Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 iniciaron una caravana por cuatro estados de la República para evitar que los policías municipales relacionados con la desaparición de sus hijos salgan libres. Acudirán a diversos juzgados para acercarse a las autoridades que llevan el caso.
Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).– Ante la posibilidad que policías municipales relacionados con el caso Iguala obtengan su libertad en diversos juzgados, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa iniciaron este día la Caravana por la verdad y justicia.
Las familias de los estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» dijeron que el objetivo es mantener el diálogo con los jueces que llevan los casos de los agentes municipales detenidos, para que no les concedan fallos a favor y queden libres.
«Señora Arely, usted dice que todo está bien pero no es así. Tan mal va todo que tenemos que ir a Tamaulipas para tener justicia», dijo uno de los padres de familia.
Vidulfo Rosales Sierra, representante legal de los padres de los 43 normalistas, denunció este día que hasta el momento la justicia ha sido parcial y los familias no tienen acceso a los expedientes, pese a que están en calidad de víctimas.
«En un momento partiremos a Matamoros, Tamaulipas, porque vemos que hay coadyuvancia y no nos están dando derecho a la justicia», dijo el jurista.
Rosales anunció que piden diálogo y que esta demanda es un derecho genuino. Desde el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, pidió a los jueces que accedan a tener reuniones.
La caravana contemplará estados como Tabasco, Querétaro, Tamaulipas, Hidalgo, entre otros.
El día de ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) aún insiste en la tesis del basurero de Cocula con una quinta versión que refiere a que los jóvenes fueron divididos en dos grupos y, uno de ellos fue incinerado en Cocula.
“Se filtran a los medios declaraciones de nuevos detenidos con intención de llevar el caso al basurero de Cocula”, dijo el GIEI en redes sociales y lo ratificó en conferencia. “El GIEI tiene preocupación por esta quinta versión que se está tratando de construir, y que no se sustenta ni en detenciones ni en otros elementos”, dijo la experta Claudia Paz.
Los expertos, coadyuvantes en la investigación, dijeron que sólo cinco inculpados sostienen la hipótesis del Basurero de Cocula, mientras que 11 soportan otras versiones.
Denunciaron además obstáculos de las autoridades mexicanas al trabajo que realizan en el país lo cual ha llevado a que no se haya avanzado en estos meses del segundo mandato.
Algunos de estos obstáculos es la fragmentación interna del expediente, en donde la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) ha abierto otras averiguaciones previas relacionadas con la desaparición de los estudiantes.
En respuesta, la PGR rechazó obstruir la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y aseguró que ellos han tenido acceso en todo momento a las constancias que integran la averiguación previa que se encuentra radicada en la Oficina de Investigación del Caso Iguala creada en la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
“La indagatoria de los hechos de Iguala durante la actual administración se ha caracterizado por su apertura y transparencia con los familiares, sus representantes y el GIEI, así como con la sociedad en su conjunto”, señaló la dependencia.
Ante las autoridades mexicanas, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se investiga por al menos dos delitos: por secuestro y por homicidios. Eso quiere decir que los policías municipales de Iguala que están detenidos enfrentan un proceso por privación de la libertad y no por desaparición forzada.
Por otra parte, los padres de familia informaron que la PGR y otras instituciones están retrasando los protocolos para soltar la información a los expertos independientes que llevan el caso.
«Hay negativas. Es absurdo. Nosotros lo interpretamos como una acción deliberada para retrasar averiguaciones previas y obstaculizar por todos lados el trabajo que están haciendo los expertos», aseveró el abogado Vidulfo Rosales Sierra, quien agregó: «eso va dilatando el proceso de investigación y los expertos tienen un periodo limitado, entonces si no se avanza [en la liberación de información] se está desaprovechando su experiencia».
