El costo del Mexibús IV en el Estado de México asciende hasta ahora a los 716 millones 096 mil 918 pesos. De acuerdo con la documentación oficial, la parte más grande de este proyecto (679 millones 339 mil 225 pesos) fue asignado por el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas a la Constructora Tradeco… aunque la licitación ni siquiera definía el número de estaciones y terminales, o la ruta por donde circulará.
Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno del Estado de México asignó a Grupo Tradeco un contrato por 679 millones 339 mil 225 pesos más IVA para la construcción de la Línea IV del Mexibús, aun cuando en documentos oficiales no se detalla ni cuántas estaciones tendrá, ni qué rutas seguirá.
El documento de licitación del proyecto menciona la construcción de “28 posibles estaciones”. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que resultó aprobatoria, se hizo con base en proyecciones y no en un proyecto concreto.
Este grupo constructor tiene antecedentes de multas por incumplimiento, señalamientos por conflicto de interés y demandas por daño ambiental.
De acuerdo con la solicitud de información 00002/STMEM/IP/2016 realizada por SinEmbargo, Tradeco es la empresa encargada de la preparación del sitio y la construcción de dos carriles confinados para el Mexibús IV: un carril por cada sentido, de una longitud aproximada de 23.3 kilómetros y que se plantean situar en los municipios de Tlalnepantla, Ecatepec y Tecámac.
Pero, según esos mismos documentos, el proyecto se adjudicó a Tradeco sin el plan definitivo de construcción de las estaciones, las terminales e incluso las rutas por las que dará servicio.
El costo del Mexibús IV asciende actualmente a 716 millones 096 mil 918 pesos, porque además del monto adjudicado a Tradeco, en el sistema de compras del Gobierno federal [Compranet] aparecen dos contratos más.
Uno es de la Junta de Caminos del Estado de México, que pagó 21 millones 979 mil 309 pesos para la supervisión externa del Proyecto Ejecutivo y para la construcción del carril de rodamiento. Y otro es de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que realizó una licitación para la modificación de las Líneas de Transmisión del Valle de México y otorgó esos trabajos a la Empresa Consorcio Ingenieros de Guanajuato, por un costo de 14 millones 778 mil 447 pesos.
La Junta de Caminos del Estado de México informó del resultado de la licitación el 28 de marzo de 2014, cinco días después de la presentación de las propuestas. Una vez analizadas y evaluadas por el ingeniero Juan Carlos Ruiz Cruz, jefe del Departamento de Precios Unitarios y Análisis de Costos, se concluyó que «la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la junta de caminos y obtuvo el mayor puntaje fue la presentada por la empresa Tradeco Infraestructura S.A. de C.V. en A.P. con Tradeco Urbana S.A. de C.V.».
¿IMPACTO AMBIENTAL?
En la información de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el proyecto también carece de datos sobre las estaciones, terminales y rutas por las que circulará en el municipio de Tlalnepantla, de acuerdo con la solicitud de información realizada por SinEmbargo.
Uno de los documentos obtenidos a través del sistema de acceso a la información mexiquense se refiere a “las posibles estaciones que se desarrollarán” y que se incluyen ahí sólo «por cuestiones informativas», razón por la que la MIA no autorizó la construcción de las 28 «posibles estaciones» ni de las dos terminales que también se mencionan, ya que se desarrollarán en etapas consecutivas y no están definidos los sitios donde se ubicarán cada una de ellas.
El mismo documento de la MIA expresa que las obras tendrán impactos en las redes de luz, teléfonos, gasoductos y derribo de árboles. Sin embargo, se aprueban las demoliciones y construcciones “que sean necesarias”, entre ellas guarniciones, banquetas y muros de división de los actuales sentidos de circulación.
La MIA concluye que existe el 52 por ciento de impactos negativos, de los cuales el 90 por ciento son mitigables, de acuerdo con la información original que recibió, “por lo que desde el punto de vista ambiental, el desarrollo del proyecto es viable”.
El Mexibús es una de las principales obras de transporte masivo impulsadas por la dupla conformada por Enrique Peña Nieto y Gerardo Ruíz Esparza, cuando ocupaban los puestos de Gobernador y Secretario de Comunicaciones y Transportes de la entidad, respectivamente. Lo anunciaron en 2007 como la pieza clave del Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011, con el que se buscaría “disminuir los tiempos de traslado, elevar la calidad del transporte público de pasajeros, incrementar su seguridad, mejorar las condiciones d movilidad y mejorar la imagen urbana”.
Sin embargo, los hechos muestran resultados contrarios al de un transporte que se promocionó como “de Primer Mundo”.
Actualmente, el Mexibús tiene en funcionamiento tres líneas. Se trata de 95 estaciones en las que se calcula la afluencia de 415 mil personas por día y de 36 mil por hora; el cobro del pasaje, que tiene un valor de seis pesos, se hace a través de tarjetas. Una sola tarjeta no sirve para las tres líneas, sino que cada línea tiene su propio plástico, con un costo de 17 pesos.
Hay también una ruta Ordinaria, que pasa por cada una de las estaciones y otra Express, que recorre sólo las que sonde mayor afluencia. Un año después de la inauguración del Mexibús [en 2008] entró en funcionamiento el Camión Rosa, en el que sólo viajan mujeres.
Este transporte no permite la entrada gratuita a personas de la tercera edad y con capacidades diferentes; la razón que argumenta el personal de seguridad para rechazar el acceso a estas personas es: “el Mexibús es privado”.
En un ranqueo internacional realizado por El Poder del Consumidor en 2012, el Mexibús quedó en último lugar –con un 45 por ciento de cumplimiento– en elementos de infraestructura vial, integración modal, integración tarifaria, en recuperación del espacio público, elementos de confort, la operación del sistema, las velocidades, y los niveles de saturación en las estaciones, terminales y autobuses.
Los consorcios encargados de la construcción y operación de las diferentes rutas del Mexibús tienen entre el 26 y el 31 por ciento de ganancias derivadas de la tarifa base. Como concesionarios tienen derecho de otorgar el uso y arrendamiento de la superficie que forme parte de la infraestructura, incluyendo locales comerciales. Pueden celebrar contratos de publicidad y pueden otorgar, o no, derechos de uso y paso.
La concesión les da derecho a comercializar con este transporte por 30 años.
EL HISTORIAL DE TRADECO
Tradeco es una de las principales constructoras mexicanas y pertenece al empresario Federico Martínez Urmenta. Es una empresa señalada como “consentida” por los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Pero la compañía tiene también un historial complejo.
De 2000 a 2012 se documentaron más de 100 contratos federales con Tradeco por un monto superior a los 20 mil millones de pesos. En ese entonces, el grupo parlamentario priista fue el que solicitó que se investigaran dichos contratos en los que se detectaron retrasos, sobrecostos y modificaciones.
El PRI dijo que las obras las había obtenido casi todas bajo adjudicación directa y casi todos fueron con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Algunos ejemplos están en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Hay contratos de 2009 con la subsidiaria Pemex Refinación por 705 mil 007 millones 074 mil 027 pesos, para la construcción de cinco tanques de almacenamiento, y otro más con Pemex Exploración y Producción para tres gasoductos, por la cantidad de mil 253 millones 660 mil 553 pesos.
Uno de los principales proyectos lo obtuvo en julio 2012 con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por mil 200 millones de pesos, para la modernización de las instalaciones para la Base Aérea Militar Número 1, en Santa Lucía. Este contrato lo obtuvo entonces por adjudicación directa, y recientemente fue cancelado por incumplimiento.
De acuerdo con información obtenida por SinEmbargo, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, Tradeco ha realizado 19 proyectos con los cuales quizá no se acerca a los 20 mil millones de pesos de los 12 años pasados, pero sí ha obtenido un monto nada despreciable: 12 mil 411 millones 487 mil 300 pesos. La mayoría de esos contratos se pactaron con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para desazolves de ríos; con Pemex, para la instalación de acueductos, y con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por un concepto que en los documento aparece sólo como “obras”.
Actualmente, Tradeco libra una batalla contra grupos civiles que se oponen a la construcción del túnel 1 de la segunda etapa del Libramiento Sur, en el tramo Ramal Camelinas en Morelia.
Grupos civiles reunidos en el colectivo Salva la Loma denuncian que la obra viola la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece la cancelación de cualquier obra que invada un polígono protegido. Esta obra incurre en ese acto en el Área Natural Protegida de la Loma de Santa María y Depresiones Aledañas. En esa zona existen más de 100 mil especies de flora y fauna, de las cuales dos están amenazadas y en peligro de extinción y hay aves que se encuentran en la categoría de protección especial.
