La mayor marcha de este miércoles fue en la céntrica Avenida Paulista, conocida como el «corazón financiero» de Brasil, con entre 70 mil y 100 mil manifestantes según los organizadores, que superan la participación opositora del último domingo que congregó más de 80 mil personas.
Sao Paulo, 16 dic (EFE).- Millares de integrantes de los principales sindicatos y movimientos sociales de Brasil marcharon hoy en 26 de los 27 estados del país para manifestar su apoyo a la Presidenta Dilma Rousseff y protestar contra el proceso de juicio político para destituir a la mandataria que estudia el Congreso.
Según la Policía Militar de los estados en los que se registraron las manifestaciones unas 45 mil personas participaron de las marchas, un número menor a los 275 mil calculados por los organizadores.
La convocatoria liderada por la Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor central sindical del país, y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), ambos vinculados al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), llevó a miles de personas a las calles.
Las marchas respondieron a las realizadas el último domingo, con unas 83 mil personas según las autoridades, por movimientos contrarios al Gobierno y que con el apoyo de los partidos opositores se posicionan a favor del juicio político contra Rousseff.
La mayor marcha de este miércoles fue en la céntrica Avenida Paulista, conocida como el «corazón financiero» de Brasil, con entre 70 mil y 100 mil manifestantes según los organizadores, que superan la participación opositora del último domingo.
Los militantes marcharon con camisetas y banderas rojas, colores que simbolizan al PT, y carteles con mensajes de apoyo a Rousseff y otros pidiendo la salida del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien dio «luz verde» al inicio del proceso para estudiar la viabilidad del juicio político.
En otras ciudades como Brasilia, Río de Janeiro, Recife, Florianópolis, Salvador y Belo Horizonte, entre otras capitales, la adhesión a la convocatoria fue menor.
Las manifestaciones transcurrieron en relativa normalidad, con algunas pequeñas broncas entre militantes a favor de Rousseff y personas contrarias que fueron controladas por la Policía.
Las protestas de sindicalistas y militantes de organizaciones sociales coincidieron con una audiencia en que la Corte Suprema, que postergó su pronunciamiento sobre el trámite que debe ser seguido en un posible juicio político.
El Tribunal Supremo Federal (STF) comenzó a analizar hoy los recursos del oficialismo contrarios al posible juicio político, pero dejó pendiente su decisión para mañana después de escuchar del juez instructor que el proceso se ajusta a todos los preceptos constitucionales.
El trámite para un juicio con vistas a la destitución de Rousseff comenzó la semana pasada en la Cámara de Diputados, pero el Supremo lo suspendió en respuesta a una serie de demandas presentadas por el Gobierno y varios partidos oficialistas.
Las marchas igualmente coincidieron con el anuncio de la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), la patronal más influyente del país, que decidió respaldar el proceso parlamentario para juzgar a la presidenta.
Los influyentes empresarios paulistas dejaron claro en un comunicado que apoyarán «el proceso de ‘impeachment'(destitución)» contra la mandataria, «debido a la situación política y económica de Brasil».
Con la pérdida de respaldo entre legisladores de la propia base oficialistas y de empresarios, el Gobierno esperaba al menos un fuerte apoyo en las calles, pero los movimientos sociales aclararon que, si bien marcharon contra lo que califican de «golpe» contra Rousseff, sus protestas criticaron también su política económica.
Los trámites para un juicio político fueron autorizados hace diez días por Cunha, a quien la Constitución le reserva la decisión de aceptar o no el inicio de un proceso con miras a la destitución de un mandatario.
La Cámara de Diputados decidió analizar el pedido de instauración de un juicio con fines de destitución presentando por dos renombrados juristas por el supuesto maquillaje del informe fiscal presentado por el Gobierno y que fueron rechazadas por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
