Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la calificación para la situación jurídica de los internos en las prisiones estatales no ha alcanzado a tocar los seis puntos en una escala del cero al 10, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al iniciar la guerra contra el crimen organizado, en diciembre de 2006, la puntuación para esa circunstancia en las cárceles de México era de 4.57 y al cerrar 2010 fue de 5.75, un incremento de 1.18 puntos, insuficiente en la escala determinada por la comisión encargada de la defensa de los derechos fundamentales.
En un juego de paradojas, Nuevo León y Tamaulipas, los estados que este año han padecido las mayores crisis por enfrentamientos violentos en sus prisiones, tienen las calificaciones más altas en esa categoría del diagnóstico que también evalúa otros aspectos de la supervisión en las cárceles del país. Nuevo León llegó a 6.64 en 2010 y Tamaulipas a 7.66.
Si bien estas cárceles son administradas por los gobiernos de los estados, reciben también consignados por delitos del orden federal.
En el periodo calificado por la CNDH, sólo por narcotráfico fueron sentenciadas 75 mil 206 personas, de un total de 311 mil 623 detenidos en el territorio nacional, de acuerdo con los datos proporcionados por la Procuraduría General de la República en una respuesta al Instituto Federal de Acceso a la Información.
Para dar la calificación a la situación jurídica de los reos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos analiza la división de presos del fuero común y federal, la separación en procesados y sentenciados, la clasificación de la criminología y la tramitación de beneficios de libertad anticipada.
La división de internos del fuero común y federal es el rubro con menor calificación. De 3.43 en 2006 pasó a 4.96 en 2010; mientras que la más alta fue para la tramitación de beneficios de libertad anticipada, de 5.59 a 6.71.
El tercer visitador de la CNDH, Guillermo Andrés Jerónimo Aguilar, expuso que la persecución de los delitos federales sin atención jurídica suficiente ha contribuido con los eventos violentos en la medida en que aumentó la población de las prisiones. No se separó a los reos de la delincuencia organizada de los comunes y se originó un escenario caótico. “Derivado de las políticas de materia federal al combate a la delincuencia se ha incrementado la población en las prisiones por grupos relacionados con la delincuencia organizada. Altamira, por ejemplo, no tenía problemas de sobrepoblación. Esto complejiza las responsabilidades de la autoridad penitenciaria. Además de no cumplir con los requerimientos mínimos de salud y bienestar con condiciones dignas, eso ha presionado el sistema”, dijo en entrevista con SinEmbargo.mx.
La Iniciativa de Justicia, de la organización Open Society, estima en un estudio que en México sólo 27% de los presos es de alta peligrosidad y 50% de ellos se encuentra en prisión preventiva sin que se les haya dictado sentencia. Por otro lado, se indica en el documento, dos terceras partes de quienes han sido procesados cometieron delitos menores, como robo de pequeña cuantía sin violencia.
De 2007 a 2011 ocurrieron 11 mil 269 irregularidades en lugares de detención e internamiento, por lo que la CNDH emitió 33 informes con el mismo número de recomendaciones para autoridades federales, estatales y municipales, según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, asumido por ese organismo hace cuatro años.
