Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, se enfrenta a una epidemia: una crisis de desapariciones forzadas. Habitantes de esa región temen denunciar, por temor a amenazas o a ataques. Sin embargo no se trata de hechos aislados, pues la situación se repite en toda la República mexicana. En tanto, Estela Barnes de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, de Argentina, aseguró que «el narcotráfico es la dictadura en México», la cual viola derechos humanos.
Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– La emergencia por desapariciones de personas se ha expandido por toda la República, pero de acuerdo con un informe reciente publicado por Amnistía internacional (AI), la crisis se centran en el estado de Chihuahua, donde hasta el 5 de enero pasado, en esa entidad federativa existían mil 698 personas desaparecidas desde el 2006; y tan sólo en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, por ejemplo, existen al menos 351 personas de las que no se conoce su destino.
Precisamente en es esa demarcación donde los pobladores, por inacción del Gobierno, han salido a buscar a sus familiares y se han enfrentado a amenazas y hasta ataques por parte de grupos armados, denunciaron familiares de desaparecidos.
En el reporte «Un trato de indolencia», los municipios de Iguala, Guerrero, y Ciudad Cuauhtémoc, son una muestra de varias facetas de la problemática: la magnitud a la que pueden llegar las desapariciones en México, las formas de reacción del Estado mexicano frente a este tipo de delitos y las afectaciones de los derechos humanos de las víctimas.
“La incesante ola de desapariciones que se ha adueñado de Chihuahua y la irresponsabilidad total con que se está manejando la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos humanos”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
“Por desgracia, las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo México que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo algo», agregó Guevara-Sosas.
Leticia Sánchez, madre de una víctima de desaparición forzada e integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHM), denunció que la Fiscalía en Cuauhtémoc se encuentra en complicidad con grupos criminales, puesto que cuando alguien denuncia, inmediatamente recibe amenazas o ataques. Además, dijo que los expedientes son apilados sin ser atendidos de tal forma que las las investigaciones nunca concluyen.
«Yo quisiera que el gobierno nos volteara a ver, porque hasta ahora el Gobernador no reconoce el problema en Cuauhtémoc, menos Enrique Peña Nieto que no se da por enterado. Pero ya son demasiadas desapariciones, es mucho desgaste físico, económico y emocional», expresó Sánchez, madre de Luis Carlos Hernández Sánchez, de 22 años, desaparecido en 2010 junto con sus amigos, a manos de un grupo fuertemente armado.
La activista narró que una de sus compañeras, a quien le desaparecieron un hijo, tras participar en manifestaciones para exigir la aparición de su muchacho, la amenazaron con quitarle otros.
«Ella decía que ya no tenía nada que perder y siguió en la búsqueda de sus dos hijos. Hasta que la desaparecieron. Sabemos que cuando llegó el comando a su casa ella llamó a los policías, pero una fuente que tengo ahí dentro me informó que la orden fue que nadie acudiera a auxiliarla», agregó Leticia Sánchez.
La mujer aseveró que incluso ella y otro grupo de padres fueron recibidos por el Gobernador priista César Duarte Jáquez, y él les prometió que sus familiares serían encontrados, pero bastaron unos meses para recibir una amenaza, ahora de parte de personal de la Fiscalía de Cuauhtémoc: «No ha aparecido y no va a aparecer porque está haciendo mucha presión», le dijeron.
Cuauhtémoc es uno de los 67 municipios de Chihuahua y se encuentra en la zona occidental del estado; su cabecera municipal, Ciudad Cuauhtémoc, es una localidad de 114 mil habitantes, que conforma un polo económico importante para la entidad debido a las actividades agropecuarias, ganaderas y comerciales que allí se realizan. Además de su relevancia económica, el municipio es el límite entre las planicies desérticas y la cordillera de la Sierra Madre Occidental, ésta peculiar posición geográfica, refiere el reporte de AI, la convierte en un punto de cruce de las rutas del narcotráfico que conectan el occidente septentrional de México con el sur de los Estados Unidos.
«Dicha circunstancia es un factor en la generación de violencia. La alta persistencia de la desaparición de personas en esta zona del país ha sido un motivo de especial preocupación para Amnistía Internacional. Para este informe, la organización entrevistó a familiares de personas desaparecidas en 22 eventos ocurridos en Ciudad Cuauhtémoc y sus alrededores entre 2009 y 2014 en los que habrían desaparecido 38 personas», detalla el documento.
«En la mayoría de los casos estudiados por Amnistía Internacional, las familias de las personas desaparecidas acudieron muy pronto —generalmente en cuestión de horas— ante las autoridades para denunciar los hechos y exigir la búsqueda de sus familiares. Sin embargo, en varios casos documentados por la organización, personal de la Fiscalía del estado de Chihuahua informó a las familias que tendrían que esperar 72 horas antes de que se tomara la denuncia correspondiente, pese a que esto no es un requisito legal. En un caso, una familia desesperada habría tenido que volver al día siguiente pues las autoridades alegaron que era ya muy tarde para recibir denuncias. En Cuauhtémoc no todas las familias denuncian las desapariciones, principalmente a causa del miedo que impera en la comunidad. Miedo que tiene origen en la enorme penetración de la delincuencia organizada en la zona», agrega la investigación.
La organización internacional aseguró que las autoridades en la entidad se han negado a investigar, han alterado evidencia y no llevan las debidas diligencias de los casos, además que hay una constante rotación de puestos. Por ello, los familiares de víctimas asumen las acciones de búsqueda, donde además de arriesgar su integridad, patrimonio, se rompe con la estructura familiar.
«La combinación del retraso en la admisión de la denuncia, la falta de una búsqueda inmediata y auténtica, así como los errores en las primeras diligencias de investigación, ha afectado seriamente las probabilidades de que los casos sean esclarecidos y las personas responsables llevadas ante la justicia», determinó AI.
EL NARCO ES LA DICTADURA
Estela Barnes de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, dijo que a diferencia de la dictadura militar que se vivió en su país y que dejó a cerca de 30 mil personas desaparecidas, en México, si bien no cuenta con un Gobierno impuesto ilegalmente, el crimen organizado es la dictadura.
«El narcotráfico es la dictadura en México, es el genocidio, es la violación de los derechos humanos, es el responsable de los crímenes de lesa humanidad en este país y es el estado el que debe responder por su tolerancia a estos delitos que afectan en la mayoría de las veces a los sectores más vulnerables», aseguró Barnes, integrante de la organización civil que ha encontrado a 119 nietos perdidos, y ello gracias a su lucha de años y a los cambios que han logrado en la estructura y leyes de Argentina.
«México nos duele, es el dolor de América Latina que aún tiene abierta la herida de los años más sangrientos de nuestra historia reciente», agregó.
La incompetencia que afecta a todo el sistema y una ausencia total de voluntad por parte de las autoridades estatales y federales de México para investigar la desaparición de miles de personas y buscarlas debidamente están alimentando una crisis de derechos humanos de dimensiones epidémicas, determinó el reporte «Un trato de indolencia».
En muchos casos de desapariciones denunciadas, detalló la organización, la víctima fue vista por última vez cuando era detenida por la policía o el ejército. Sin embargo, México carece de un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y lavarse las manos ante la comisión de desapariciones forzadas.
«Cuando los familiares acuden a la Policía para dar parte de una desaparición, las autoridades suelen acusar a la víctima de pertenecer a un cártel de la droga y afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales. La búsqueda de la persona cuya desaparición ha sido denunciada se aplaza por sistema, o nunca llega a ponerse en marcha. En las raras ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan resultados», refiere la investigación.
El informe también pone como ejemplo el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que «el Gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial es un hecho bien documentado. Se empeñó en seguir una sola línea de investigación (la de que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero local). La teoría de que los estudiantes habían sido incinerados fue rechazada tajantemente por un órgano internacional de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas».
«La deficiente investigación realizada hasta la fecha no ha esclarecido mínimamente la responsabilidad del mando. Los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de vídeo. Se reunieron pruebas balísticas pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental», detalla.
El documento señala que los graves defectos de las investigaciones también están causados por la falta de inversión en las procuradurías que se encargan de hacerlas. Las autoridades están sobrepasadas, con un volumen de casos inmanejable y excesiva rotación del personal.
“La incapacidad del gobierno mexicano para llevar a cabo investigaciones mínimamente adecuadas sobre las desapariciones pone en grave peligro a miles de personas”, aseveró Erika Guevara-Rosas.
