La Montaña de Guerrero es una de las regiones más pobres y abandonadas del país y, por supuesto, de los gobiernos federal y de la propia entidad. Ahí no llega el progreso, pero sí los huracanes, las tormentas y el peor de los flagelos: la delincuencia organizada.
Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– Antes de aquel 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, día de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la entidad gobernada entonces por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), vivía años de tensión por la pugna entre los cárteles de la droga en distintas regiones y la lucha de grupos civiles por contenerlos.
La delincuencia había golpeado prácticamente a todas las zonas de la entidad y a la par del movimiento de autodefensas de Michoacán, en Guerrero, la policía comunitaria que nació en La Montaña en los 90, se había extendido a la Costa Chica y el Centro.
En 2011, el entonces Secretario de Gobernación Francisco Blake Mora anunció la operación “Guerrero Seguro” en Acapulco, debido a que los asesinatos relacionados con el narcotráfico aumentaron casi el triple en relación con 2010 al pasar de 289 a 884 en un año.
Sin embargo, al evaluar los resultados del operativo, a un año de su anuncio, las ejecuciones habían crecido. Según datos oficiales del Gobierno del estado, entre octubre de 2011 y septiembre de 2012 se registraron 936 ejecuciones. Un total de 38 más que en el mismo periodo de 2010.
Entre 2010 y 2012 las cifras de ejecutados solo en Acapulco se incrementaron oscilando entre los 50 y los 142 asesinatos mensuales.
Pero los muertos no sólo se contaban en el puerto. En las poblaciones de la región de La Montaña, Tierra Caliente y Costa Chica, los crímenes eran invisibles para las autoridades estatales y federales.
OPERATIVOS FALLIDOS
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), explica que el detonante que abonó a la aparición de la policía comunitaria en la región de la Costa Chica y La Montaña y en otros puntos de Guerrero fue la delincuencia organizada.
“Las autoridades federales se concentraron en enviar militares y hacer el operativo en Acapulco, en las ciudades más importantes del estado, descuidando las regiones indígenas y campesinas. Esta concentración de los cuerpos de seguridad del Ejército y La Marina, mostraron las inconsistencias de los operativos que se han dado desde 2011, en donde hay poca efectividad y presencia de los cuerpos de seguridad”, dice.
El activista añade que el crecimiento del crimen en las zonas abandonadas por el Estado, fue notorio. En la región colindante entre Guerrero y Michoacán, los grupos delincuenciales se disputaban el corredor de la droga.
“Vemos como estos grupos se van ampliando, incursionan en territorios donde hay más posibilidades de asentarse y llegar a acuerdos con las corporaciones policiacas y los políticos. Los grupos de la delincuencia hicieron alianzas de distinta índole y tomaron a Acapulco como el centro neurálgico de todas sus operaciones”, indica.
La población abandonada a su suerte empezó a armarse y fue la policía comunitaria que se gestó en La Montaña, la que abonó a que la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerreo (UPOEG) creciera y se fortaleciera.
Las policías comunitarias fueron creadas en 1995 por el sacerdote Mario Campos Hernández, párroco de Tlapa de Comonfort, en La Montaña de Guerrero en contra de la impunidad y la inseguridad. Entre el 14 y 15 de octubre de ese año nació la primer policía en Santa Cruz del Rincón.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero se creó para luchar en contra de los asaltos, las violaciones sexuales y los asesinatos. De acuerdo con Campos Hernández la medida logró contener la delincuencia de aquellos años.
Pero no fue suficiente. En La Montaña hay alrededor de 15 municipios que funcionan con un sistema de seguridad basado en sus usos y costumbres como la CRAC, pero a partir de 2013 la UPOEG se extendió y hoy, sólo en esa región, se estiman unos 25 municipios que operan con ese tipo de seguridad ciudadana.
Fueron la UPOEG y la CRAC, los movimientos que bajaron de la sierra a Costa Chica en 2013 y ayudaron a la población a levantares en armas en contra del crimen organizado que mantenía a varios pueblos secuestrados.
El hedor de la muerte se respiraba en Xaltianguis, El Ocotito, Ayutla de los Libres y varios municipios de la Costa Chica, hasta que en enero de 2013 siete municipios establecieron sus policías tradicionales, sumando a la Costa Chica, La Montaña y el Centro de Guerrero.
Pero la violencia no cesó: en febrero de 2013 seis turistas españolas fueron violadas cerca de Acapulco y para agosto de ese año, más de 100 mujeres se levantaron en armas a unos cuantos kilómetros del puerto. Xaltianguis se levantó en armas en abril. La UPOEG avanzó entre 2013 y 2014 e hizo “limpia” de criminales en varios pueblos.
De acuerdo con datos de la Sistema Nacional de Seguridad Pública la entidad fue la más violenta del 2013 al registrar 2 mil 87 homicidios. Además de ser el estado con más plagios, al contabilizar 207 casos, tan sólo después de Tamaulipas. En cuanto a extorsiones se mantuvo en la media con un reporte de 174.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal colocó en el segundo lugar de su ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo 2012, a Acapulco, después de San Pedro Sula, Honduras.
ESTADO EN LLAMAS
Para enero de 2014 Guerrero estaba encendido y las policías comunitarias avanzaban en su lucha en contra del crimen organizado. A finales de ese mes alrededor de 150 planteles de educación básica detuvieron sus labores en Acapulco, después de que un profesor fue secuestrado.
Aunque el profesor fue rescatado en cuestión de horas, los maestros denunciaron que eran víctimas de una ola de extorsiones en las colonias de la periferia de la ciudad.
Las colonias Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, Simón Bolívar, La Venta, Paso Limonero y Postal eran las demarcaciones más afectadas por la presencia del crimen organizado.
A la par, unos 500 policías comunitarios ingresaron al pueblo de Chilpancingo a petición de los pobladores. Tras su ingreso realizaron operativos donde detuvieron a 16 presuntos integrantes de la delincuencia organizada que se dedicaban a extorsionar y secuestrar a las personas de esa comunidad.
Esa misma semana miembros del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) entraron a la comunidad de Mazatlán, cercana a Chilpancingo, asumir el control y las tareas de seguridad.
De acuerdo con la prensa local, los elementos de policía comunitaria ingresaron armados a la localidad a bordo de varias camionetas y después convocaron a los habitantes de esa comunidad a una asamblea en la plaza principal.
Los reportes también indicaron que este grupo tomó varios puntos de Mazatlán [Chilpancingo de los Bravo, Guerrero]. Elementos del Ejército Mexicano arribaron al poblado de El Ocotito para desarmar a los integrantes de la policía comunitaria que asumió el control de la población luego de la violencia denunciada por sus pobladores.
Sin embargo, los habitantes de esa localidad impidieron el paso de las fuerzas castrenses sobre la carretera federal Acapulco-México, motivo por el cual se mantuvo una fuerte tensión en el lugar, informó la prensa local y nacional.
Los ciudadanos se movilizaron ante el temor de que las guardias civiles fueran desarmadas, luego de que la zona fue sobrevolada por un helicóptero de la Secretaría de Marina y que pasaran por la carretera federal dos camiones con efectivos del Ejército Mexicano.
El 29 de enero cerca de las 20:00 horas Pioquinto Damián Huato, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo, regresaba de una asamblea con policías comunitarios realizada en el poblado de El Ocotito, cuando sufrió un atentado en donde murió su nuera.
El entonces Gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y el dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en ese momento, Jesús Zambrano Grijalva, dijeron que el atentado a Pioquinto Damián y el avance de las autodefensas en Guerrero, eran “hechos aislados” y “para nada” se parecían a los sucesos violentos que ocurrían en Michoacán.
Ambos líderes hicieron un solo frente para afirmar que en Guerrero, la violencia no estaba superando al Estado.
“Fue un hecho aislado, yo le puedo decir con datos que hay una disminución en los índices de violencia no solo en Acapulco, sino en todo Guerrero”, dijo Aguirre.
Jesús Zambrano declaró que la entidad gobernada por los perredistas, estaba controlada y que lo sucedido a Pioquinto era un hecho aislado.
“Este estado que ha estado en el foco de atención por hechos aislados, como ha sucedido hace unas horas y nos han comparado con Michoacán y para nada se parece”, dijo.
Ocho meses después, en Iguala, Guerrero, sucedió la desaparición y el asesinato de estudiantes, que sumió en una crisis al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y que tuvo un costo político elevado para Aguirre, Zambrano y el resto de los perredistas.
LA GUERRA DESPUÉS DE LOS 43
En octubre de 2014, días después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, llegaron a Iguala la policía federal y la Gendarmería Nacional para tomar el control de la seguridad. En Chilpancingo arribaron cerca de 2 mil policías antimotines para reforzar la seguridad ante la posibilidad de que continuaran las movilizaciones de los estudiantes y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
Un mes después, en noviembre de 2014, la Gendarmería Nacional reforzó la vigilancia en Acapulco con mil 300 elementos, para brindar seguridad a los turistas que vacacionaron ese fin de año en el puerto.
El 4 de diciembre el gobierno federal puso en marcha el Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente en 22 municipios de Guerrero, ocho del Estado de México, cuatro de Morelos y dos de Michoacán con más de 2 mil elementos de la Policía Federal (PF).
Las fuerzas federales asumieron por completo las tareas de seguridad de esos municipios. El objetivo principal era combatir al crimen organizado que golpea a la región.
El año de los sucesos de Iguala cerró con 2 mil 197 homicidios, de los cuales mil 514 fueron dolosos.
Esa cantidad fue superada sólo entre enero y noviembre de 2015 donde se registraron 2 mil 461 homicidios, de los cuales mil 824 fueron dolosos.
Lo anterior, además, sin contar los cientos de secuestros y extorsiones que se dieron en la entidad.
En octubre de 2015 llegaron a Guerrero más de mil 500 elementos de la Policía Federal como parte del operativo de reforzamiento de seguridad que anunció el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
El 1 de diciembre de 2015 de acuerdo con medios locales, llegaron entre 5 mil y 5 mil federales antimotín a Acapulco y Chilpancingo, sólo para vigilar la jornada de evaluación docente.
Pero el operativo del gobierno federal poco sirvió para frenar la violencia en la entidad. Durante los primeros 13 días de 2016 se dieron cinco homicidios diarios en promedio y 22 secuestros en ese periodo, 17 de ellos ocurridos en el municipio de Arcelia, en Tierra Caliente.
En total, de acuerdo con las cifras documentadas por diarios locales y nacionales fueron alrededor de 65 homicidios, 50 de ellos entre el 1 y el 8 de enero, 10 el fin de semana del 9 y 10 de enero, y cuatro más el martes 12 en Acapulco y en Ciudad Renacimiento.
Los muertos se reportaron el mismo día que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó en ese puerto el Acuerdo Guerrero Incluyente y Próspero, que es “la siguiente etapa” del Plan Nuevo Guerrero.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2015, respecto a 2014, se incrementaron los homicidios, especialmente los dolosos.
A pesar de los operativos que se han realizado en la entidad, el estado está fuera de control, dicen varios activistas.
FUERA DE CONTROL
Para el sacerdote Mario Campos lo que sucede en la entidad es complejo y la principal razón de los homicidios, secuestros y extorsiones sin freno, es que la delincuencia organizada está fuera de control.
“El factor principal es la delincuencia. Es muy grave porque es más bien el rostro de la delincuencia lo que estamos viendo, que está presente ahí y que está haciendo mucho daño”, dice.
Mario Campos agrega que los crímenes han aumentado a pesar de que hay fuerzas federales en Guerrero, debido a que falta coordinación con la sociedad.
La policía comunitaria, explicó, es rechazada y mal vista por las autoridades, pero es una forma que varios pueblos de Costa Chica y La Montaña, han encontrado para protegerse de los grupos criminales que se pelean las plazas.
“Falta la aplicación de la Ley. Que se activen las instituciones para que se haga realidad la seguridad en Guerrero que todos aspiramos. Aquí nadie está contento con lo que está pasando”, indica.
En Guerrero, dice, en las poblaciones en donde la sociedad se ha organizado, hay “cierto control” de la delincuencia.
“Donde hay cuerpos de seguridad hechos por el pueblo, hay más control. No debe haber un afán de competir con el gobierno, sino en plan de coadyuvancia, así debe verlos el Gobierno, pero parece que hay poca voluntad y esfuerzo”, anota.
Los delincuentes que tienen más presencia en Guerrero son secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes, grupos que se “pelean las plazas, que tienen rivalidad, venganzas que están provocando todos los asesinatos y levantones”, explica.
Mario Campos destaca el papel que han jugado las policías comunitarias de La Montaña y de otras regiones de Guerrero para acceder a la justicia. Incluso, dice, en los municipios donde opera la UPOEG, fueron lugares más difíciles de controlar.
Manuel Vázquez, vocero estatal de la UPOEG, coincide con Campos. El también abogado explica que la organización tiene presencia en los municipios de Costa Chica y La Montaña y que la única solución para los municipios de Tierra Caliente y Costra Grande, es organizarse.
Hoy la lucha para los municipios que se defienden por su cuenta en contra de los criminales libra otra lucha: desean liberarse de los partidos políticos, que en Guerrero, han demostrado estar en varias ocasiones, en la cancha del crimen organizado como ocurrió en Iguala.
A través de la Consulta Popular buscan elegir a sus autoridades tradicionales, en base a sus usos y costumbres. Ya existe una iniciativa para Ayutla de los Libres, y varias impugnaciones por parte de los partidos, que hasta el momento los ciudadanos han ganado.
“Los partidos tienen que respetar la decisión que se está tomando. Los políticos han obstaculizado las decisiones de la población”, indica Manuel Vázquez.
Abel Barrera opina que las autoridades estatales y federales en Guerrero, han respondido con acciones tardías a la problemática que se vive en la región.
“La estrategia de seguridad desde [Felipe] Calderón ha fallado. No está cimentada en una estrategia donde la sociedad participe. Son decisiones populares, donde se apuesta a enviar efectivos y equipos militares, que la verdad dejan mucho que desear, porque son operativos de relumbrón”, dice.
