Organizaciones denuncian que empresas que buscan sembrar maíz transgénico en México admiten ante la justicia que la biodiversidad de maíces nativos será afectada y que los organismos genéticamente modificados no son más productivos y su siembra afecta los derechos humanos.
Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).– A empresas transnacionales y al Gobierno mexicano «se les caen los argumentos» en favor de la siembra de maíz transgénico en el país, pues en su intento por defender la actividad «reconocen ante la justicia argumentos contrarios», señaló a SinEmbargo, René Sánchez, abogado de la alianza Demanda Colectiva Maíz.
Demanda Colectiva Maíz está integrada por más de 20 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, ambientalistas y de consumidores y logró que un tribunal federal suspendiera de forma provisional la siembra de maíz genéticamente modificado en México. Ahora, aseguran las organizaciones, cuando las empresas e instancias de gobierno demandadas se enfrentan a la justicia federal «buscan defender su negocio, pero se ven obligadas a aceptar que sus argumentos no tienen sustento, aún cuando públicamente argumentan a favor».
Las agrupaciones aseguran que han identificado argumentos contradictorios a través del análisis de actas e informes que el Gobierno federal y empresas rindieron ante tribunales federales en el juicio. «Públicamente nos hacen creer una cosa, pero ante la justicia reconocen la realidad», apuntan.
El primer argumento contradictorio, señalan, es que la industria y el Gobierno federal «nos hacen creer que el maíz transgénico es seguro porque pueden coexistir con los maíces nativos sin contagiarlos. Pero en la contestación que Monsanto envió a los jueces reconoció que hay flujo génico de maíces híbridos a maíces nativos de diferentes regiones. En otras palabras, si se siembran transgénicos (que tienen genes que no son de maíz), el flujo génico de éstos contagiaría a los maíces nativos de las diferentes regiones del país», afirman.
Exponen además, que en una segunda contradicción la empresa Syngenta reconoció ante las autoridades que «si se siembra maíz transgénico no se podrá realizar el libre intercambio de semillas, sin que se contagien de transgénicos» lo que, a decir de Demanda Colectiva Maíz, contradice la afirmación de la industria de que estos organismos pueden coexistir con los maíces nativos sin consecuencias negativas.
René Sánchez dijo a SinEmbargo que «el hecho de que las empresas y el gobierno quieran sembrar maíz genéticamente modificado a como dé lugar, les hace caer en estas ‘confesiones’. Y lo que nosotros queremos es hacerles ver a los jueces que los requisitos establecidos en la Ley de Bioseguridad para sembrar transgénicos no se están cumpliendo».
En términos de derechos humanos, las organizaciones acusan que en las contestaciones que da la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ante el juzgado reconoce que la siembra de maíz transgénico afectaría el entorno; lo que implicaría «violar el derecho humano a la conservación de los elementos específicos de la especie maíz».
«Ellos pretenden decir que los campesinos van a escoger entre transgénicos y no transgénicos, pero eso es imposible porque Monsanto dijo que habrá contagio a maíces nativos; este contagio será tan amplio que no habrá posibilidad de regresar a lo libre de transgénico: a lo orgánico, lo nativo. Así que tampoco es cierto que existe ese derecho a elegir. Y la falta de este derecho, a su vez, afecta el derecho de las generaciones futuras a utilizar la diversidad de maíces nativos», denunció René Sánchez en entrevista.
Los miembros de Demanda Colectiva Maíz también han dicho que hay contradicción en argumentos de las empresas e instancias de gobierno que han afirmado públicamente que los maíces transgénicos producen más toneladas que los demás y que su producción podría ser más barata.
«En la contestación de Sagarpa a los jueces, reconoce que los transgénicos no incrementarían la producción de maíz. [Y] las semillas transgénicas son más caras, así lo reconoció la CIBIOGEM [Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados] (Comisión del gobierno encargada del tema) a través de la opinión que envió a los jueces», asegura la alianza.
Por otro lado las organizaciones dicen que mientras la industria asegura públicamente que «los transgénicos de maíz están debidamente aprobados por las autoridades sanitarias», la realidad es que éstas «no evalúan los impactos de la siembra» de estos productos: «La Secretaría de Salud (SSa), acepta que no hay ni habría estudios sanitarios sobre la siembra de maíz transgénico, puesto que se declaran incompetentes en la materia», señalan.
Por el momento, la medida suspensiva para la siembra de maíz genéticamente modificado está en el tribunal de apelaciones, y Demanda Colectiva Maíz está en espera de que se otorgue o niegue la suspensión definitiva. En ese sentido, el abogado del colectivo hizo un llamado a Benjamín Soto Sánchez, magistrado a cargo del juicio para que «sea él quien vea todos estos argumentos que ahora estamos dando y los que están en el expediente. Le estamos pidiendo al que considere todo esto para que pueda suspenderse definitivamente la siembra ya entrar en el juicio».
De lograr dicha suspensión, Demanda Colectiva Maíz entrará formalmente en juicio contra grandes firmas de la agroindustria genéticamente modificada como Monsanto, Syngenta, Dow Agrosciences, PHI México (Dupont y Pioneer); en la defensa de maíces nativos mexicanos contra los genéticamente modificados. Mientras tanto, señala René Sánchez, el colectivo hace un llamado a la sociedad civil para que «nos ayuden a difundir esta información, que está disponible en nuestras redes sociales».
