El informe identifica como responsables en 37 casos a autoridades, en 13 a miembros de la comunidad, en siete a empresas relacionadas con los proyectos y en tres a integrantes de la delincuencia organizada. El reporte menciona que en 49 de las agresiones no se pude conocer al atacante.
Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Las agresiones en contra de ambientalistas se incrementaron durante 2014 y 2015, con 109 casos, a la par que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno anuncian más megaproyectos.
De estos ataques, 27 fueron por proyectos de agua, 16 por hidroeléctricos, 13 por proyectos mineros, 11 por inmobiliarios, 10 casos fueron relacionados en temas de despojo de tierras, ocho en proyectos eólicos, siete en infraestructura, cinco en actividades relaciones con hidrocarburos, cuatro casos por reclamos ambientales, tres por proyectos turísticos, dos sobre contaminación, 2 por proyectos forestales y uno por una termoeléctrica.
Los datos están contenidos en el Segundo Informe Anual Sobre Ataques a Personas Defensoras Ambientales, dado a conocer por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA)., de mayo del año pasado a junio de este 2015 se documentaron 16 casos en Sonora; 13 en Oaxaca; 12 en el Edomex; nueve agresiones en Guerrero; ocho ataques en Puebla, Chiapas, Colima y Chiapas.
También se reportaron seis agresiones contra ambientalistas en el Distrito Federal; cinco en Morelos; cuatro en Veracruz; tres en Sinaloa; dos en Michoacán; y uno en Baja California Sur, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Yucatán y Tlaxcala.
El informe identifica como responsables en 37 casos a autoridades, en 13 a miembros de la comunidad, en siete a empresas relacionadas con los proyectos y en tres a integrantes de la delincuencia organizada. El reporte menciona que en 49 de las agresiones no se pude conocer al atacante.
Menciona que los conflictos donde el tema central es el agua «han sido los más comunes durante estos últimos quince meses e involucran su explotación además de conflictos por el manejo público de este recurso e intentos de privatización y control por personas o entidades no autorizadas para este fin»
«Tras estos proyectos hay despojo y hay gente agredida, amenazada o torturada por defender su tierra», dijo Micheal Chamberlín, del Consejo Consultivo del Mecanismo a Protección a Defensores y Periodistas.
Chamberlín destacó que actualmente existen políticas públicas permisivas, cuyas consecuencias son el incremento de este tipo de casos de violencia y la falta de mecanismos de protección.
Lucina Betina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio denunció que en Oaxaca existe persecución y criminalización en contra de los ambientalistas.
«Las empresas o gobiernos contratan sicarios. Porque en la región estas personas son ubicadas porque se dedican a actividades ilegales», comentó Betina Cruz.
El CEMDA detalló que donde hay o se iniciaron proyectos hidráulicos, mineros y energéticos encontraron hay más casos de abusos.
«Esas zonas son las de más riesgo y donde el Estado debe actuar de manera urgente. Pero debe dar protección en donde habrá exploración de hidrocarburos o ductos de gases», agregó la organización.
En lo que se refiere a las víctimas, los datos recabados mencionan que en los 109 ataques registrados 130 personas fueron objeto de un tipo de ataque. En estas agresiones se contabilizaron más víctimas debido a que hubo casos donde fueron agredidas más de una persona.
El informe refiere además 21 ataques dirigidos a comunidades y 17 contra organizaciones no gubernamentales. «Las personas víctimas de ataque son principalmente líderes comunitarios y de grupos que manifestaron en diversos momentos su oposición a megaproyectos», dice el texto.
En cuanto al tipo de agresión, se identificaron 75 amenazas, 25 agresiones físicas, 19 casos de enjuiciamiento arbitrario, 17 detenciones ilegales, 11 asesinatos, tres casos de difamación hacia organismo no gubernamentales y dos casos de uso indebido de fuerza.
El documento dado a conocer por el CEMDA menciona que un tema preocupante es la persistencia de la criminalización de los defensores ambientales. Dice que casos como estos son la detención y encarcelamiento de los integrantes de la Tribu yaqui, Mario Luna y Fernando Jiménez, quienes fueron liberados recientemente por falta de pruebas.
El CEMDA recomendó a las autoridades evitar la aprobación de proyectos de desarrollo «sin el respeto y garantía de los derechos humanos de las comunidades afectadas y suspender dichos proyectos cuando existan evidencias de ataques» contra ambientalistas. Pidió, además, realizar evaluaciones de impacto social y ambiental.
