El Estado de México es una de las entidades que tiene el mayor número de organizaciones civiles registradas formalmente –con más de 2 mil–. Sin embargo, ser activista en territorio mexiquense significa ser presa de amenazas, ataques e incluso intentos de homicidio. En los últimos años, al menos 150 agresiones han sido documentadas. Organizaciones No Gubernamentales aseguran que estos casos están relacionados con intereses políticos y económicos.
Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– Ser activista en el Estado de México es una actividad de alto riesgo. En aquella entidad, que ha sido gobernada por el mismo Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde siempre, defender un bosque, resguardar ríos, oponerse a las megaobras, o defender una idea puede costarle a un ciudadano su libertad, integridad, privacidad o incluso su vida, denunciaron activistas.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), de 2011 a la fecha se han documentado 150 agresiones contra defensores de derechos humanos con presencia en territorio mexiquense.
«[Detrás de los ataques y el acoso] es evidente, hay grandes intereses económicos o políticos. Por ello los grandes grupos de poder están dispuestos a violentar a las personas que defienden los derechos humanos y opositores», dijo José Antonio Lara Duque, coordinador del CDHZL.
Lara explicó que gracias a una observación que fue acompañada por organismos públicos de derechos humanos internacionales, se pudo determinar que en la entidad que gobierna actualmente el priista Eruviel Ávila Villegas existe violencia sistemática contra luchadores sociales, y ese patrón ha provocado –en los últimos cinco años– detenciones arbitrarias, cateos, persecuciones, actos intimidatorios, agresiones físicas e incluso intento de homicidio, por mencionar algunas acciones.
«Nosotros incluso hemos estados abierto al diálogo, buscamos la armonía y la paz, pero el Gobierno del estado ha insistido en recriminar todo acto de protesta», agregó Lara Duque, quién añadió que gracias a que se ha conformado un frente contra estas acciones, los ataques han disminuido.
Itzia Miravete Veraza, coordinadora del Área de Documentación e Incidencia del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, detalló que en lo que va de la actual administración priísta –que empezó el 16 de septiembre de 2011–, tan sólo en esa organización han llevado 150 casos legales por agresiones o amenazas de este tipo. Sin embargo comentó que existen más, pero no han sido evidenciados con un acompañamiento jurídico de gran escala.
La Comisión de Fomento de Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil refiere que en el Estado de México existen 2 mil 372 actores sociales inscritos formalmente ante autoridades, mientras que en el Distrito Federal hay 5 mil 413 y en Baja California Sur 168, según cifras de 2014.
Información de prensa refiere que desde 2011, con la ayuda de la campaña «Haz que se vean», en la entidad mexiquense se han visibilizado agresiones, como la sufrida por José Antonio Lara Duque, por amenazas de detención, o la que se reportó contra la Casa del Migrante San Juan Diego, donde las instalaciones del albergue fueron incluso tiroteadas. Aun así, muchas más no llegan a la denuncia formal por intimidaciones y amenazas.
En el mismo sentido de protección y para ejercer mayor presión en su causa social, desde principios de 2015 organizaciones civiles de distintos municipios agrícolas del Estado de México se unieron para denunciar el “despojo” y el “robo” de tierra, agua y la destrucción biocultural para favorecer los megaproyectos en los cuales participan Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú [uno de los empresarios más favorecidos con contratos por los gobiernos federal y estatal] Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Constructora Teya, Consorcio Desarrollador Internacional e Ingeniería Electrónica Especializada, entre otros.
Pobladores aseguraron que el Gobierno de Ávila Villegas “ha mantenido un discurso de progreso”, pero a la fecha no ha realizado ninguna consulta popular ni ha dimensionado las afectaciones que se podrían ocasionar por las llamadas megaobras, como acueductos, autopistas, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), entre otras.
Miguel Ángel Zenón, defensor de Derechos Humanos desde hace 25 años, ha trabajado en casos en todo el país pero sobre todo en el Estado de México, en esa entidad lleva su caso más reciente en el pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla. Pobladores de esa comunidad, municipio de Lerma, en el Estado de México, se oponen a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, concesionada a una filial de Grupo Higa.
El pasado 17 agosto, Zenón se encontraba en San Francisco Xochicuautla cuando le fue notificado por parte de sus vecinos que afuera de su casa se encontraban dos policías antimotines observando la puerta de su hogar, que se encontraba deshabitado.
Cuando el defensor volvió a su casa, tres días después, el 20 de agosto, se percató que dos de las chapas estaban forzadas y la puerta se encontraba atascada por el daño ocasionado por lo que no pudo acceder a su vivienda. Un día más tarde dio cuenta que sus pertenencias estaban revueltas. Además, identificaciones y documentos de casos que llevaba a lo largo de años habían desaparecido.
Por los hechos ocurridos, Miguel Ángel denunció a las autoridades correspondientes para que se iniciara una investigación previa, la cual quedó sentada bajo el número FCH/CUH-5/T2/05741/15-08.
Días después hubo amenazas a los voceros de ese movimiento, informaron. Por ello, otras organizaciones de la entidad emitieron una alerta a nivel nacional.
El 21 de julio pasado, Sergio Velázquez Morales y Vicente Moreno Domínguez, activistas en pro del derecho humano al agua y beneficiarios del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), que habitan en el municipio mexiquense de Coyotepec, fueron detenidos de manera arbitraria por policías municipales cuando se acercaron a una obra en el libramiento Francisco Villa, donde se perforaba un pozo de agua de manera clandestina, pues de acuerdo con sus investigaciones, la empresa no contaba con permiso otorgado por la Administración de Agua Potable de Coyotepec en coordinación con el Presidente Municipal, que revista de certeza y legalidad la realización de dicha obra.
En 2013, Vicente Moreno fue blanco de un intento de homicidio en su propia casa; no obstante escapó, pero denunció que su sobrino Alfredo Cruz Luna fue asesinado por el entonces Presidente municipal priísta, Alfredo Anguiano Fuentes.
En marzo de 2014, Gabriela Sánchez López, defensora de mujeres en el municipio de Ecatepec, fue víctima de intento de homicidio. Tres sujetos dispararon contra ella, hiriendo al oficial que la custodiaba.
Además, organizaciones contra la violencia generalizada de mujeres, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que han luchado para que se emita la Alerta de Género en todo el Edomex y no en solamente 11 municipios, denunciaron que las autoridades las han amenazado y han ocultado y omitido información.
Por otra parte, uno de los grandes acontecimientos que marcó la administración de Enrique Peña Nieto como Gobernador fue la lucha de los pobladores de San Salvador Atenco al iniciar mayo de 2006, quienes se opusieron a la construcción de un aeropuerto internacional en sus terrenos. Organizaciones, pobladores, periodistas y observadores documentaron serias violaciones a los derechos humanos en contra de ciudadanos, diversos líderes e incluso niños.
El 3 de mayo de 2006, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se movilizaron en apoyo a un grupo de vendedores que fueron desalojados del municipio de Texcoco por policías. Se dio una trifulca entre fuerzas del orden y vecinos de Texcoco y los de Atenco.
“No se va a negociar. Se va a aplicar la Ley y a hacer respetar el Estado de Derecho”, dijo entonces el Gobernador Peña Nieto.
Al día siguiente, 3 mil elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) y de la policía estatal llegaron al pueblo en un operativo que duró más de 10 horas y que dejó dos muertos, Javier Cortés de 14 años y Alexis Benhumea; 50 personas fueron heridas y más de 200 pobladores arrestados. Además, 26 mujeres denunciaron haber sido violadas por por los propios uniformados.
De hecho, a la fecha existen 12 personas presas por los disturbios de San Salvador Atenco, a pesar que el movimiento ha logrando avances legales para la libertad de sus compañeros, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya resolvió el caso, todavía siguen saliendo causas penales por resolverse.
