La CNDH recomendó a la Gobernadora de Sonora otorgar una indemnización a los agraviados, «cuyo monto se establecerá en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas», así como su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas «para que, en lo conducente, accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas».
Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, por la detención de Mario Luna y Fernando Jiménez Gutiérrez, integrantes de la comunidad Yaqui acusados de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad durante el gobierno de Guillermo Padrés Elías.
Mario Luna fue detenido el 11 de septiembre de 2014 cuando circulaba por calles de Ciudad Obregón, Sonora, por cuatro elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes se presentaron vestidos de civil en vehículos no oficiales y sin mostrar orden de aprehensión. El 23 de septiembre de 2015 fue puesto en libertad del Centro de Readaptación Social 2 de Hermosillo por desvanecimiento de datos.
Jiménez Gutiérrez, a su vez, fue arrestado el 23 de septiembre de 2014 por elementos de la Policía Estatal Investigadora, «utilizando el mismo modus operandi que en la detención a Luna y acusado por los mismos cargos, obteniendo su libertad el 27 de agosto de 2015».
Luna y Gutiérrez son defensores del agua y el territorio Yaqui en Sonora y eran considerados presos políticos, detenidos durante el gobierno del panista Guillermo Padrés por luchar y defender su territorio.
El Gobierno estatal había aprobado la construcción del Acueducto Independencia, con el que el agua de la comunidad sería desviada hacia la capital de la entidad sin un estudio mínimo de impacto ambiental. Los indígenas iniciaron una protesta que llevó a sus líderes a la cárcel.
«Este órgano defensor radicó el expediente CNDH/4/2014/6148/Q, por tratarse de un asunto que trascendió el interés del Estado e incidió en la opinión pública nacional, al ser difundido por diversos medios de comunicación, por lo que luego de examinar las evidencias, se encontraron elementos suficientes para acreditar que servidores públicos de Sonora vulneraron el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y al debido proceso», informó este miércoles la Comisión.
La CNDH, que encabeza Luis Raúl González Pérez, recomendó a la Gobernadora de Sonora otorgar una indemnización a los agraviados, «cuyo monto se establecerá en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,» así como su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas «para que, en lo conducente, accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas».
El organismo autónomo también pidió a Pavlovich Arellano girar sus instrucciones al Procurador General de Justicia de la entidad, a fin de impartir cursos a los servidores públicos de la dependencia, sobre usos y costumbres de las comunidades indígenas en general, precisando la relevancia del derecho a la libre autodeterminación de los Pueblos Indígenas y el derecho para aplicar sus propios sistemas normativos en la solución de sus conflictos internos.
«Esta Comisión Nacional recomienda también colaborar con el aporte de elementos en el procedimiento administrativo de investigación que se iniciará contra de AR1, agente investigador del Ministerio Público del Fuero Común, en Bácum, Sonora, responsable de las violaciones a los derechos humanos», indicó.
