Este es el segundo grupo de niños que ingresa al país amparado por el CAM que pretende detener la inmigración indocumentada de menores de edad. Los primeros seis niños, de dos familias, entraron en noviembre a Baltimore, Maryland.

«Sentía miedo, muchos de mis amigos aparecían muertos y tenía miedo de que algún día me pasara eso, porque puede pasar sin que uno haya cometido un error», explicó la refugiada María Zavaleta, de 17 años.

Durante años, la jovencita le suplicó a su papá, Oscar Zavaleta, que la sacara de El Salvador porque pensaba que un día ella o sus hermanos, Carlos, de 14 años, y José, de 15, serían las próximas víctimas de la violencia que la rodeaba en su vecindario.

Aunque la idea de traer a sus hijos de forma indocumentada pasó por la mente del padre de familia, Zavaleta siempre tuvo la esperanza de que el Gobierno estadounidense le tendiera la mano.

«Estaba esperando a que iban a dar una amnistía general, que íbamos a sacar una residencia para poderlos traer, cuando escuché que el TPS (Estatus de Protección Temporal) me daría la oportunidad no lo creía», explicó el padre.

El salvadoreño fue uno de los primeros padres de familia en someter la aplicación en diciembre del año pasado.

«Al principio pensé que era una mentira», advirtió explicando que luego venció su duda cuando en marzo del 2015 recibió una notificación del Servicio de Inmigración y Ciudadanía que le comunicaban haber recibido la solicitud.

Los tres menores salvadoreños se unen a otros seis jovencitos que ya han sido favorecidos por el programa CAM; no obstante, todavía hay más de 5 mil niños y adolescentes que solicitaron la protección y aún están esperando ser beneficiados. Hasta ahora, solo 90 niños han sido entrevistados.

Solo los padres que tienen un estatus legal, como el TPS o la residencia permanente, pueden presentar la solicitud por sus hijos menores de 21 años, solteros y oriundos de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Los beneficiados tienen que demostrar que sus vidas en sus países de origen corren riesgo.

El programa se aprobó después de la ola de menores indocumentados centroamericanos que ingresaron a Estados Unidos en los últimos años. La mayoría de los padres de los niños detenidos argumentó que su vida corría peligro y por eso preferían exponerlos a inmigración antes de dejarlos en sus países.

A pesar de la implementación de la medida, en octubre del 2015, el número de niños detenidos se duplicó con respecto al 2014.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cerca de cinco mil niños fueron detenidos en octubre de este año.

Lilian Alba, directora del Programa de Refugiados del Instituto Internacional de Los Ángeles (IILA), instó a los menores que están en este proceso a esperar en sus países de origen a que el trámite se complete.

«En la mayoría de los casos los jóvenes están bajo amenaza, tienen varias oportunidades, si el refugio se les ha negado tienen un amparo para que entren al país», indicó.

Precisamente fue la paciencia y la espera la que favoreció a los tres hermanos Zavaleta que no querían ser parte de las cerca de 18 personas que mueren asesinadas diariamente en El Salvador.

Los tres salvadoreños tenían casi 14 años de no ver a su padre, más de una década sin ver a su madre, Sonia Portillo, quien emigró a Estados Unidos hace once años dejándolos al cuidado de la abuela.

«Los extrañábamos mucho, nos dolía y pensamos que no iba a funcionar pero hay que tener paciencia y esperar que todo va salir bien», dijo María ocultando su rostro de las cámaras.

Activistas proinmigrantes entienden el temor de los menores recién llegados y sus padres.

«La violencia y las amenazas son reales en nuestros países, es extrema y por fin el Gobierno estadounidense está reconociendo este problema», advirtió la directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal), Teresa Tejada.

Organizaciones comunitarias y representantes de los gobiernos beneficiados instaron a las familias beneficiadas a aplicar para ser amparados por el programa.

«Necesitamos que todas aquellas personas que puedan acceder a este beneficio apliquen», advirtió la cónsul general de El Salvador en Los Ángeles, Mercedes López Peña.