De acuerdo con declaraciones de testigos, en el segundo evento del caso Apatzingán, específicamente en el de la camioneta negra, los agentes federales remataron y cocieron a balazos a cinco civiles. En la recomendación de la CNDH además expone las contradicciones del Ejército y la Policía Federal.
Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).– En el segundo hecho ocurrido durante el operativo de fuerzas federales en Apatzingán, Michoacán, el pasado mes de enero, cinco civiles murieron por pérdida de sangre, luego de múltiples heridas producidas por proyectiles de armas de fuego. De acuerdo con los testimonios recibidos por elementos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) los caídos estaban desarmados y se habían rendido, sólo un arma desabastecida, dentro de una camioneta, estaba cerca de ellos.
A pesar de eso, un total de 63 balas los impactaron, según pruebas periciales y forenses.
De acuerdo con balística de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), 44 balas que no los alcanzaron fueron a dar a la camioneta Acadia color negro en la que aparentemente se transportaban los civiles; otros proyectiles fueron a dar a más puntos. La recomendación de la CNDH refiere que la víctima identificada como V44 recibió 27 lesiones por arma de fuego; V45, siete impactos; V46, igual siete; V47, ocho; V49; 14 lesiones por arma de fuego.
«Las declaraciones señalan que los hoy occisos se encontraban desarmados y se habían rendido, supuesto en el cual la PF [Policía Federal] debió aplicar el nivel de uso de la fuerza adecuado a esa circunstancia, dado que las víctimas no opusieron resistencia», expone el documento del organismo de derechos humanos.
«Un un caso hubo 27 y en otro hubo siete [heridas por arma de fuego], eso demuestra que hubo abuso de la fuerza pública dentro de un intercambio de disparos en donde había dos vehículos. Lo que nosotros acreditamos que en la camioneta Arcadia, las [cinco] personas, efectivamente, estaban desarmadas. No había armas en su proximidad», comentó el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez.
Uno de los testigos dijo a los visitadores de la CNDH que: «A algunas víctimas las remataron, al darles el ‘tiro de gracia’”.
Otros entrevistados tuvieron versiones parecidas: «La declaración rendida por T44 quien manifestó, en la parte conducente, lo siguiente: ‘(…) que vio que los federales comenzaron a disparar sin compasión a los fallecidos y a todos los civiles Que vió (sic) cuando los federales mataron a los esposos (…) [V44 y V46], a pesar de ya habían gritando que no traían armas y además se incaron y levantaron sus brazos en señal de rendición (…) (sic)'».
«La declaración rendida por T45 [testigo] quien expresó, en la parte conducente, lo siguiente: ‘Que estuvo presente en el segundo enfrentamiento que fue aproximadamente a las 8:00 horas, que la intención era hablar con los Policías Federales para hacer un dialogo para que soltaran a los compañeros detenidos en el Palacio Municipal. Que los Policías Federales comenzaron a dispararles a todos los compañeros con armas de fuego a discreción (…). Que los compañeros fallecidos no traían ninguna arma de fuego pues nadie hiba (sic) armado (…). Que a los de la camioneta negra los estaban 24/411 rematando porque estaban heridos. Que a pesar de que ya se habían rendido los fallecidos, aún así los federales continuaban disparándoles (…)’ (sic)», exponen la CNDH.
En terreno los visitadores de derechos humanos observaron esas evidencias y determinaron que hubo violencia en contra de los civiles.
«Esta Comisión Nacional observó que de acuerdo a la posición víctima-victimario V44, V45, V46 y V47 se encontraban prácticamente rodeados por la PF. […] Del citado dictamen de criminalística emitido por este Organismo Nacional, V44, V45, V46 y V47 recibieron en total 49 impactos por proyectiles de armas de fuego, lo que evidencia la violencia perpetrada en su contra», dice el documento dado a conocer el miércoles por Luis Raúl González Pérez.
En este segundo evento, determinó la CNDH, fallecieron nueve personas (siete en el lugar de los hechos, uno cuando era trasladado en ambulancia y uno fuera del hospital). De las nueve personas fallecidas, tres corresponden a los integrantes de la camioneta Pick-Up color blanco, cinco a los tripulantes de la camioneta Acadia color negro y uno dentro de un restaurante que apareció afuera del nosocomio.
Además, se aseguraron cuatro armas largas, tres de ellas se encontraron próximas a la camioneta Pick-Up blanca y una en el interior de la camioneta Acadia color negro. Además, fueron asegurados 40 cartuchos útiles, 307 casquillos percutidos, 14 fragmentos de proyectil de arma de fuego, 28 eslabones de carrillera y cuatro cargadores desabastecidos.
UNA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó constató el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de seguridad, que derivaron en la muerte de cinco personas, así como la ejecución extrajudicial de otro civil, durante el operativo realizado por la Policía Federal en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero afuera del Palacio Municipal donde murieron 16 personas, entre ellas, niños y mujeres.
A las tres de la mañana del 6 de enero, la Policía Federal irrumpió en el Ayuntamiento de Apatzingán y expulsó a los manifestantes que ocupaban la oficina del Alcalde. La Policía Federal tomó una serie de camionetas, que según ellos fueron reportadas como robadas. Alfredo Castillo Cervantes, entonces Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, informó una baja durante la expulsión: la de un manifestante que fue atropellado por un camión cuando intentaban huir.
“Se advierte que durante la realización del operativo en las inmediaciones del Palacio Municipal de Apatzingán, en la actuación del personal de la PF y de la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] existió exceso en el uso de la fuerza pública, lo cual transgredió los derechos humanos a la integridad y seguridad personas de los agraviados”, precisó la Comisión en una recomendación dirigida a la Sedena, a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al Gobierno de Michoacán y a la Alcaldía de Apatzingán.
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, detalló durante una conferencia de prensa, que la CNDH pudo constatar, a través de diversas diligencias, el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Policía Federal como consecuencia del operativo realizado en las inmediaciones del Palacio Municipal de Apatzingán la mañana del 6 de enero.
“Por las manifestaciones de 10 personas que refirieron haber sido detenidas en lugares distintos al estacionamiento ubicado a un costado del Palacio Municipal, así como por las lesiones innecesarias infligidas a cinco civiles, a quienes se deberá reparar el daño”, adelantó el organismo.
Además evidenció que el organismo enfrentó diversos obstáculos para indagar lo sucedido en ese día en Apatzingán, así como diversas inconsistencias en los informes de la corporación policiaca federal.
IRREGULARIDADES DE PF Y SEDENA
La CNDH enfatizó en que fueron dos los eventos violentos registrado el 6 de enero en dicho municipios: el primero ocurrido, entre las 2:30 y las 7:40 horas, y el segundo entre las 7:41 y las 11:31 horas.
En el primero, precisó, 44 policías federales y 287 militares realizaron un operativo en las inmediaciones de la Alcaldía de Apatzingán por un informe de personas armadas en el lugar. Ahí fueron aprehendidas 44 personas, de las cuales 37 fueron liberadas, cinco tienen libertad bajo caución, hay un civil preso y un menor liberado bajo reservas de ley. En ese primero suceso, el organismo da cuenta de 18 lesionados, 16 civiles y dos policías federales, tres de los heridos por proyectil de arma de fuego, y una persona muerta.
En este primer hecho, la Comisión documentó diversos hechos violatorios, entre ellos, el cometido en contra del hombre que falleció “muy probablemente” por atropellamiento, pues dijo, de acuerdo con las evidencia, “se acreditó indiciariamente que la Policía Federal lo privó de la vida”.
«Los servidores públicos federales que participaron en el operativo produjeron lesiones innecesarias para su sujeción y/o sometimiento a las siguientes personas», dice la recomendación, el cual agrega un testimonio: » cuando llegamos, un policía gritó ´bajéese (sic) perros´ yo le decía que era lo que pasaba, y se me acercó un policía encapuchado y me dijo que me bajara, me aventó, me abrió la puerta, me tiró al piso, y empezó a golpearme (…) me tuvieron en el piso yo le dije que no me golpeara porque andaba malo de la frente (…) de ahí me llevaron a una patrulla y me aventaron arriba”.
El organismo constató también que se violaron derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica por la detención arbitraria de cinco personas no identificadas que se hallaban en el jardín que se ubica frente al Palacio Municipal, lo que se pudo constatar a través de las cámaras de seguridad de la zona; además 30 personas refirieron haber sido detenidas en lugares diversos al estacionamiento de la Alcaldía, “lo que deberá ser investigado para determinar si constituye una detención arbitraria”.
En tanto, registró violaciones al derecho a la integridad personas en contra de ocho personas detenidas, por trato cruel e inhumano y/o degradante, por las lesiones innecesarias que se les ocasionaron. De las cuales se les atribuyeron en cinco casos a elementos de la Policía Federal, dos a los militares, y una a ambas autoridades.
Se sabe que el 30/o. Batallón de Infantería perteneciente a la 43/a. Zona Militar participó en el operativo realizado en las inmediaciones del Palacio Municipal de Apatzingán, Michoacán.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que detectó inconsistencias en los informes de Policía Federal y Sedena sobre los hechos. Las versiones se contradicen, principalmente, en número de civiles armados, horarios, armamento asegurado, reportes, mandos que participaron, detenciones, entre otras.
«Se concluye que existe contradicción en relación con los actos que dieron origen al operativo realizado por las autoridades federales enunciadas, puesto que personal militar informó a este Organismo Nacional que llevó a cabo el operativo a solicitud de AR13, quien les comunicó que había gente armada en dicho lugar; y en el escrito de puesta a disposición de personas, armamento y vehículos asegurados se indica que realizaron tales actos en atención a “un reporte ciudadano” el 6 de enero de 2015, a las 3:30 horas», se estipula.
«Otra inconsistencia en que incurrió la autoridad militar, es la relativa a la hora en que las autoridades federales llegaron al lugar de los hechos, en virtud de que en el informe remitido por la SEDENA se refiere que arribaron al lugar a las 2:15 horas del 6 de enero de 2015; y en el documento de puesta disposición se indica que fue a las 4:00 horas, lo cual no concuerda con los videos grabados por las cámaras de C4, en los que se observa que a las 02:39:51 horas, dos vehículos tipo Pick-Up con características similares a las utilizadas por la PF circularon sobre el arroyo vehicular perteneciente a la calle José María Morelos y Pavón, y que a las 02:49:42 horas, un convoy de vehículos automotores con características y 156/411 colores similares a los utilizados por elementos de la SEDENA para el transporte de personal, circuló sobre el arroyo vehicular perteneciente a la calle Esteban Vaca Calderón», se expone.
Sobre las responsabilidades, el Ombudsman nacional pidió a las autoridades a que se investiguen a los implicados y a quienes tuvieron alguna participación en los «hechos violatorios de derechos humanos».
«Nosotros no estamos deslindando a nadie en la investigación, por eso dijimos, quien tiene que deslindar las responsabilidades administrativas y la penal son las autoridades de contralorías y la Procuraduría General de la República, tratándose de los segmentos federales», dijo Luis Raúl González Pérez.
La CNFH agregó que una vez que los participantes vuelvan a declarar se podrán tener mayores datos de los hechos. Y aclaró que pudo haber alteraciones de las evidencias en la investigación
