De acuerdo con cifras oficiales, casi tres millones de indígenas mexicanos carecen de acceso a servicios de salud pública. Y quienes cuentan con él, lo tienen en condiciones precarias tanto en infraestructura como en materia de servicios básicos.
Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– Un niño que habita en una comunidad mayoritariamente indígena tiene más probabilidades de morir antes de tener cinco años que la que tiene un niño de una zona no indígena. Una mujer que es indígena tiene más probabilidad de morir por complicaciones relacionadas al embarazo o el parto que la que tiene una mujer que no lo es. Los adultos mayores de este sector, dicen datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), viven el «último tramo del ciclo de vida subsistiendo en condiciones poco dignas, [que se] sintetizan en pobreza, soledad, enfermedad y marginación».
Los pueblos indígenas de nuestro país sufren diferencias en salud con relación al resto de la sociedad que son «innecesarias y evitables, y, además consideradas injustas», plantea un estudio editado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
En la actualidad, de los 15.7 millones de personas que pertenecen a este sector en el país, 2.8 no cuentan con acceso a servicios de salud (lo equivalente a llenar poco más de 26 veces el Estadio Azteca), según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
«Tradicionalmente, las regiones en las cuales la mayoría de habitantes son indígenas han sido poco atendidas o grandemente excluidas por los servicios de salud. Y esto está aunado a que los rezagos sociales y económicos de estos pueblos no han cambiado demasiado. Desde la conquista hasta nuestros días, persisten algunos mecanismos de explotación y discriminación que apenas se modificaron», dijo a SinEmbargo, Juan Manuel Castro Albarrán, coordinador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES).
La población indígena en el país, generalmente asentada en localidades rurales, suele vivir en condiciones precarias en materia de educación, vivienda, infraestructura y servicios básicos, pero a este panorama adverso deben sumarse también deficiencias en diversos ámbitos sanitarios:
Un estado de salud precario, falta o dificultad de acceso a servicios, una cobertura ineficaz, falta de infraestructura y además falta de participación de los propios pueblos indígenas en la agenda referente a la materia, no dejan quitar el dedo del renglón: en la población indígena persiste una condición de desventaja para poder alcanzar un mayor nivel de bienestar y poder de decisión, señala el último Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
ESTADO DE SALUD
Un primer aspecto que refleja las desigualdades en salud entre el sector indígena y el no indígena es su proceso de transición epidemiológica. Mientras a nivel nacional, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Epidemiología, el tipo de enfermedades que más causan muerte son las crónico-degenerativas, en el sector indígena siguen siendo enfermedades prevenibles:
Patrones de enfermedad y muerte relacionadas con enfermedades infecciosas y parasitarias son las que prevalecen. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut 2012), por ejemplo, reportó que la diarrea aún es una de las principales causas de muerte en niños menores de un año en este sector. Después, vienen las enfermedades maternas, perinatales y los problemas derivados de la deficiencia de la nutrición, señalan datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por último, están las enfermedades no transmisibles (o crónicas) y los accidentes y lesiones.
«Esto tiene que ver con la calidad de vida de los pueblos indígenas», explica Castro. «Las condiciones materiales de existencia son las que determinan las condiciones de salud, y en sus condiciones predomina la marginación, la exclusión, y una deficiente situación socioeconómica, por eso estos grupos tienen una calidad de vida y salud deterioradas», sostiene.
Números incluidos en un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reflejan el deterioro del que Castro habla:
La esperanza de vida es menor y la mortalidad mayor en los pueblos indígenas que en el resto de la población, además, en este grupo poblacional «continúa el predominio de las enfermedades transmisibles, con elevada mortalidad infantil y materna, así como una alta desnutrición (especialmente en los estados del sur y sureste del país)».
Por otro lado, detalla el documento, «persisten de enfermedades ‘residuales’ ausentes en otros sectores de población (como tracoma en los tzeltales de Chiapas), y también altas tasas de alcoholismo y elevada existencia de factores predisponentes de daños a la salud como hacinamiento, precariedad de las viviendas y déficit de infraestructura doméstica y comunitaria para el adecuado saneamiento ambiental, escasez de alimentos, accidentes y violencia».
Mientras que el informe el PNUD, asegura que «ser indígena aumenta la probabilidad de […] tener un menor acceso a servicios básicos de salud», Daniela Díaz Echeverría, miembro de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, dijo a SinEmbargo que es menester cambiar esta perspectiva pues «hay que entender que no es que los indígenas sean en sí mismo vulnerables, sino que existen condiciones que los ponen en vulnerabilidad. Ellos, desde una perspectiva de ser sujetos de derecho están viven de acuerdo a condiciones que los ponen en esa situación. Y en salud es clarísimo…»
«Uno de los factores que los ponen en vulnerabilidad en la materia es la forma en que son tratados y concebidos desde los servicios sanitarios», destacó.
LA FALACIA: MODELO DE SALUD PARA INDÍGENAS
Esta concepción, en palabras de Manuel Castro, responde a un enfoque de beneficencia pública que, en lugar de fortalecer el desarrollo de los pueblos indígenas, los lleva a la «mexicanización»: «Se trata de mecanismos de discriminación institucionalizados que se crearon desde la época de Lázaro Cárdenas y después dieron origen al Instituto Nacional Indigenista [ahora Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)]».
«El problema de este enfoque es que no implica un cambio de fondo, un cambio estructural que permita mejores condiciones de vida para el sector, sino que es una ‘distribución equitativa de la miseria'». Se trata, asegura, de una medida paliativa.
Como parte de estas medidas, el especialista menciona a las llamadas estrategias de interculturalidad en salud, que forman parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la actual administración federal, y mediante las que el gobierno pretende mejorar la cobertura y calidad de atención en salud a los sectores indígenas a través de prácticas médicas que se apeguen a sus usos y costumbres.
Derivado de este programa, el Gobierno Federal, a través de las secretarías estatales de salud ha certificado a 62 promotores hablantes de lengua indígena en la atención a la salud a esta poblacíon, ha capacitado a parteras y ha establecido hospitales en los que se ofrecen servicios de medicina tradicional junto con los de medicina alópata; informó la Secretaría de Salud (SSa) mediante un comunicado.
«En principio eso parece políticamente correcto, pero curiosamente, esta estrategia es una especie de ‘arma de dos filos’ que tiene el modelo capitalista para establecer mecanismos que contengan la lucha de clases. El llamado modelo intercultural no es más que una posición ideológica. El Gobierno lo hace bajo el pretexto de la tolerancia, respeto a la diferencia e inclusión, pero si en verdad tuviese la intención de respetar la autonomía de los pueblos indígenas y mejorar la atención en salud no existiría, por ejemplo, una dualidad en la que por un lado surge este modelo de atención y por el otro los acuerdos de San Andrés Larráinzar [que contempla la autonomía de los pueblos indígenas] no se respetan», aseguró el miembro de ALAMES.
La investigadora y analista purépecha, Bertha Dimas Huacuz, en su artículo «Aproximación a la salud y el bienestar de los pueblos indígenas en Michoacán», asegura que el modelo oficial de medicina social rural está basado sólo en una «supuesta» complementariedad de los modelos de medicina occidental y tradicional indígena:
«La medicina tradicional indígena ha sido en realidad dejada de lado al imponerse el modelo occidental de clínicas rurales convencionales, basado en consultas apresuradas a través de ‘pasantes’ de la carrera de medicina; y la receta de medicamentos de la industria farmacéutica. El sistema hospitalario oficial occidental, a su vez, es incompleto, insuficiente no sólo para las poblaciones indígenas, sino también para toda la gente del país». En ese sentido, afirma, «hace falta revalorar las autonomías y jurisdicciones indígenas, para recuperar y expandir el dominio comunal de la salud».
Daniela Díaz, de Fundar, coincide y afirma que «en México no existe una verdadera política pública para salvaguardar el conocimiento de la medicina tradicional como un patrimonio del país. Estamos a años luz de resguardar y garantizar la práctica de la medicina tradicional, como consecuencia de que aún hay exclusión y de que falta implementar, por ejemplo, derecho al acceso a la información de los pueblos indígenas.
«Hay una percepción por parte del gobierno, muy poco comprensiva, de que cuando se plantean acciones y actividades con objetivos, indicadores, metas y presupuesto para acciones de tipo comunitario para trabajar en el ámbito territorial local, de suyo, implica salvaguardar la medicina tradicional. Pero no. No es así».
«Debe reconocerse la autonomía de los pueblos indígenas también sobre la medicina tradicional. Constitucionalmente, ellos son quienes tienen que decidir dónde y cómo atenderse en salud. Ese derecho debe lo salvaguardar el Estado, pero en esa materia estamos muy mal».
El modelo intercultural es un mito, dice Bertha Dimas. «La interculturalidad es una farsa, son muy pocos los lugares en los que se respeta la cosmovisión de los indígenas. Este modelo no es más que una falacia», concluye Castro Albarrán.
MODELO FALLIDO, RESULTADOS POCO ALENTADORES
Además del modelo de atención intercultural, los sectores indígenas reciben atención mayoritariamente de programas como Seguro Popular e IMSS-Prospera, diseñados para atender a sectores de la población que se encuentren en situación de marginación y pobreza y que no cuenten con seguridad social. De acuerdo con las últimas cifras del Coneval, un 81 por ciento de la población indígena carece de acceso a la seguridad social, por lo que acuden a este tipo de servicios y sólo un ínfimo porcentaje tiene servicios privados.
No obstante estos mecanismos, el acceso y calidad de la salud son bajos, apunta el estudio de la PNUD antes citado: «A pesar de que [la población indígena no asegurada] se puede tener atención médica en otras instituciones públicas […], el acceso a los servicios de salud se dificulta y/o imposibilita por la lejanía de las comunidades indígenas, por lo costoso que resulta acudir a los centros de salud y por la calidad del servicio de los mismos».
Datos de Ensanut indican que personas de origen indígena señalaron que por lo general los centros de salud se encuentran cerrados, faltan medicamentos y materiales, tardan en ser atendidos y se encuentran lejos, señala el informe.
«La falta de recursos humanos bien capacitados y de personal suficiente además, hacen que de forma general la atención a la población no asegurada, que incluye a gran parte de la población indígena, sea deficiente», detalla el coordinador de ALAMES.
«Todo esto deriva en gastos de bolsillo para estas poblaciones, lo que afecta la economía de los pueblos indígenas», platica Daniela Díaz. Y un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte los desembolsos personales para salud “pueden crear barreras financieras en el acceso a servicios sanitarios, particularmente para grupos poblacionales de bajos ingresos» y que «son un factor importante que conduce a las familias a la pobreza».
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El análisis realizado por el INSP en Ensanut 2012, concluye que «persisten desigualdades en las condiciones de vida, la situación de salud y el acceso a los servicios santiarios entre la población indígena y la no indígena», por lo que se requiere de una política «de protección social integral que atienda las necesidades de estos pueblos, entre ellas las de salud, basada en el mejoramiento de las condiciones estructurales de vida y respeto a su cultura».
El PNUD, por su parte, señala que una salud deteriorada es un obstáculo para el desarrollo integral de las personas, por lo que «se deben concentrar esfuerzos gubernamentales y recursos o para lograr una sociedad que garantice una igualdad de oportunidades de todos sus miembros, y romper a las trampas de pobreza y desigualdad» y además se deben reconocer las identidades de los pueblos y darles la libertad para expresar sus identidades sin ser discriminadas en otros aspectos de sus vidas».
«Los pueblos indígenas son los que deben tomar sus decisiones en torno a los temas de salud y el Estado y la sociedad debe darles condiciones de desarrollo. Esta es una cuestión de derechos. Se trata de garantizar el derecho a la salud de la población a través de una reforma de fondo en el sistema. No debemos perder el rumbo: es cierto que vivimos en un estado capitalista, pero hay vías que nos permiten garantizar el derecho a la salud, hay formas y éstas están demostradas en otros países», dice Manuel Castro.
«El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la salud y autonomía de los pueblos indígenas, y hasta ahora se ha mantenido muy omiso. No existe preponderancia de esa obligación», concluye Díaz, de Fundar.
