimientos implícitos, por parte de algunos alcaldes, algunos funcionarios de desarrollo social.
–¿Lo hacen para esconder la situación de violencia?
–Claro. Justamente la implicación de reconocer este tema es demasiado grave, por las causas que provocan el desplazamiento. Y además, siempre se disfraza el término de desplazamiento con otros términos. ¿Por qué? Porque entonces le otorgaría la responsabilidad que tiene el Estado. En muchas ocasiones, el lugar de desplazados se les llama damnificados, para disfrazar quiénes son y así evadir las responsabilidades.
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El pasado 2 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su informe “Situación de Derechos Humanos en México”, el cual plantea que el gran desafío del Estado mexicano radica en romper “el ciclo de impunidad imperante” que persiste en el país desde hace décadas y así poder lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos.
La CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), constató, después de que siete de sus integrantes visitaran en octubre al país, los “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas [de violaciones a sus derechos humanos] y a sus familiares”.
Respecto al desplazamiento interno forzado, la Comisión Interamericana constató en terreno que la situación de inseguridad y violencia que atraviesa el país tiene un grave y desproporcionado efecto sobre las personas que se mueven de sus lugares de origen.
«Los desplazamientos se realizan de manera silenciosa, furtiva, incluso evitando solicitar el apoyo de las autoridades por la desconfianza y temor a que ellas mismas señalen a las víctimas ante sus agresores”, dice el documento.
El informe agrega que: «La sociedad civil indicó a la Comisión Interamericana que el desplazamiento interno afecta de forma desproporcionada a adultos mayores, mujeres, niños e indígenas particularmente a aquellos de escasos recursos, quienes se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad debido a la falta de protección por parte de las instituciones del Estado, en sus tres niveles de Gobierno».
El organismo internacional refirió también que las dificultades específicas de las personas desplazadas son: en el acceso a la vivienda, acceso a educación y derechos de propiedad, el acceso a una atención integral de la salud, dificultades en obtención de empleos, y la afectación general a los derechos económicos, sociales y culturales.
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En 2010 México contaba con 3.2 millones migrantes internos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En aquel entonces las personas que se desplazaban por el país eran indígenas o campesinos originarios de estados como: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Veracruz, San Luis Potosí y Chihuahua.
De acuerdo con un informe de la organización Tlachinollan, la principal razón de la movilidad fue: «Una estrategia de supervivencia frente a las condiciones de precariedad en las que viven, comunidades enteras se trasladan de sus lugares de origen a otras partes de México para trabajar en campos agrícolas como jornaleros».
En la actualidad, a esas cifras se suman los desplazados por la violencia y megraproyectos o situaciones relacionadas con el cambio climático.
En el informe “Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana” se exponen que la inseguridad y la lucha de las autoridades mexicanas contra los cárteles de las drogas no son fenómenos nuevos en México. Sin embargo, tres factores recientes contribuyen a intensificar la violencia: la estrategia de seguridad puesta en marcha del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la cual se basó “en una policía de enfrentamiento abierto y en el uso de operativos conjuntos, en los que participaron el Ejército, la Martina y las policías locales”.
En segundo lugar menciona el recrudecimiento de la lucha por distribución de drogas de los cárteles. Finalmente está la proliferación de grupos delictivos más pequeños que luchan entre sí por el control del territorio, concentrando su actividad criminal en otros delitos como la extorsión, el cobro de cuotas de piso, secuestro, distribución y venta de drogas en el mercado local.
“La presencia del Ejército mexicano en las calles de las principales ciudades agitadas por el crimen ha sido percibida por la sociedad como una causa más de inseguridad”, detalla el texto.
El estudio, realizado por la profesora Laura Rubio Díaz-Leal del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Daniela Bachi de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señala que como consecuencia de los patrones de violencia que se vive en México, al menos en 12 estados se han producido éxodos de personas, fenómeno que no sólo afecta a las entidades que los expulsaron, también a los receptores, debido a que éstos últimos deben incorporar a una población con necesidades económicas.
“Si bien, el desplazamiento forzado en México en las condiciones actuales pega a toda la sociedad en su conjunto, afecta de manera más aguda a las poblaciones más vulnerables: ancianos, mujeres, niños e indígenas con recursos ilimitados”, sostiene la investigación.
La guerra contra las drogas en México ha cobrado la vida de al menos 100 mil personas en los últimos ocho años y más de 27 mil desaparecidos, aunque las cifras son objeto de un intenso debate.
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La respuesta del Gobierno mexicano, ante «la crisis de desplazamiento forzado» es casi nula, consideró Brenda Gabriela Pérez Vázquez, directora del área de Desplazamiento Interno de la CMDPDH.
Sólo en Chiapas y en Guerrero existe una ley para la prevención y atención de desplazamiento forzado, pero Brenda Pérez denunció que la mala implementación ha provocado que la legislación sea inútil.
Por otra parte, cuando una víctima acude a instituciones, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o algún organismo público de derechos humanos, no siempre se le reconoce como tal.
«El registro de las víctimas está supeditado a que haya una denuncia ante un Ministerio Público Federal. Esto genera ambigüedades cuando registran a las víctimas. Otro camino es por medio de denuncias por violaciones a derechos humanos. Y algo que decimos nosotros es que debe entederse al desplazamiento como una acción reactiva –o sea, después de que algo ocurre–, o preventiva, que surge por un temor fundado de que tu vida corra peligra. Entonces qué pasa cuando alguien no fue víctima de algún delito, pero huye porque la violencia está cerca de él. Entonces las autoridades deben entender eso como un derecho legítimo», detalló la activista.
–¿Qué puede hacer una víctima de desplazamiento forzado? –se le preguntó a Pérez.
–Hay dos vías: una es que levanten una queja ante una comisión de derechos humanos y la otra es buscar la inscripción ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), buscando sus dependencias estatales o regionales –finalizó.
