El aumento en el precio del dólar, que ya se ubicó en 19.71 pesos, llega a agudizar las problemáticas pendientes en el campo mexicano: la dependencia de insumos provenientes del extranjero, el olvido al que están sometidos los pequeños productores y el control de las grandes empresas, no traen noticias positivas a los campesinos… y menos a los consumidores.
Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).– Por la estructura de producción y comercialización del campo mexicano, el alza del dólar no ofrece un panorama positivo a los pequeños productores y a los consumidores en lo que respecta a los precios de los alimentos, que van a aumentar, al igual que los problemas alimenticios más severos: el hambre y el sobrepeso. Es decir, una cadena de diferentes problemáticas.
Y es que quizá este no era el mejor momento para que el campo nacional se enfrentara a un dólar que ha alcanzado ya los 19.71 pesos. En 2015, con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) –que señalaron que 23.4 millones de mexicanos viven con carencia alimentaria; es decir, que son incapaces de obtener una canasta básica alimentaria– se contabilizó que 63.8 millones de personas viven con ingresos inferiores a la línea de bienestar y el 40.5 por ciento de la población rural en situaciones de pobreza.
Dadas esas cifras, los reflectores se enfocaron a ese sector y organizaciones civiles y campesinas lanzaron severas críticas al Gobierno federal por la opacidad que existe en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para la repartición de subsidios. Señalaron que el modelo económico actual orilla a los pequeños productores a la ruina y al exilio, cuando es la agricultura a pequeña escala, la única salida a la crisis alimentaria que hoy padece el país, y que la situación fue provocada en gran medida por la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que provocó la concentración del mercado y el olvido de la base productiva.
En palabras de Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), ahora la devaluación del peso precipita la catástrofe en el sector agroalimentario que se viene gestando en los últimos 20 años, tanto por el TLCAN como por la crisis alimentaria internacional de 2008 y 2009.
Tan solo en 2016, la moneda nacional se ha devaluado 11.35 por ciento y según la opinión de analistas, el precio del dólar seguirá aumentando.
De acuerdo con carrera, el sector agroalimentario es ampliamente dependiente de las importaciones de alimentos, insumos y tecnología del exterior, que se pagan en dólares.
“Importamos más del 40 por ciento de los alimentos, más del 80 por ciento de los fertilizantes químicos y gran cantidad de patentes de tecnología tienen que pagar las regalías en dólares”, explicó Suárez Carrera en entrevista con SinEmbargo.
Esto encarece los costos de producción de los alimentos a pesar de que estos sean hechos, producidos o cultivados en México, ya que dependen de insumos y tecnología extranjera.
Las primeras pruebas del encarecimiento ya están en uno de los alimentos primordiales en la mesa de los mexicanos: la tortilla, que actualmente ronda entre los 10 y 18 pesos por kilo. Esta situación, para Adolfo Ramírez Cuéllar, dirigente de la organización El Barzón, rompe la estabilidad en materia de productos básicos.
De acuerdo con Cuéllar, el incremento en el precio del dólar y el de los alimentos, prácticamente se rompe la etapa de la estabilidad en materia de control de la inflación, ya lo que se verá en los próximos días será un incremento sustancial de precios de los alimentos básicos que afectarán directamente a millones de productores y sobre todo a la gente más pobre y de clase media que dedican entre el 50 y el 60 por ciento para la adquisición de la canasta básica.
PRODUCTORES EN LA RUINA
El dirigente consideró que con los pronósticos económicos, los pequeños productores quedan en la ruina, ya que el precio de los cuatro insumos principales: el diesel, la energía eléctrica, semillas y fertilizantes, son casi el 80 por ciento de los costos de producción. En el caso de los fertilizantes, como urea y súper fosfato triple, de 2014 a 2015 han aumentado sus precios hasta mil 748 pesos y 800 pesos por tonelada.
“Al atender los costos de producción podrá disminuirse el impacto que tendrán los precios a los consumidores […] Todo el fertilizante y una parte de las semillas son importadas; una parte de la maquinaria también a pesar de que se ha reducido el precio de los energéticos, tenemos impuestos que significan el 50 por ciento del precio al público. En el caso de la electricidad para riego agrícola no se ha notado ningún beneficio”, comentó Ramírez Cuéllar.
Según información de la Anec, los sectores más afectados serán el de granos básicos y el de los insumos agropecuarios, con lo que se afectan las cadenas productivas de alimentos, animal y de lácteos, y se verá reflejado en los precios.
Sobre los insumos agropecuarios, Suárez Carrera señaló que es una consecuencia de la política agraria mexicana, ya que se desmanteló la capacidad interna de producción de semillas y fertilizantes químicos, además de que el modelo de “revolución verde” provocó una alta dependencia de los insumos del exterior y en la lógica del aumento en el precio del dólar, se encarecen los costos de producción y se afecta la rentabilidad agrícola.
“Con esta crisis, lo importante es que no se benefician los pequeños y medianos productores ni los consumidores, sólo las grandes empresas, por ejemplo en el caso del maíz, Maseca. En todas las cadenas alimenticias están los grandes monopolios y con esta devaluación simplemente se profundiza un modelo de desigualdad, de malnutrición, que ya es urgente cambiar”, enfatizó el líder de la Anec.
Ambos personajes comentaron posibles soluciones a los problemas venideros. Para Víctor Suárez, está la oportunidad de reorientar la política de dependencia a una política de mayor autosuficiencia alimentaria, en la producción de insumos y autosuficiencia tecnológica; implementar una política que incremente la productividad con base en los pequeños productores y que se modifique el modelo de “revolución verde” y crear una reserva de alimentos para garantizar un suministro estable y de precios afectados al sector procesador y consumidor.
Ramírez Cuéllar hizo un llamado a las autoridades para que se cumplan los acuerdos que se lograron a finales de 2015 y que ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se estipulan precios menores de diesel y electricidad para los campesinos.
“El 30 de enero en el DOF salió un comunicado en el que se estipula que el precio del diesel será de 7.90 pesos. La reducción era una de las exigencias principales que teníamos. Acordamos que el precio del kilowatts/hora para el riego agrícola, bajaría de 50 centavos a 35 centavos […] Se debe poner en marcha ya para el ciclo primavera-verano. Esto logrará el abatimiento de los costos de producción, lo que será un beneficio para los productores para evitar la descapitalización y en segundo lugar, también para someter a menores presiones el aumento de precios al consumidor”, indicó.
LA CRISIS ALIMENTARIA
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de los alimentos que consume una familia mexicana, el 43 por ciento son de origen extranjero. El aumento de precios en los alimentos, contrasta con la calidad del salario, ya que más allá de que se ubique en 73.04 pesos por día, 24.6 millones viven con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo y 63.8 millones de personas viven con ingresos inferiores a la línea de bienestar.
La línea de bienestar es el valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos y la línea de bienestar mínimo, es el valor monetario de una canasta alimentaria básica.
De acuerdo con el Coneval, la pobreza alimentaria es la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta.
Por el debilitamiento de la moneda nacional y el aumento del precio de los alimentos, las familias con menores ingresos, tienden a buscar productos más baratos, que en la mayoría de las ocasiones, provienen de las grandes empresas.
México vive bajo problemas de autosuficiencia alimentaria, situación que según la FAO, se alcanza cuando se satisfacen las necesidades alimenticias mediante la producción local y generalmente suele ser un objetivo de política nacional, ya que se ahorran divisas para la compra de otros productos que no pueden ser manufacturados localmente y se protege a los países de los vaivenes del comercio internacional y de las fluctuaciones de los precios de los productos agrícolas; asegura el abastecimiento de alimentos para satisfacer las necesidades de las poblaciones locales y permite que los productores decidan qué producir, cuándo, cómo y cuánto.
En México, las familias con menores ingresos destinan el 50.7 por ciento a la compra de alimentos y bebidas, por lo que los aumentos repercuten de manera directa tanto en la cantidad de alimento, como en la calidad, lo que podría ocasionar problemas como desnutrición y malnutrición.
Sin embargo, con y sin dólar a 19.70, el salario de los mexicanos perdió el 9.65 por ciento de su poder adquisitivo en los últimos tres años y según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), resulta “humanamente imposible” que un trabajador compre la canasta básica.
Finalmente, planteó Carrera, las afectaciones pueden ser las normales, pero el problema es que no llega en un buen momento para México, por el lento crecimiento de la economía y la contención de los salarios mínimos.
“Es un remate a una situación muy aguda y muestra el fracaso de la política económica del Gobierno mexicano de las últimas décadas […] Es una falsedad que sólo sea una consecuencia de factores externos: es una consecuencia, ante todo, de políticas económicas y agrícolas equivocadas y hoy vemos su resultado”, dijo.
