Con motivo de la Jornada Nacional contra la Corrupción, el próximo 13 de marzo, más de 60 organizaciones civiles promoverán la Ley General de Responsabilidades Administrativas que buscan llevar al Congreso como una de las primeras iniciativas ciudadanas.
Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– Lo que nació como una plataforma para que los candidatos de las elecciones pasadas hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales y de posible conflicto de interés, la Ley General de Responsabilidades Administrativas o «Ley 3de3», buscará llegar al Congreso para buscar su aprobación como una iniciativa ciudadana.
Esta Ley propone una estructura normativa que busca empatar con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que de acuerdo con lo estipulado en la Constitución, debe sentar las bases adecuadas para sistematizar una política y acciones en materia, que tengan alcance nacional. Esta legislación sería válida en los diferentes niveles de gobierno y los tres poderes del Estado.
De aprobarse la Ley se tendría una definición de cuáles son las conductas consideradas como corrupción, además de precisar quiénes son los sujetos sancionables: servidores públicos y particulares (cuando estén participando en actos de corrupción), porque hasta ahora sólo son sujetos los primeros; establece que podrían ser sancionadas aquellas personas que integran los equipos de transición, porque existe la duda de si son o no servidores públicos.
También se sancionaría a aquellos que sin ser servidores públicos tienen una posición real de poder o influencia, a los que han sido elegidos pero que no han tomado posesión de sus cargos y también a candidatos y a dirigentes de partidos políticos, esto porque la evidencia señala que en buena medida, la corrupción tiene que ver con el pago de favores o de compromisos que se han hecho en la campaña.
En cuanto a los castigos, se propone el resarcimiento del daño cuando se afecte al patrimonio o erario público, además de una pena adicional. También se contempla la inhabilitación de funcionarios o de contrataciones a empresas que hayan estado involucradas en este tipo de actos.
Ley General de Responsabilidades sería una de las piezas que formarían parte del SNA.
Las más de 60 organizaciones que impulsan la iniciativa y que intentarán reunir más de 120 mil firmas que soporten el documento, señalaron que el problema de la corrupción ha generado un círculo vicioso en el que los que tienen más poder ponen las reglas a su favor, además de que junto con la impunidad, son barreras que merman el desarrollo del país.
En conferencia de prensa en la que anunciaron las actividades a seguir en la Jornada Nacional contra la Corrupción, Mauricio Merino habló sobre el riesgo de que el Sistema Nacional Anticorrupción, que está en construcción, no tome en cuenta las propuestas vertidas en la Ley propuesta, “todo el esfuerzo podría venirse abajo”.
De acuerdo con información del Índice de Percepción de Corrupción y Transparencia, México ocupa el lugar 95 de 165 países en orden descendente. El Banco de México señaló que para 2015, la corrupción le costó al país el equivalente al 9 por ciento del PIB, es decir, 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos. El Banco Mundial coincidió con la cifra y agregó que la cantidad podía compararse con el 80 por ciento de la recaudación de impuestos nacional.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó que 86 mil millones de pesos fueron utilizados en desvíos, subejercicios, despilfarro de recursos públicos y pagos indebidos en el Gobierno federal, y según Transparencia Mexicana, en 2010 se destinaron 32 mil millones de pesos a mordidas e incluso los hogares con salario mínimo destinan al año el 33 por ciento de sus ingresos para pagar actos de corrupción.
El documento de esta iniciativa de Ley provee de particularidades al Sistema Nacional Anticorrupción; propone que la corrupción no solamente se realiza considerando conductas individuales, sino también comportamientos a través de redes integradas por servidores públicos por sí mismos o con particulares; que esas redes se organizan para obtener un provecho personal derivado del ejercicio de las atribuciones y/o del uso de los recursos otorgados a los servidores públicos, causando siempre un daño al interés general y al patrimonio público; y que la evidencia de ese provecho ilícito no debe buscarse solamente en la formalidad de los procedimientos administrativos, sino en el enriquecimiento inexplicable, la desviación de los recursos o la alienación de las atribuciones en favor del patrimonio personal o de los intereses de los servidores públicos, sus allegados (incluyendo los grupos políticos a los que pertenecen) y/o los particulares participantes.
Los representantes de las organizaciones sociales insistieron en el papel de la sociedad para que la Ley llegue al Congreso. El día 13 de marzo se colocarán 200 mesas en diferentes ciudades para recabar las firmas, ya que para presentar una iniciativa ciudadana, se requiere reunir el 0.13 del padrón electoral.
“Sí el SNA logra consolidar un muy buen sistema disciplinario, con un muy buen conjunto de leyes, esa ruta hacia el combate a esos problemas quedará abierta. Los ejemplos abundan y basta insistir con la casa blanca, que aún a pesar de su existencia, produjo como resultado una investigación que no generó ningún castigo. De estos ejemplos hay muchos en la sociedad mexicana, no solamente a ese nivel, sino a todos los niveles de la gestión pública. Necesitamos cambiar las bases. Que el SNA tenga un cimiento sólido para que todos estos hechos dejen de repetirse […] Necesitamos que la indignación que muchos sentimos por la corrupción, se conviertan en acción colectiva”, consideró Merino.
Respecto a cómo creen que esta iniciativa, de llegar al Congreso, sea recibida por los legisladores, Ricardo Fuentes-Nieva, director Ejecutivo de Oxfam México, comentó que tiene que ser recibida como una señal de la ciudadanía que es la que les da su trabajo.
«Es importante que los políticos mexicanos comiencen a escuchar a la ciudadanía organizada, que vean que hay un hartazgo ante la impunidad, ante la corrupción, ante el cinismo, y cambiar las relación de poder entre políticos y ciudadanía. La realidad es que los salarios de los políticos están pagados con los impuestos de todas y todos los mexicanos, en ese sentido, los políticos son empleados de todos nosotros”, destacó.
