El vendaval político brasileño ahoga a Brasil en su crisis económica

08/12/2015 - 5:25 pm

Moody’s, al igual que Fitch, mantienen la nota de Brasil en el último escalón del llamado grado de inversión, mientras que Standard’s and Poor’s la rebajó a mediados de este año hasta el llamado «bono basura». El Congreso no puede discutir medidas de ajuste fiscal porque atiende el posible juicio a su Presidenta.

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La Presidenta Brasileña Dilma Rousseff Foto Efe

Sao Paulo, 8 dic (EFE).- El vendaval político que zarandea a Brasil, con la posible apertura de un juicio político contra la Presidenta, Dilma Rousseff, ha ahogado todavía más al país en su crisis económica y aumentado la presión ante la posible pérdida de su «grado de inversión».

La apertura de los trámites para un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff ha copado la agenda del Congreso brasileño en la última semana y ha desplazado de un plumazo la discusión sobre muchas medidas del plan de ajuste fiscal lanzado por el Gobierno para corregir las debilitadas cuentas del país.

La aprobación de este paquete, que incluye una fuerte reducción de los gastos y un aumento de los impuestos, ha sido considerada por las agencias de calificación de riesgo como una condición «sine qua non» para evitar nuevas rebajas de la nota de riesgo de país.

Moody’s advirtió recientemente que el «impeachment» complica el «ya desafiante clima político» de Brasil, «tiene el potencial de empeorar a corto plazo las perspectivas de crecimiento» del país y de «posponer la aprobación de las medidas de austeridad».

Fitch, por su parte, resaltó que el puntapié para iniciar la carrera política contra la Presidenta puede perjudicar la continuidad del ajuste fiscal, una de las banderas del segundo mandato de Rousseff, cuya popularidad se ha visto fuertemente dañada y hoy se sitúa por debajo del 10 por ciento, según recientes encuestas.

Fitch subrayó que «continuará acompañando la evolución de los hechos» y «evaluará cómo los recientes acontecimientos tendrán impacto sobre la acción política, la trayectoria fiscal de Brasil y la calidad del crédito soberano».

Moody’s, al igual que Fitch, mantienen la nota de Brasil en el último escalón del llamado grado de inversión, mientras que Standard’s and Poor’s la rebajó a mediados de este año hasta el llamado «bono basura».

La segunda baja de calificación al nivel especulativo supondría para el país la pérdida del grado de inversión y tendría un mayor impacto en el mercado, debido a que a muchos fondos extranjeros y a otros grandes inversores se les exige vender los bonos una vez que dos agencias han considerado que la deuda del país es especulativa.

Hideaki Iha, consultor de la corredora Fair, dijo a Efe que la probabilidad de que el país pierda el sello de «buen pagador» es «muy grande» debido al marasmo económico y destacó que el mercado quiere «rapidez» ante la posible apertura del juicio para despojar a la jefa de Estado de su mandato.

Iha coincide con otros analistas en que el inicio del proceso contra Rousseff tendrá consecuencias negativas a corto plazo, aunque precisó que la posible salida de la Presidenta es vista por los inversores como un rayo de «esperanza».

«Con el impeachment apareció la esperanza, pero si demora mucho tampoco será positivo», dijo Iha, quien respaldó la posibilidad de suspender el receso que el Parlamento se toma tradicionalmente en enero para darle agilidad al proceso.

«El mercado quiere movimiento, quiere claridad. Un plan», agregó, sobre la posibilidad de que el receso sea suspendido este año para avanzar en la clarificación del posible juicio contra Rousseff.

Tras el inicio del proceso de destitución, el pasado miércoles, la Bolsa de Valores de Sao Paulo y la moneda brasileña han reaccionado con gran volatilidad, un escenario que los analistas esperan que continúe las próximas semanas, hasta que haya una definición política.

La Cámara de los Diputados tiene previsto instalar hoy una comisión formada por 65 diputados, de todos los partidos con representación parlamentaria, que decidirá si Rousseff es o no sometida a un juicio político.

El parecer de la comisión será analizado por el pleno de la Cámara de Diputados y, en caso de avanzar, tomará la palabra el Senado, por lo que el juicio puede dilatarse varios meses. EFE

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