Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero aseguraron que las pesquisas en la investigación de sus hijos son lentas. Por su parte, la comisión independiente ha tenido que luchar contra corriente. Hace 457 días que no se sabe el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– Los cinco miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) derribaron la “verdad histórica” que pesaba sobre la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, e insistieron en cada una de sus apariciones públicas en entrevistarse con elementos del Ejército, para determinar si tienen alguna responsabilidad.
Pero no salieron ilesos al contradecir a las autoridades mexicanas y al anunciar en el informe de los primeros seis meses de su mandato que en el basurero de Cocula, no ocurrió aquel incendio en donde, de acuerdo con el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fueron incinerados los cuerpos de los normalistas.
En la última reunión que los padres de los estudiantes de Ayotzinapa sostuvieron con la Procuradora de la República Arely Gómez González, le pidieron que la Procuraduría General de la República (PGR) se pronunciara a favor de los expertos y limpiara su nombre a través de un comunicado oficial.
Casi dos semanas después, la PGR no se ha pronunciado al respecto.
“Hasta ahorita no lo han hecho. Nos dijeron ese día que la Procuradora se iba a poner de acuerdo con el Secretario de Relaciones Exteriores [José Antonio Meade]. Esperamos que lo hagan, porque la última vez que supimos fue el caso del colombiano que vino a difamar a la experta [Ángela] Buitrago”, dijo Felipe de la Cruz, vocero de los padres en entrevista con SinEmbargo.
El vocero añadió que luego de concluir con las caravanas por el norte y sur del país, se reunirían con los expertos y que, por lo pronto, ellos continuaban trabajando en el caso.
Recordó que se le pidió a la PGR que si no se da con el paradero de los normalistas antes de que concluya el segundo mandato de los especialistas de la CIDH en abril-mayo, las autoridades mexicanas deberán extender su permanencia indefinidamente.
Tampoco hubo una respuesta a esta petición.
“Pusimos sobre la mesa la necesidad de un respaldo institucional de parte del Gobierno al trabajo de los expertos. Ellos han estado sufriendo una andanada de desprestigio, de descalificaciones, infundadas, lo que solicitamos a la PGR es que pueda hacer un posicionamiento público de respaldado a los expertos, porque fue el Estado mexicano quien invitó al grupo a brindar asistencia técnica. Tiene que salir en defensa de manera institucional porque es un mecanismo que no sólo fortalece la investigación, sino que es un modelo que está construyendo el Estado mediante el cual se pueden investigar futuros casos y luchar contra la impunidad de este país”, indicó el abogado de las familias Vidulfo Rosales Sierra.
El litigante recordó que en la reunión que sostuvieron la semana pasada con Gómez González, se les informó que los expertos tenían el respaldo de la PGR, pero los padres insistieron que era insuficiente y que debía declararlo públicamente.
LA ESPERANZA NO SE ACABA
Hasta el momento el trabajo de los especialistas extranjeros de la CIDH es el que más ha generado confianza y esperanzas en los padres de los 43 normalistas.
Antes de su llegada, en marzo de 2015, Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), indicó que el grupo de expertos podría cambiar la “verdad histórica” del Gobierno federal en torno a los estudiantes.
“La PGR anunció su verdad histórica y mostró su pretensión por cerrar y dar por esclarecido el caso. Pero la investigación se mantiene abierta de momento y, estamos a tiempo para que el grupo aporte e incida en la investigación”, dijo.
Los expertos firmaron un acuerdo en noviembre, después de la solicitud de medidas cautelares y asistencia técnica que realizaron los padres de los normalistas a la CIDH. El documento se firmó entre las dos partes y la PGR, en donde se estableció que los especialistas serán coadyuvantes de la investigación, por lo que pueden presentar denuncias penales si así lo deciden.
Además de descalificar a la “verdad histórica” de la PGR, los especialistas pusieron sobre la mesa la existencia de un quinto autobús la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y la pérdida de evidencia relevante como grabaciones de cámaras de seguridad.
LOS ATAQUES A LOS EXPERTOS
El último ataque al que se refirió Felipe de la Cruz en entrevista tiene que ver con las declaraciones recientes del ex coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien fue absuelto recientemente por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de los 30 años que debía pagar por el delito de desaparición forzada.
Plazas Vega acusó a la ex Fiscal Ángel María Buitrago de condenarlo injustamente, gracias a una actuación negligente.
Buitrago forma parte del GIEI junto con Carlos Martín Beristaín; Francisco Cox Vial, quien trabajó en el caso de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet; la ex Fiscal de Guatemala Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia, ex consultor de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Buitrago ha sido una de las principales voceras de los hallazgos del GIEI en cada uno de los encuentros con la prensa mexicana y extranjera junto con Carlos Beristaín.
El año pasado, luego de que el GIEI diera a conocer el informe de sus primeros seis meses de trabajo, varios columnistas y activistas relacionados con el secuestro, descalificaron el trabajo realizado por los especialistas.
Tal es el caso de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, quien realizó conferencias de prensa para asegurar que los expertos del GIEI, tenían un serio conflicto de interés y debían sacar las manos del caso.
Según Wallace, existe un conflicto de interés porque fue el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Emilio Álvarez Icaza, quien los eligió.
“El tema por el que yo pedí que los expertos dejaran el caso, fue no por los expertos, sino el manipuleo político que ha tenido Álvarez Icaza y lo sesgado que están siendo las opiniones y las investigaciones. Por eso hay reglas que marcan que no debe haber conflicto de interés. Él viola el derecho de abstenerse por ser connacional, no puede conocer de casos, otros mexicanos se ha excusado por ser mexicanos. Emilio le está dando un uso político a su cargo”, dijo.
En entrevista con SinEmbargo en octubre del año pasado, Miranda de Wallace detalló su postura: Aseguró que no estaba a favor de la “versión histórica” de la PGR, pero que leía en el tratamiento de los expertos al caso, un trasfondo político.
Para ella buscan exculpar a un Gobierno: al de los perredistas José Luis Abarca Velázquez y Ángel Heladio Aguirre Rivero, Alcalde de Iguala y Gobernador en turno cuando ocurrió la desaparición de los 43, para culpar al Gobierno federal.
“El secuestro incumbe al gobierno estatal y dónde está Aguirre. Por qué no se le llama a cuentas, era el gobernante en turno y le dieron salvoconducto y enfilan todas sus pilas al gobierno federal”, indicó.
Álvarez Icaza, agregó, tiene un segundo conflicto de interés por su simpatía por el PRD, y porque fue ese partido quien lo propuso para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Un tercer conflicto, dijo, se da porque las fundaciones que llevan en caso de los normalistas, son fondeadas por la organización Open Society Foundations, que a su vez da recursos a varias organizaciones que Álvarez Icaza fundó y dirigió.
“Que sean de verdad expertos independientes los que tomen el caso: que lo formen la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México) o de la ONU [Organización de las Naciones Unidas], que ahí sí tienen perritos de drogas y crimen”, propuso.
PADRES DE LOS 43 EXIGEN RESULTADOS
El 14 de enero la PGR informó a los padres que se realizaron seis búsquedas en Iguala en lugares donde estuvieron los jóvenes y se encontraron dos cuerpos.
«Del 24 al 27 de diciembre se hicieron varios cateos a la casa del Cabo Gil –señalado por ser el principal agresor de los normalistas-, nos dicen que hay varias evidencias que se están procesando. Luego en un municipio de Cocula y después en Canal Grande, cerca del Basurero de Cocula, en donde se encontraron dos cuerpos. El equipo argentino está participando», dijo Vidulfo Rosales.
Rosales dijo que sobre el quinto autobús hay pocos avances. La PGR informó a los padres la utilización de drones acuáticos y aéreos en la búsqueda de los jóvenes.
El abogado informó que la PGR busca vivos a los normalistas, sin embargo los padres calificaron como «pequeños avances» y aseguraron que esperan las «sagradas palabras: ‘misión cumplida’».
«Nos dieron pequeños avances, pero nosotros no estamos satisfechos. Esperamos las sagradas palabras misión cumplida para nosotros», dijo Mario Cesar González, uno de los padres.
Los padres le pidieron a la PGR la detención de varios prófugos en el caso de los jóvenes.
«Queremos que así como agarraron a ‘El Chapo’ en seis meses, agarren a esos prófugos, cómo es posible que no los puedan encontrar», dijo Melitón Ortega, otro de los padres.
La PGR informó a los padres que sigue en pie la realización de nuevos peritajes en el Basurero de Cocula.
Estos peritajes, insistieron los familiares, no son necesarios, incluso pidieron a la PGR pronunciarse y negar la verdad histórica del ex Procurador Jesús Murillo Karam.
Los padres informaron que la próxima reunión será el 18 de febrero en Guerrero.
Hace cuatro días fueron detenidos en Iguala Bernabé y Cruz Sotelo Salinas y Mauro Taboada Salgado por su presunta participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014.
“Aún no sabemos qué han declarado. Esperamos que se siga avanzando por llegar a la verdad. Queremos que agarren al Director de Seguridad de Iguala, son cuatro personas que andan prófugas”, dijo Felipe de la Cruz.
Hasta el momento hay más de 100 personas involucradas al caso detenidas. Sobre las últimas tres detenciones, Felipe de la Cruz indicó que “no sabíamos que existían esas personas”.
