El Cártel de Sinaloa ha tenido la habilidad de ocultar su violencia “a través de la subcontratación de otras organizaciones que fungen como brazos armados”. Gente Nueva, Los Cabrera, Cartel del Poniente, El Aquiles, El Tigre, Del 28, los Artistas Asesinos, Los Memos, Los Mexiques y Los Salazar, son las células que operan para el cártel de acuerdo con la respuesta de la PGR a una solicitud de información de Univision Investiga.
Por Peniley Ramírez y Tomás Ocaña
Ciudad de México, 24 de enero (Univisión).– Joaquín Guzmán Loera no ha asesinado a nadie en México. Al menos eso afirma la verdad jurídica de su caso en México, donde las autoridades no le han fincado un solo cargo de homicidio en 20 años de acusaciones.
Las seis causas penales que el líder del Cártel de Sinaloa tiene vigentes en México, confirmadas a Univision Investiga por autoridades judiciales, incluyen cuatro cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud en grado de tentativa, un cargo por delincuencia organizada y uno más por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea.
En México se juzga como “delitos contra la salud” todas las variantes de acusaciones por narcotráfico. En el caso de Guzmán, un cargo de 2009 lo acusa de “posesión con fines de comercio” de cocaína.
En ningún otro se menciona alguna droga en específico. Su participación fue “colaborar al fomento para posibilitar la ejecución del delito”, de acuerdo con los expedientes judiciales de los que Univision Investiga tuvo información. Ante la solicitud de entrevista sobre el tema, la Procuraduría General de la República (PGR) respondió que estaban procesando la petición.
“Lo único que vale es lo que está en el expediente, es lo único que vale. Lo que digan los medios de comunicación definitivamente no opera, no sirve, en la parte jurídica”, explicó el abogado penalista Rafael Heredia, sobre las acusaciones en contra de Guzmán en territorio mexicano.
En Estados Unidos, la corte de Nueva York le acusó de varios asesinatos cometidos en México en contra de informantes, testigos, miembros de cárteles rivales y funcionarios, uno de ellos el de Rafael Ramírez, un policía que trabajaba para la policía del Estado de México.
La Fiscalía neoyorquina acusó a Guzmán y su socio, Ismael “El Mayo” Zambada de haber ordenado el asesinato de Ramírez en agosto de 2008, porque sospechaban que recibía dinero de un cártel rival.
En entrevista con Univision Investiga en 2014, su hijo relató que el policía fue acribillado desde un automóvil enfrente de su casa. Recibió seis impactos de bala, con su familia como testigo, en su casa de una zona popular del Estado de México.
“Mi papá trataba de defenderse, no traía su pistola, mi mamá y yo viendo. Queríamos hacer algo pero nos tenían igual apuntados a nosotros desde esta puerta y nos dicen: si ustedes se salen también a ustedes”, recordó el joven, quien aceptó contar por primera vez su testimonio.
VIOLENCIA POR ENCARGO
La historia del Cártel de Sinaloa durante el liderazgo de Guzmán cuenta una verdad muy distinta a los cargos jurídicos que le ha fincado la Procuraduría mexicana.
Para el experto en seguridad Eduardo Guerrero, Guzmán ha sabido encubrir estos crímenes y mantenerse “como una persona honorable que siempre cumple con su palabra y que su organización no es violenta y que al contrario trata de ser benefactora de la gente que lo apoya”.
Así lo afirmó el propio capo en su entrevista con el actor Sean Penn publicada en la revista Rolling Stone: “Yo lo que hago es defenderme nada más, que yo ande buscando problemas, jamás”.
La clave es que el cártel ha tenido la habilidad de ocultar su violencia “a través de la subcontratación de otras organizaciones que fungen como brazos armados”, explicó Guerrero, quien ha sido asesor en México de la oficina de la Presidencia y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Las células que actualmente operan para el Cártel de Sinaloa son Gente Nueva, Los Cabrera, Cartel del Poniente, El Aquiles, El Tigre, Del 28, los Artistas Asesinos, Los Memos, Los Mexiques y Los Salazar, de acuerdo con la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) a una solicitud de información de Univision Investiga.
En 2009 Guzmán puso al frente de Artistas Asesinos a José Antonio Torres Marrufo, con la encomienda de liderar la disputa en Ciudad Juárez entre el Cártel de Sinaloa y los Arellano Félix.
Torres Marrufo fue acusado en Texas de haber ordenado en septiembre de 2009 el secuestro y asesinato de un hombre en El Paso y asesinarlo en Juárez. En mayo de 2010, siguiendo sus órdenes los miembros de esta célula secuestraron y asesinaron a tres personas en una boda en Juárez, incluido el novio.
La guerra entre cárteles en Juárez llegó a convertir la ciudad en la más violenta del mundo. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal documentó que solamente en 2009 fueron asesinadas allí 2 mil 658 personas.
UN HISTORIAL DE VIOLENCIA
La historia violenta de Guzmán comienza desde la década de los 80, cuando bajo las órdenes de Amado Carrillo Fuentes orquestó el asesinato de operadores de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara.
Desde esa ciudad se enfrentó a los hermanos Arellano Félix, incluso sobrevivió a un intento de asesinato. Como venganza, Guzmán atacó la discoteca Christine en Puerto Vallarta. Los hermanos Ramón y Francisco Arellano Félix sobrevivieron al ataque, que dejó seis víctimas mortales.
Guzmán fue detenido en 1993 y encarcelado en el penal del Altiplano, en el Estado de México, el mismo donde se encuentra actualmente, después de ser recapturado el 8 de enero pasado.
Al año siguiente el director del penal, Juan Pablo de Tavira, sufrió un intento de homicidio con gas en su casa, que le dejó en coma. Su amigo y colega, Alfredo Ornelas, relató que el funcionario siempre había acusado al capo de ser el autor intelectual del atentado.
En noviembre del 2000, de Tavira fue asesinado. “Después de presentar una conferencia en la Universidad de Hidalgo tomándose un café y departiendo ahí con algunos amigos llegó un desconocido por la parte de atrás y le da un balazo con un arma Magnum, que literalmente le voló la cabeza”, relató Ornelas.
En los últimos años otros implicados en sus casos judiciales han sufrido atentados y amenazas. Su piloto de confianza, Miguel Angel Martínez, declaró ante una corte en Estados Unidos que había sufrido tres intentos de asesinato, luego de que aceptó ser testigo en contra de Guzmán.
A los mellizos Pedro y Margarito Flores, principales testigos del caso contra Guzmán en Chicago, también les amenazaron. Su padre viajó a México a pesar de la petición de los Flores de que no lo hicieran. Un día, le dejaron una nota en su automóvil “para que guardaran silencio y no cooperaran con el gobierno”, relató el abogado Joseph López.
En Sinaloa el General Eugenio Hidalgo, que persiguió durante años a Guzmán, contó a Univision Investiga que el cártel asesinó a uno de sus mejores informantes y como amenaza tiraron su cuerpo afuera de la zona militar donde operaba.
¿CRÍMENES SIN CASTIGO?
Dos penalistas mexicanos consultados por Univision Investiga coincidieron en que sería muy difícil que los cargos por homicidio, ocurridos en México en contra de ciudadanos mexicanos, puedan juzgarse finalmente en la Fiscalía de Nueva York que los incluyó en sus acusaciones.
Rodolfo de la Guardia, ex funcionario de la Procuraduría General de la República y ex director de Interpol México, consideró que su inclusión en un juicio en Estados Unidos sería posible “si los fiscales estadounidenses cuentan con evidencia de que los homicidios se planearon desde su territorio o están aplicando su Ley especializada que les permita conocer de asuntos conexos al tráfico de drogas que afecten a los Estados Unidos”.
Heredia consideró que la jurisdicción estadounidense no podría juzgar estos delitos, porque “no están denunciados en México, por tanto la autoridad mexicana no conoce de esos hechos […]. No se puede juzgar por homicidio en los Estados Unidos. Se estaría violando desde mi punto de vista el propio derecho constitucional de los Estados Unidos y los tratados internacionales”.
De cumplirse este panorama jurídico, Guzmán sería juzgado en México o en Estados Unidos sin que se le finque alguna responsabilidad en alguno de las más de 20 mil muertes violentas que el gobierno mexicano atribuye a él y su organización durante las últimas tres décadas.
